Guadalupe Landa Diaz

Expediente 247/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
247/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
13/06/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Landa Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil diecisiete Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 247/2017-IV-B, promovido por Guadalupe Landa Díaz, y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 87/2017, concluyendo en sus dos puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por GUADALUPE LANDA DÍAZ, contra el auto y autoridad precisados en el resultando primero de este fallo y en términos de las consideraciones vertidas en el mismo" En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese el presente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 3269/2017 signado por la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en el que transcribe el auto de cuatro de mayo del año en curso mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por GUADALUPE LANDA DIAZ, por conducto de su autorizada Mayra Nayeli Meléndez Piedra, en contra de la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, quedando registrado bajo el número de amparo en revisión 87/2017; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya a lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.DCSM*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por Mayra Nayeli Meléndez Piedra, autorizada de la parte quejosa por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de tres de abril de dos mil diecisiete; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, téngase a la parte quejosa haciendo valer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia referida; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, además existe carencia de tóner para las impresoras y una exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado visible de acuerdo a los datos estadísticos oficiales; por consiguiente se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo la copia del escrito de agravios, para que el original expediente del presente juicio de amparo pueda ser remitido al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, y conozca del citado recurso de revisión. Hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que hace valer la parte quejosa, se ordena agregar a los autos sus escritos originales de agravios. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Cuernavaca, Morelos, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del tres de abril de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refieren los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 247/2017-IV-B, promovido por Guadalupe Landa Díaz, por derecho propio, sin la comparecencia de las partes. Declarada abierta la audiencia, el secretario hace una relación oral de todas las constancias que obran en autos. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con la documental ofrecida por el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en copia certificada de la actuación de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, relativa al juicio 01/1250/16 (fojas 21 y 22) y hace constar que no se aportaron más medios de convicción y no hay pruebas desahogadas con las que dar cuenta. El Juez acuerda: se admite y tiene por desahogada la prueba de mérito, dada su especial naturaleza, sin perjuicio de su valoración en la sentencia y así, se declara cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario hace constar que no se formularon alegatos, por lo que el Juez acuerda: al no existir cuestión sobre la cual proveer, se declara cerrada la etapa de alegatos y se ordena dictar sentencia definitiva. Doy Fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 247/2017-IV-B, promovido por Guadalupe Landa Díaz, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el catorce de febrero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Guadalupe Landa Díaz, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de quince siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Seguida la secuela procesal, por acuerdo de quince de marzo se fijaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos del tres de abril del año en curso, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados . Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos:  La omisión de dictar laudo en el juicio 01/1250/16. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente del Tribunal al rendir el informe justificado (fojas 18 y 19). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio es improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del propio ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Debe decirse que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las fracciones I a XXII de esta última, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio, tengan la posibilidad de enlazar armónicamente los preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, para obtener una variedad de causas de improcedencia que tiendan a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Al respecto, resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Ahora, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explica qué debe entenderse por "irreparabilidad", para efecto de determinar si un acto dentro del juicio, reclamado en amparo indirecto, causa una afectación de esa naturaleza. Así, para que un acto sea susceptible de calificarse como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Otra peculiaridad, es que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, un acto será de imposible reparación, cuando converjan estas características: Primera. Que afecte materialmente derechos. Esto se traduce en que el acto impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Segunda. Que los derechos afectados materialmente por el acto, sean derechos sustantivos, cuya naturaleza es antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, que surgen con motivo de un juicio y no con independencia de que éste exista o no, cuya afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva y permiten determinar si [el acto] afectó o no al quejoso. La jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), dice a la letra: Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011428 1 de 1 Pleno Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Pag. 15 Jurisprudencia(Común) CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Las características que un acto debe reunir para poder calificarse como de imposible reparación, consistentes en que debe causar una afectación material y ésta ha de recaer sobre derechos sustantivos, fueron consideradas por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, cuya materia fue determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional, reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualizaba una causal de improcedencia notoria y manifiesta, suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo. La resolución de la contradicción de tesis 325/2015, originó la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.): Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pag. