Guadalupe Maceda María o Petra Maceda García
Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2022
Partes del expediente
- Guadalupe Maceda María o Petra Maceda García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. Conforme la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el quince de febrero de dos mil veintidós; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil veintidós. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 223/2022. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Maceda María y/o Petra Maceda García en contra de los actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula y otras autoridades por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, en atención a su contenido, se provee: Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo precitado, solicítese a las partes para que señalen correos electrónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Iván González Castro y Edgar Rubén Arroyo Contreras, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Número de teléfono móvil y correo electrónico. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que señale cuenta de correo electrónico y el número telefónico para establecer contacto en el momento que se estime necesario y no para que se le realicen notificaciones por dichos medios. Desechamiento de la demanda Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Actos reclamados De la lectura integral de la demanda de amparo que se estudia, se advierte que Guadalupe Maceda María y/o Petra Maceda García, reclama de las autoridades responsables: La audiencia de conciliación de la reconvención, la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia y la falta de notificación del auto de doce de marzo de dos mil veintiuno por medio del cual, los abogados de la quejosa Guadalupe Maceda María y/o Petra Maceda García renunciaron a su patrocinio, todos acaecidos en el juicio ordinario civil de terminación de contrato, número 1304/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula. El acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el aludido juicio ordinario civil de terminación de contrato, número 1304/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, mediante el cual, requiere a la parte demandada -aquí quejosa- para que desocupe y entregue a la parte actora el inmueble materia de la litis. Así mismo, de los antecedentes del acto reclamado y de los conceptos de violación se advierte que la quejosa figura como parte formal y material en el citado procedimiento natural, tan es así que veintiocho de enero de dos mil veinte, contestó la demanda instaurada en su contra, así como, mediante diversa fecha presentó demanda reconvencional de otorgamiento de escritura pública por contrato de compraventa. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Respecto del acto reclamado consistente en la audiencia de conciliación de la reconvención, la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia y la falta de notificación del auto de doce de marzo de dos mil veintiuno por medio del cual, los abogados de la quejosa Guadalupe Maceda María y/o Petra Maceda García renunciaron a su patrocinio, todos acaecidos en el juicio ordinario civil de terminación de contrato, número 1304/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme a lo transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de los antecedentes del acto reclamado del escrito demanda, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que en los autos del juicio ordinario civil de terminación de contrato, número 1304/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, ya se dictó la sentencia definitiva. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados consistentes en la audiencia de conciliación de la reconvención, la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia y la falta de notificación del auto de doce de marzo de dos mil veintiuno por medio del cual, los abogados de la quejosa renunciaron a su patrocinio, cesaron en sus efectos al haber sido sustituidos procesalmente por la sentencia definitiva dictada en el citado juicio de origen. Por tanto, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento natural es ahora lo que le genera perjuicio, no así las actuaciones que señala, pues los efectos de estos últimos cesaron al existir una determinación que los sustituye procesalmente. De ahí que, no sea jurídicamente posible analizar si las actuaciones reclamadas en esta vía se emitieron conforme a la ley, las cuales, al existir la sentencia definitiva, impide el análisis de su legalidad. De tal manera, resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos que reclama, dado que este juzgado federal no está en condiciones de analizar la constitucionalidad o la legalidad de diversas determinaciones respecto de las cuales existe un acto procesal que las sustituyó. Tiene aplicación a lo anterior el siguiente criterio: "Registro digital: 174779 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.9o.C.133 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1166 Tipo: Aislada CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO CIVIL. OPERA CUANDO UN ACTO PROCESAL ES SUSTITUIDO POR LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ EL FONDO SUSTANCIAL CONTROVERTIDO. La jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", no es aplicable a la materia civil, en donde la cesación de efectos opera de manera distinta a como sucede en materia administrativa. Del análisis de cada ejecutoria que sirvió como precedente para integrar dicha jurisprudencia, se advierte que se examinaron actos de naturaleza eminentemente administrativa, distinta de la judicial. Ahora bien, es clara la aplicación obligatoria de la jurisprudencia indicada, en los asuntos de naturaleza administrativa, en donde los actos que emiten las autoridades no se pronuncian dentro de un procedimiento que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento judicial, pues generalmente la autoridad actúa con imperio mediante la emisión de determinaciones unilaterales, apoyadas en la coercibilidad del Estado, respecto de las cuales es necesario que exista un acto que revoque y destruya definitivamente los efectos lesivos del que se reclama, para concluir que ha cesado en sus efectos. Sin embargo, en un juicio civil, la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal. Todo juicio se conforma con una serie de actos procesales, concatenados e íntimamente relacionados entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y el sustento para la emisión de otro posterior. Así, algunos de dichos actos son trascendentales para la adecuada prosecusión del procedimiento, pues sin su emisión, no sería dable la sustanciación y culminación del juicio; algunos otros actos no son de trascendencia elemental porque están desvinculados de las etapas procesales que marcan el desarrollo del juicio. Así las cosas, cada acto procesal constituye la base fundamental sin la cual no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Esa serie concatenada y lógica de actos es lo que constituye al juicio, donde un acto es