Guadalupe León Venegas

Expediente 569/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
569/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
28/11/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe León Venegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el escrito presentado por Claudia Moreno Contreras, en su carácter de tercera interesada en el presente juicio, mediante el cual solicita se aperture incidente de pago de daños y perjuicios en el presente sumario; en atención a su contenido, dígase a la promovente que se desecha el incidente planteado, por las siguientes consideraciones: Si bien es cierto que la Ley de Amparo en su artículo 156, establece la procedencia de un incidente de daños y perjuicios, también lo es que dicha incidencia deriva de la concesión o ejecución de los actos reclamados en el amparo; es decir, el tercero interesado en el juicio constitucional está facultado para promover incidente de daños y perjuicios respecto del menoscabo que le haya causado la suspensión de los actos reclamados con motivo de su no ejecución, esto siempre que a la parte quejosa no se le hubiera otorgado la protección constitucional o se hubiera sobreseído el juicio. Procedencia que además, está supeditada al otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; la emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y la demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Apoya lo anterior el criterio I.3o.C.120 K (9a.), sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1983, de la Décima Época, con registro 159870, de la literalidad siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada". Es así, que en el caso concreto éste juicio se tramitó sin incidente por no haberlo solicitado la parte quejosa ni advertirse de oficio su procedencia, de ahí que al no haberse tramitado incidente se suspensión, es evidente que no existe garantía alguna que ejecutar con motivo de los daños y perjuicios de los que pudo haber sido sujeto la tercera interesada. Por las razones expuestas, quien esto resuelve considera que resulta improcedente dar trámite al incidente planteado, pues es notorio y evidente que no se dan los requisitos para su tramitación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de esta fecha, de lo que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, promoviera inconformidad en contra del auto de diecinueve de junio del presente año, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo haya hecho, no obstante estar legalmente notificada de ello, como se desprende de la constancia relativa; en consecuencia, se le tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, vistas las constancias de autos, se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, dado que el presente expediente se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos de los que se aprecia que en acuerdo de diecisiete de mayo del presente año, se declaró que la sentencia dictada en el presente juicio causó ejecutoria; sin embargo, se omitió devolver las copias certificadas del expediente número 539/2009, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, en un tomo, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo; en tal virtud, y dado que no es necesario seguir conservando dichas constancias, devuélvanse las mismas a la autoridad responsable en comento. Sin que haya ha lugar a solicitarle el acuse de recibo por tratarse de copias certificadas.

  4. Principal

    ÚNICO. Se DECLARA CUMPLIDA la sentencia de amparo dictada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto 569/2016, promovido por Guadalupe León Venegas, contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia interlocutoria de ocho de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio incidental de prescripción de ejecución de sentencia bajo el número de expediente número 539/2009-II; razón por la cual procede ordenar el archivo del expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Hágase del conocimiento a la quejosa esta determinación, para los efectos de la fracción I, del artículo 201, de la Ley de Amparo vigente.

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