Guadalupe Loaiza Cortina

Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
983/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Guadalupe Loaiza Cortina

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de dos de octubre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Loaiza Cortina contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 983/2018. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Lo constituyen los siguientes: 1.- El acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro de la audiencia de remate, por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en los autos del juicio especial hipotecario número 1049/2008/I, en donde señala que los edictos ordenados se publicaron conforme a lo establecido en el auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que se ordena la celebración de la audiencia de remate, y adjudica el remate a favor de la parte actora en dicho juicio, en relación al bien inmueble ubicado en calle Aguacate, número treinta y tres, lote doce, manzana ocho, Unidad Habitacional El Sumidero, de esta ciudad; así como, los diversos acuerdos emitidos en esa propia audiencia. 2.- La certificación realizada por la Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro de la audiencia de remate de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, llevada a cabo en los autos del juicio especial hipotecario número 1049/2008/I, de su índice. 3.- Del licenciado Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, Notario Público número 11, de la demarcación notarial de Xalapa, la elaboración de la escritura de adjudicación a favor Daniel Morales Ortiz, respecto del bien inmueble ubicado en calle Aguacate, número treinta y tres, lote doce, manzana ocho, Unidad Habitacional El Sumidero, de esta ciudad, que refiere es de su propiedad, ordenada por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro del juicio especial hipotecario número 1049/2008/I, de su índice. 4.- El auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro del juicio especial hipotecario número 1049/2008/I, de su índice, en el que se requiere a la parte quejosa para que en el término de cinco días comparezca ante la notaría número 11, de esta ciudad, a firmar la escritura respecto del bien inmueble ubicado en calle Aguacate, número treinta y tres, lote doce, manzana ocho, Unidad Habitacional El Sumidero, de esta ciudad, con el apercibimiento que de no comparecer el Juez la firmará en rebeldía. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los actos reclamados por la quejosa consisten en los acuerdos dictados en la audiencia de remate llevada a cabo el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en los autos del juicio especial hipotecario 1049/2008/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en la que se estableció que las publicaciones de los edictos ordenados en auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se llevaron a cabo con las formalidades de ley, y como consecuencia de ello se ordena llevar a cabo la celebración de la audiencia de remate, se adjudica el remate a favor de la parte actora, así como, todos los acuerdos dictados en dicha audiencia; y el diverso auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro del juicio especial hipotecario número 1049/2008/I, de su índice, en el que se requiere a la parte quejosa para que en el término de cinco días comparezca ante la notaría número 11, de esta ciudad, a firmar la escritura respecto del bien inmueble ubicado en calle Aguacate, número treinta y tres, lote doce, manzana ocho, Unidad Habitacional El Sumidero, de esta ciudad, con el apercibimiento que de no comparecer el Juez la firmará en rebeldía. De lo descrito y de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa, se advierte que los autos que ésta reclama fueron dictados en ejecución de la sentencia emitida en el juicio especial hipotecario número 1049/2008/I, del índice del juzgado responsable, por lo que previo a acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad. Para sostener lo anterior, cabe destacar que los artículos 525 y 527, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establecen: "Artículo 525. El recurso de queja tiene lugar: I.- Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante; II.- Respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia; III.- Contra la denegación de apelación; IV.- En los demás casos fijados por la ley. "Artículo 527. El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante él mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o en su caso a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda.". De los preceptos enunciados se deriva que todos aquellos autos que se dicten en ejecución de la sentencia, son recurribles a través del recurso de queja, que debe presentarse ante el juez que emita la determinación de que se trate, el cual debe ser resuelto en el término de tres días una vez que sea recibido por el Tribunal Superior de Justicia. En ese tenor debe decirse que los actos reclamados por el aquí quejoso, son impugnables a través del recurso de queja en cita, por lo que a través de la interposición de dicho medio de defensa la parte quejosa puede lograr la revocación de los mismos. En ese sentido, si en contra de los actos reclamados procede el recurso de queja, previo a la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar tal medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige los actos reclamados y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), la cual establece lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Así como, la Tesis Aislada en Materia Civil, sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "EJECUCION DE SENTENCIA, QUEJA CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PERIODO DE (LEGISLACION DE VERACRUZ). Si la resolución reclamada en el amparo, se dictó en ejecución de sentencia, el quejoso debió hacer valer el recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 525, fracción II, y 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; por lo que si no agotó dicho recurso, previamente al amparo, éste resulta notoriamente improcedente; sin que obste el razonamiento que haga el quejoso, en el sentido de que no había nada que ejecutar, pues no se precisa que materialmente se ejecute algo, sino que en cumplimiento de tal o cual resolución, se dicte tal o cual proveído." Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclaman actos de índole penal que puedan afectar la libertad personal de la parte quejosa. Aunado a lo anterior, la quejosa no es extraña al procedimiento civil de origen, ya que refiere que en el juicio especial hipotecario 1049/2008/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, es la parte demandada. De igual manera, se precisa que de conformidad con lo señalado por los preceptos legales que prevén el recurso ordinario de que se trata, tal medio de impugnación no está sujeto a interpretación adicional pues expresamente señala su procedencia en contra de los actos dictados en ejecución de sentencias. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causas de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de garantías, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Martínez Méndez, quiene acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con el registro número 16192; y como autorizadas con las restricciones que impone el referido precepto legal, a Maribel López Alejo y María de Jesús Castillo Luna, por así haberlo solicitado el promovente respecto de la última de ellas, además de que en dicho sistema no aparecen los registros de ambas. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.

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