Guadalupe Leticia Chávez Cruz
Expediente 923/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guadalupe Leticia Chávez Cruz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En ese orden, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio signado electrónicamente por el Actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden y origen 407/2020, de este índice, por el cual se encomendó notificar a la quejosa, el contenido del proveído de tres de diciembre de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual admite el exhorto enviado por este Jugado, así también informa que atendiendo la Circular SECNO/29/2020, en la que se desprende que en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, aprobó como medida en relación en relación con contagios enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, regresa al esquema de contingencia previsto en el en el artículo 1, fracciones l, ,ll,lll y lV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que con ello implica la suspensión de labores durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte a once de enero de dos mil veintiuno, por lo que, se reserva a llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa -----------. En consecuencia, este juzgado toma conocimiento del contenido del oficio, por lo que queda a la espera de que acontezca lo peticionado por este juzgado, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida -----------, por propio derecho, contra actos del Fiscal (Ministerio Público) Marisol López Hernández, de la Mesa Cinco Especial de Trámite, de la Unidad B-1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 923/2020-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, de la lectura que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Los acuerdos emitidos en la diligencias de diez y veintiséis de noviembre ambas de dos mil veinte, llevadas a cabo en la carpeta de investigación NIC:TLA/TLA/00/MPI/184/07040/20/10, NUC:TLA/TLA/TLA/104/240049/20/10, en los cuales requiere a la aquí quejosa exhiba el certificado de cremación y toda la documentación del expediente veterinario del perro "Peter" así como el contrato original de adopción, así como el apercibimiento realizado por la representación social, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, consistente en una amonestación; asimismo, refiere la quejosa que en la segunda diligencia (veintiséis de noviembre de la anualidad en curso), al cuestionar a la representación social señalada como responsable, ésta fue omisa en informar la clasificación provisional o definitiva del hecho con apariencia de delito, por el cual se está llevando a cabo la investigación en su contra. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de los llamados derechos humanos, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así como la tesis: I.5o.C.8 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, Página 1947, que dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)." Luego entonces, si la parte quejosa reclama el requerimiento formulado en la carpeta de investigación número NIC:TLA/TLA/00/MPI/184/07040/20/10, NUC:TLA/TLA/TLA/104/240049/20/10, por la representación social para que exhiba el certificado de cremación y toda la documentación del expediente veterinario del perro "Peter" así como el contrato original de adopción, así como el apercibimiento realizado en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, así como la omisión por parte de la responsable en informar la clasificación provisional o definitiva del hecho que la ley señala como delito, materia de la referida carpeta de investigación, no constituyen para el quejoso, actos de imposible reparación que transgredan en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Aunado que el representante social responsable, cuenta con facultades de investigación, para la debida integración de la carpeta y es en ejercicio de éstas que ha requerido la presentación de las documentales referidas. Sin que en el caso se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, pues como lo refirió en su ocurso de cuenta, ha sido citada por la autoridad responsable y ha comparecido en diversas ocasiones, por lo cual queda evidenciado que tiene acceso a la carpeta de investigación, la cual se encuentra en etapa de integración, encontrándose debidamente incorporada en dicha dinámica procesal, para hacer valer lo que a su interés legal convenga. Así, resulta innegable que los actos reclamados, no quebrantan en perjuicio de la agraviada, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. En ese sentido, los actos reclamados no reúnen las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número IV.2o.C J/2 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, que versa al tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). Por todo lo antes expuesto, al encontrarse acreditadas las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso B), Constitucional, lo que procede es DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por -------------------, por las razones antes expuestas. Atendiendo al sentido de la presente determinación, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ----------------, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el cual se localiza fuera de la residencia de este Juzgado, en consecuencia, con el objeto de acatar el imperativo del artículo 17 Constitucional en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedita, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo; artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En relación con el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; así como con los diversos preceptos 52 y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales GÍRESE ATENTO EXHORTO VÍA ELECTRÓNICA al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el inmueble en comento, y notifique la presente determinación a la parte quejosa, entregándole copia simple de la misma. Asimismo, la requiera para que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios en los cuales ejerce jurisdicción este Juzgador. Apercibida que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, únicamente el oficio por el que informe sobre la posibilidad de cumplimentar o no con lo encomendado, y en su caso, la constancia respectiva de la notificación practicada y no así, la totalidad de constancias que integren el cuadernillo de la presente comunicación oficial. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Juez exhortado, para que de ser necesario, habilite al fedatario de su adscripción días y horas inhábiles, a efecto de que lleve a cabo la diligencia que se encomienda. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa proporciona el correo electrónico -----------@gmail.com y el número telefónico --------; ténganse los mismos, para estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional, sin que esto implique que dichos medios se tengan para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Por otro lado, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que menciona en el ocurso que se atiende, no así para recoger valores, por así haberlo indicado expresamente; asimismo, acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los citados delegados la utilización de medios electrónicos digitales. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 22 y cuarto transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto.
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