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En dicho criterio jurisprudencial, la Segunda Sala determinó que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de violaciones intraprocesales inocuas de derechos sustantivos. La excepción a esa regla y, por ende, la irreparabilidad de la omisión o dilación reclamada, tendrá lugar cuando ésta implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; porque en estos supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, provocando así, una afectación material a ese derecho. El quejoso reclama la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el juicio 01/1250/16. El presidente del Tribunal aportó como prueba, copia certificada de la actuación de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, relativa al juicio 01/1250/16 (fojas 21 y 22); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Del análisis de la documental aportada por la autoridad, se desprenden estos hechos. El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal declaró cerrada la instrucción y turnó el juicio 01/1250/16, a proyecto de resolución en forma de laudo (foja 21). El cierre de instrucción no está previsto como un acto procesal en el juicio burocrático; sin embargo, no se examina la legalidad o ilegalidad de su decreto por la autoridad responsable, porque no forma parte de la litis; antes, para efectos de esta sentencia, únicamente interesa que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la autoridad turnó el juicio para dictado de laudo. La exclusión de estudio del cierre de instrucción, no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), es del tenor literal siguiente: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. El acto reclamado emana de un juicio burocrático seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es necesario precisar cuáles son sus fases; las que se desprenden del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que lo rige en primer lugar y a la letra dice: "Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores." Conforme al precepto transcrito, por regla general, el procedimiento laboral se limita a una única audiencia, que a su vez, tiene estas etapas: 1) De conciliación; 2) De contestación a la demanda; 3) De admisión [o desechamiento] de pruebas; 4) De desahogo de pruebas; 5) De formulación de alegatos; y 6) De dictado de laudo. Se dice por "regla general", en virtud que el propio artículo 115 prevé como caso de excepción, que sean necesarias "diligencias posteriores". De acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, agotada la etapa de conciliación sin resultado favorable, se desahogarán las etapas de contestación a la demanda, admisión [o desechamiento] de pruebas, desahogo de pruebas, formulación de alegatos y, entonces, el Tribunal procederá a dictar laudo para resolver el litigio. Establecidas las etapas procesales del juicio burocrático, procede contestar el argumento de la parte quejosa en el sentido que el Tribunal debió proceder a dictar laudo o turnar el juicio para ello, fenecido el término para formular alegatos, concedido por auto de dieciocho de enero del año en curso. Como quedó apuntado, por regla general, el juicio burocrático debe desahogarse de forma ininterrumpida en la audiencia que prevé el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En el supuesto que la audiencia se desahogue en un solo momento, acto seguido que las partes formulen alegatos, o bien, en caso que renuncien a ello, el Tribunal procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para tal fin, pues sin perjuicio de lo que más adelante se diga, es criterio jurisprudencial que en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, el laudo puede dictarse con posterioridad. Pero en el caso que la audiencia no se desahogue de forma continua, la autoridad concederá a las partes el derecho para formular alegatos. En tal supuesto, en aras de la seguridad jurídica de las partes, el Tribunal tendrá que pronunciarse sobre la preclusión del derecho y, entonces, procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para ello. Si bien la documental aportada por la autoridad, evidencia que el derecho a las partes para formular alegatos, fue otorgado mediante auto de dieciocho de enero actual, no fue sino hasta el veinticinco siguiente cuando la autoridad se pronunció al respecto y, como se expuso, declaró el cierre de instrucción y turnó el juicio para laudo. En consecuencia, debe tomarse como punto de partida para el examen de la omisión reclamada, el turno del juicio para laudo a partir del veinticinco de enero de dos mil diecisiete; máxime que la quejosa no demostró que tal acto procesal hubiera tenido lugar mediante auto diverso, aunado a que el cierre de instrucción no es materia de análisis. La etapa de dictado del laudo en el juicio burocrático, no está subdividida ni la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece plazo para su emisión. Cierto. La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no concede al Tribunal un plazo para formular un proyecto de laudo, examinarlo, discutirlo, votarlo y aprobarlo, antes, el artículo 115 de tal ordenamiento, se entiende en el sentido que llegada la etapa de dictado de laudo, el Tribunal lo emitirá sin mayor dilación. El artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos , autoriza aplicar expresamente de forma supletoria al juicio burocrático, dos ordenamientos legales; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, en primer y segundo lugar respectivamente. A continuación, se cita el artículo 127 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: "ARTICULO 127.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo." De acuerdo con la porción legal transcrita, el procedimiento para la resolución de controversias ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se reduce, por regla general, a estas fases: 1) Presentación de la demanda. 2) Contestación de la demanda. 3) Audiencia de recepción, admisión y desahogo de pruebas; formulación de alegatos y dictado de laudo. La excepción a la regla surge cuando a juicio del Tribunal, es necesario practicar otras diligencias, en cuyo caso se llevarán a cabo y, una vez desahogadas, se dictará laudo. Luego, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria en primer lugar a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no secciona la fase de dictado de laudo ni establece plazo para que el Tribunal lo dicte, de tal suerte que se emitirá sin demora tan pronto el estado del juicio lo permita. La Ley Federal del Trabajo, con la precisión que más adelante se hará, pero que por regla general es aplicable de forma supletoria en segundo lugar al juicio burocrático en Morelos, sí establece plazo para que la Junta dicte el laudo. En consideración a que el juicio de origen data de dos mil dieciséis, los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley vigente. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, el plazo para el dictado del laudo se desprende principalmente de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, que en lo conducente dicen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)" "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." (Lo subrayado es propio) En suma, salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para dictar laudo es de veinticinco días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción y turno para emisión de proyecto de laudo. No obstante, aun cuando la Ley Federal del Trabajo sí divide la etapa de dictado de laudo en las fases de elaboración de proyecto de laudo, examen del proyecto por parte de los integrantes de la Junta y discusión y votación; no resulta aplicable al juicio burocrático en Morelos, porque el legislador no lo consideró así, antes, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que rige ese juicio en primer lugar, define los términos en que se substanciará y resolverá; los cuales, como se dijo, están establecidos en el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y son, desahogo de las etapas de conciliación, de contestación a la demanda, de admisión [o desechamiento de pruebas], de desahogo de pruebas, de formulación de alegatos y de dictado de laudo. En consecuencia, no procede la aplicación supletoria al juicio de origen, de los términos y plazos que la Ley Federal del Trabajo establece para el dictado del laudo, porque la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sí contempla la realización de ese acto y debe entenderse en el sentido que llegada la etapa de dictado del laudo, el Tribunal procederá a emitirlo, ya que considerar lo contrario implicaría integrar a la ley burocrática local, aspectos que el legislador no tuvo intención de incorporar, como la formulación de proyecto de laudo, su revisión, discusión, votación y aprobación. Lo argumentado en el párrafo que antecede, encuentra apoyo, por analogía, en la jurisprudencia 2a./J.52/2005: Tesis: 2a./J. 52/2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 178282 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXI, Mayo de 2005 Pag. 526 Jurisprudencia(Laboral) TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. Sin embargo, en la propia tesis 2a./J.52/2005, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País admitió como jurídicamente válido, que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la audiencia de ley. El laudo debe cumplir con el imperativo constitucional de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, impuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que también conlleva que guarde los principios de congruencia y exhaustividad. El primero de esos principios implica que el laudo sea congruente no solo consigo mismo, sino con la litis; mientras que el segundo significa que la resolución se ocupe de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, so pena que el laudo sea incompleto. Así, el laudo no es una resolución de mero trámite, por el contrario, resuelve el fondo del litigio, de modo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que la ley prevé para su emisión, pues el Tribunal debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y, por consiguiente, su examen requiere mayor inversión de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia. El acto reclamado se analiza conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Tal consideración se sustenta en estas tesis: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La parte quejosa presentó la demanda de amparo el catorce de febrero de dos mil diecisiete y, al rendir el informe justificado, el presidente del Tribunal aceptó la falta de dictado de laudo. Entre el turno del juicio 01/1250/16 para laudo (veinticinco de enero de dos mil diecisiete) y la presentación de la demanda de amparo, hay 12 días hábiles. En el conteo no se consideran sábados y domingos, ni seis de febrero, por inhábiles. La demora de 12 días hábiles en la emisión del laudo, a la luz de la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede considerarse como causante de una afectación material al derecho sustantivo de la quejosa a la administración de justicia; pues si se toma como parámetro objetivo que por regla general, la autoridad laboral debe dictar el laudo en 25 días hábiles, la autoridad burocrática sólo ha incurrido en una demora de 12 días hábiles. Por tanto, aun cuando el acto reclamado incide en el derecho sustantivo a la administración de justicia, que implica entre otras cosas, que la autoridad decida el fondo de la controversia mediante el dictado de laudo o sentencia definitiva; el acto reclamado, a la presentación de la demanda de amparo, no puede calificarse como "irreparable", pues no afecta materialmente el derecho, en virtud que no impide su ejercicio de forma actual; máxime que el laudo requiere tiempo, por tratarse de la resolución de fondo y, además, por constituirse en acto privativo; asimismo, no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad y su recurso humano encargado de esa tarea. A mayor abundamiento, cabe decir que al resolver las quejas 174/2016 y 287/2016, relativas a los juicios de amparo 174/2016 y 1718/2016, del índice de este juzgado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, confirmó la determinación de este juzgador en el sentido que una demora en el dictado del laudo, pese a haber fenecido el plazo legal para ello, no implica indiscutiblemente una abierta dilación del procedimiento ni su paralización total. La invocación de las ejecutorias dictadas por el tribunal revisor, no precisa agregar copia de ellas a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2a./J.103/2007: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Pag. 285 Jurisprudencia(Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. De hecho, el criterio sustentado por el suscrito en el desechamiento de la demanda del juicio de amparo 1122/2016, en el sentido que existirá una paralización total cuando la Junta no emita el laudo una vez transcurridos 25 días hábiles más de los 25 que por ley tiene para ello, esto es, cuando el plazo transcurra doblemente, fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en la queja 174/2016 y, como se expuso, en el caso concreto, entre el turno del juicio 01/1250/16 para laudo (veinticinco de enero de dos mil diecisiete) y la presentación de la demanda de amparo, únicamente hay una demora de 12 días hábiles en su emisión. En conclusión, al no impedir a la quejosa el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el juicio 01/1250/16, no es de imposible reparación, de tal suerte que el amparo en su contra resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la propia ley. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Landa Díaz, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe. Oopb Con esta fecha se giraron los oficios con los números 15147 y 15148.

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