consecuencia y sustituto de otro, y así lo concibió el legislador, quien previó que para la impugnación de determinado acto jurídico dictado dentro del proceso, se le concede a la parte a quien le afecte un término máximo, de tal forma que una vez transcurrido, se pierde el derecho de hacerlo; tal previsión constituye una forma de obtener el desarrollo normal de un juicio apegado a la legalidad, paso a paso. Por esa misma razón, algunos tribunales federales han establecido criterios que explican que aun dictada la sentencia en un juicio civil, no puede operar un cambio de situación jurídica, porque para ello es indispensable que exista autonomía entre la primera y la posterior situación existente, siendo que los procesos jurisdiccionales del orden civil, ordinariamente se instruyen mediante una secuencia ordenada de actos, donde por regla general, la validez de los posteriores depende de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado realizando sobre la base de aquél. Entonces, opera la cesación de efectos cuando se emita una resolución que sustituye a la dictada con antelación. Sin embargo, esa no es la única manera en que opera la cesación de efectos en un juicio civil, pues ésta existe cuando un acto procesal queda sustituido por otra actuación, como es la sentencia que culmina el procedimiento y resuelve el fondo sustancial controvertido." Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado precisado en el punto dos del apartado correspondiente consistente en el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el aludido juicio ordinario civil de terminación de contrato, número 1304/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, mediante el cual, requiere a la parte demandada -aquí quejosa- para que desocupe y entregue a la parte actora el inmueble materia de la litis, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso." De la lectura, del numeral transcrito se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido; y se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de tal manera que, para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencias, específicamente en el caso que se analiza, cuando se afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo. En el caso a estudio, se desprende que el acto reclamado antes citado, es ajeno a la hipótesis consistente a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que en los mismos, en forma alguna se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, se ordena el archivo definitivo del expediente, sino que únicamente se requirió a la parte demandada -aquí quejosa- para que desocupe y entregue a la parte actora el inmueble materia de la litis. Por lo tanto, es claro que el procedimiento que se sigue en el juicio de origen, se encuentra encaminado a lograr el debido cumplimiento de la sentencia definitiva, sin que en forma alguna constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo que hace improcedente la tramitación del juicio de amparo en su contra; más aún que tal determinación en forma alguna afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte promovente. Sin que en el caso nos encontremos ante alguna excepción para la procedencia del presente juicio de amparo, ya que la parte promovente no es tercera extraña al procedimiento, pues es parte formal y material en el juicio de origen y por otro lado se advierte que el acto combatido va encaminado al trámite de ejecución de sentencia. Por lo que dicho acto no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que de no cumplirse de forma material, se continuarán ejecutando diversas diligencias a efecto de lograr el cabal cumplimiento de lo resuelto, esto es, el citado acto constituye una resolución intermedia en contra de la cual es improcedente esta vía biinstancial. Lo anterior es así, dado que los actos reclamados de los que se duele el impetrante, se encuentran comprendidos dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el periodo ejecutivo; a saber aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y, en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, tal y como se aprecia de la lectura del citado numeral 107 de la ley de la materia. En virtud de lo expuesto, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el aludido juicio de origen, es claro que se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 196894 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. VIII/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Página 230 Tipo: Aislada RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Igualmente, la tesis de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 163652 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XIX.1o.P.T.3 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2982 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." En este orden de ideas, se considera se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, pues de un análisis de los citados numerales se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones intermedias de un procedimiento que se encuentre en etapa de ejecución como lo es el acto reclamado que se estudia, pues sólo es procedente el juicio constitucional en contra de la última resolución dictada en el mismo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, y es hasta ese momento que se pueden combatir las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "Registro digital: 199576 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XV.2o.9 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 420 Tipo: Aislada AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCION DE SENTENCIA. QUE DEBE ENTENDERSE POR ULTIMA RESOLUCION, EN TERMINOS DEL ARTICULO 114, FRACCION III, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, ante la imposibilidad de establecer reglas claras y precisas que indiquen cuándo se está ante la "última resolución", dictada en la etapa ejecutiva, se debe de acudir a la Ley de Amparo, la que en su artículo 113, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en la que se haya concedido al agraviado la Protección Constitucional, o apareciere que ya no haya materia para la ejecución. De lo anterior, se autoriza a concluir que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que ya fue oído y vencido el demandado, y el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse por ser de interés público. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues el presente criterio determina que esa actuación resulta básica para la promoción del amparo." Registro digital: 178405 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/253 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Desechamiento En consecuencia, al tener por actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XXI y XXII, ésta última en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la ley en cita. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo en cita. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Firma Electrónica (FIREL) Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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