Guadalupe Lozano Otero
Expediente 1533/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Guadalupe Lozano Otero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto. II. Ejecutoria. Con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los numerales, 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la(s) responsable(s), no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la citada ley, estas solo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el juicio de amparo. III. Anotación respectiva y archivo del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. IV. Destino del expediente. Con fundamento en los artículos 21, inciso a) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase constar en la carátula de este expediente que el mismo carece de relevancia documental, que no consta documento original, y que es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el presente juicio. Así, de conformidad con lo que se dispone en el primer párrafo del numeral citado en primer lugar, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada. V. Resolución de disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en el presente juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. VI. Se comunica a las partes la adscripción de la titular. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.
- Principal
En Chihuahua, Chihuahua, a las once horas con veintitrés minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, quien actúa con Alicia Alejandra Torres Enríquez, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124, de la actual Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Seguidamente, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre los que se encuentra la demanda de amparo y el informe justificado rendido por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas y se da cuenta al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez, con la documental que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado. Enseguida, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez, acuerda: con fundamento en los artículos 117, 119, 121, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de la autoridad responsable; asimismo, ténganse por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la prueba indicada, para todos los efectos legales conducentes. Acto continuo, se pasa a la etapa de alegatos, y se hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124, de la Ley de Amparo; por tanto, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o, para resolver el juicio de amparo 1533/2020-VI, promovido por Guadalupe Lozano Otero, contra actos atribuidos al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, por considerarlos violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, y turnado el diecinueve siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Guadalupe Lozano Otero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, por los actos que se precisaran en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, bajo el número estadístico 1533/2020-VI; se ordenó requerir a la autoridad responsable su informe con justificación; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se difirió en una ocasión por motivos legales e inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en relación con los numerales 37, primer párrafo y 107, de la Ley de Amparo, y demás disposiciones legales aplicables en todo lo que no contravenga al precepto constitucional señalado, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, toda vez que se trata de una omisión y la demanda se presentó ante este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que: La parte quejosa, reclama específicamente: IV. ACTOS RECLAMADOS: La falta de emisión y notificación de la respuesta o resolución recaída a la petición presentada con fecha 05 de febrero de 2020, por lo que solicité: Se reconsidere el cálculo correspondiente para el pago por mi pensión por jubilación, la cual deberá realizarse en base al salario mínimo vigente y no en Unidades de Medida Actualizada, como se realizó Se apliquen los incrementos anuales al monto de mi pensión conforme a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha en que me jubilé. Se ordene el pago a la suscrita de las diferencias que de manera retroactiva a lo anterior, resulten a mi favor. Así las cosas, este Órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la constancia que la citada autoridad adjuntó a su informe justificado. Documental que goza de eficacia probatoria plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2°, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; en tal virtud, se tiene por acreditada fehacientemente la existencia del acto reclamado en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. No se estudiarán los conceptos de violación en virtud de que se actualiza una causal de improcedencia de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, al haber dado contestación al escrito presentado por la parte quejosa el cinco de febrero de dos mil veinte, así como haber notificado lo anterior a la parte quejosa el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. Hipótesis que se actualiza en el caso a estudio. En efecto, la omisión reclamada, consiste en la abstención del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, de dar respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el cinco de febrero de dos mil veinte, así como llevar a cabo la notificación de la misma. Sin embargo, el ocho de enero de dos mil veintiuno, se dio respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el cinco de febrero de dos mil veinte, misma que le fue notificada el veintidós de febrero del presente año . Entonces han cesado los efectos de la omisión reclamada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de manera tal que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales trasgredidos. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, la actualización de la causal invocada, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la referida Ley. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Guadalupe Lozano Otero, contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así lo resolvió y firma el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alicia Alejandra Torres Enríquez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe. Jazmín
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad; conforme lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con su contenido para el uso de sus derechos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 9, fracción XIII y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, así como el diverso sin número publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de marzo de dos mil quince, por acuerdo de los Coordinadores de Magistrados y Jueces de los órganos jurisdiccionales integrantes del Decimoséptimo Circuito, con motivo de la falta del suministro de energía eléctrica generada por la situación climatológica en el estado de Chihuahua, mediante oficios 7/2021 y 8/2021, se determinó la suspensión de labores los días quince y dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para el quince de febrero de dos mil veintiuno, se reprograma para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.
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