Guadalupe Leticia Campoy Rabago
Expediente 312/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 31 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 20/04/2017
Partes del expediente
- Guadalupe Leticia Campoy Rabago
- Guadalupe Leticia Campoy Rabago y Otros.
- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ensenada, Baja California.
- Ivan Lachica Araujo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos del que se advierte que por proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del presente juicio constitucional como totalmente concluido, por lo que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas (I), relativo a las copias certificadas del expediente número 639/2005-B, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el tomo de pruebas al Juez responsable. Retírese del aludido tomo la carátula de identificación que se formó con motivo del presente juicio de amparo. Es de apoyo la tesis aislada I.3o.C.93 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, Novena Época, materia común, página 3039, con registro electrónico 164946, de rubro siguiente: "QUEJA. DEVOLUCIÓN DE LAS COPIAS REMITIDAS POR EL JUEZ DE DISTRITO. RESULTA CONVENIENTE PARA EFECTO DE SU REUTILIZACIÓN EN CASO DE LA INTERPOSICIÓN DE OTRO RECURSO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO." Por último, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que ninguna de las partes recurriera el proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia y que con motivo de la petición formulada por los quejosos se abrió por duplicado un incidente, en el que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, por ello, se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO, debiéndose conservar únicamente el original de los autos incidentales. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, presentado por la tercera interesada Ariana Jeovana Virgen Haro, mediante el cual solicita se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías por las razones que aduce; consecuentemente, dígase a la ocursante de mérito, que se esté a lo acordado por auto de once de octubre de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Ensenada, Baja California, a once de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad (fojas 196 y 197), se ordenó el emplazamiento por edictos del diverso tercero interesado Pablo Becerril Arzola; sin que a la fecha se hubieran presentado los quejosos a recibir los referidos edictos para su publicación, no obstante que fueron apercibidos que en caso de no hacerlo en el término de tres días, se decretaría el sobreseimiento en el presente asunto. Tal acuerdo se notificó a los impetrantes de garantías por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, el veintiséis de septiembre próximo pasado, por tanto el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintiocho al treinta de septiembre del presente año, sin que a la fecha los peticionarios de amparo se presentaran a recibir los edictos. Ahora bien, en virtud de la contumacia en que incurren los quejosos al no haberse presentado a recibir los edictos y no manifestar la imposibilidad que tuvieran para la publicación de los mismos, se traduce en incumplimiento de un presupuesto procesal que se establece como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. Esto es así, dado que la fracción III, inciso B), del artículo 27 de la ley de la materia, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la búsqueda se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos; en esta hipótesis, admitida la demanda de amparo y advirtiéndose que no se conoce el domicilio del tercero interesado Pablo Becerril Arzola, se dictaron las medidas pertinentes para investigarlo, se estimó que éstas resultaron infructuosas y por acuerdo de diecinueve de septiembre del año que transcurre, se ordenó que el emplazamiento respectivo se realizara por edictos a costa de la parte quejosa. Por tanto, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado a un gobernado al juicio de garantías, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero antes referido, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y por ende, torna improcedente el respectivo juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de los quejosos para lograr el emplazamiento del tercero mencionado con antelación, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuirle al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de las partes, en este caso de la peticionaria de garantías, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar la improcedencia del presente asunto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de septiembre del presente año, y con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III y 5°, fracción III, de la misma ley invocada, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE ADUENCIA; lo anterior motiva que resulte innecesario celebrar la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción número 2ª./J.64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, de Julio de dos mil dos, página doscientos once, del siguiente rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Quedan 27 actuaciones en este expediente
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