Guadalupe Juarez Morales
Expediente 503/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guadalupe Juarez Morales
- Maria del Rosario Rodriguez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por la que este órgano de control constitucional determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA. Sin que obste que aún no obre el acuse notificación de los oficios 40108/2021 dirigido a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y 40109/2021 dirigido al SECRETARIO DE GOBERNACION, pues atendiendo al sentido del fallo respecto a dichas autoridades, es innegable que carecen de legitimación para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, en términos del artículo 87, primer párrafo de la ley de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso b), del acuerdo general citado porque se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por tanto, procede conservarse durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 503/2020, promovido por María del Rosario Rodríguez García y Guadalupe Flores Morales, por propio derecho; para dictar sentencia. R e s u l t a n d o. Primero. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte recibido ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla y turnado en este juzgado federal el día hábil siguiente María del Rosario Rodríguez García y Guadalupe Flores Morales por propio derecho demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamaron al Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Acatlán de Osorio, y otras autoridades, al considerarlos violatorios de los artículos 1, 17 y 20 constitucionales. Actos que hizo consistir en el acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte a través del cual desechó el recurso de revocación interpuesto, así como la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo. Por auto de siete de agosto de dos mil veinte, este juzgado admitió a trámite la demanda, registró y formó el juicio de amparo 503/2020, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; finalmente, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado la tiene conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados carecen de ejecución material y se reclama un auto que desecha el recurso de revocación dictado en la carpeta judicial administrativa 14/2018/ACATLÁN, por lo cual se actualiza la competencia material y territorial. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda de amparo conviene precisar que las quejosas reclaman: Al Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Acatlán de Osorio, el acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte a través del cual desechó el recurso de revisión interpuesto contra la determinación emitida en audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve dentro de la carpeta judicial 14/2018/ACATLÁN. Al Congreso de la Unión, la inconstitucionalidad de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la discusión, aprobación y expedición del decreto de los artículos señalados. Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la inconstitucionalidad de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la promulgación y publicación del decreto de los artículos citados. Al Secretario de Gobernación: la inconstitucionalidad y refrendo de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el refrendo de los artículos citados. Al Director del Diario Oficial de la Federación la inconstitucionalidad de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la publicación del decreto de los artículos citados. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Son ciertos los actos reclamados al Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, y Director del Diario Oficial, pues al rendir sus informes aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Además, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, al tratarse la norma tildada de inconstitucional de una disposición de observancia general publicada en el Diario Oficial de la Federación, su existencia no es materia de prueba en este juicio de amparo. Por su parte, también es cierto el proveído de diez de marzo de dos mil veinte, atribuido al Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Acatlán de Osorio por así aceptarlo al rendir su informe justificado. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió el propio juez en apoyo a su informe consistentes en copias certificadas de la carpeta judicial administrativa 14/2018/ACATLÁN, documental que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su artículo 2, párrafo segundo, al tratarse de actuaciones practicadas por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Respecto a los actos reclamados consistentes en la publicación y refrendo de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atribuidas al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Director del Periódico Oficial de la Federación y Secretario de Gobernación, respectivamente, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción VI, del artículo 108, todos de la Ley de Amparo, pues las quejosas no realizan razonamiento lógico-jurídico encaminado a acreditar que la publicación y refrendo de la norma impugnada es inconstitucional, por lo que ante la ausencia de conceptos de violación encaminados a controvertirlas, se debe decretar el sobreseimiento. A efecto de analizar el planteamiento propuesto, conviene citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación." De los preceptos citados se obtiene, en primer término, que podrán llamarse a juicio con el carácter de autoridades responsables, las que hubieran tenido participación en el refrendo del decreto que promulga la ley, o en su refrendo y publicación, siempre que se impugnen por vicios propios. En segundo lugar, que uno de los requisitos del escrito de demanda lo constituye el señalamiento de los conceptos de violación que causen a la parte quejosa los actos impugnados. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que para que se tengan por vertidos conceptos de violación se requieren simples razonamientos aducidos en la demanda, en los que se exprese con claridad: a) La causa de pedir; b) La lesión o agravio con que el quejoso estima que se le vulneró su esfera jurídica con el acto, ley o resolución reclamada; c) Los motivos que originaron ese agravio; y, d) Cuando se reclame la inconstitucionalidad de una ley, se precisa especificar los derechos fundamentales que contraviene de la Carta Magna. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 68/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, página 323, que textualmente dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Así, los conceptos de violación constituyen un elemento esencial en el juicio de amparo, pues son el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones de los derechos fundamentales en perjuicio de quien promueve la acción constitucional, por ende, ante su ausencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de que se trate. Como se ve el fin que persigue el precepto aludido, es el de agilizar la tramitación del juicio de amparo contra normas generales, en el que se señalen como actos destacados el refrendo como parte del proceso legislativo que le dio origen, pero no se les atribuyan vicios propios, haciendo que sea innecesario el señalamiento como responsables de las autoridades encargadas de realizarlos. La mencionada reforma legal también encuentra explicación en que las autoridades que refrendan y publican una norma carecen de legitimación para defender el contenido de la norma general impugnada, por lo que cuando no se controvierte tal acto del proceso legislativo por vicios propios, es innecesario darles intervención a dichas autoridades en el juicio, máxime que tampoco corresponde dar cumplimiento a las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del ordenamiento que refrendaron. Lo anterior no significa desconocer que todos los actos (aprobación, discusión, expedición, promulgación, refrendo y publicación) integradores del proceso de creación de una norma jurídica constituyen una unidad, sino que, a fin de facilitar la tramitación del juicio, únicamente se les dará intervención cuando se impugnen por vicios propios los actos a ellas atribuidos, esto es, cuando la parte quejosa controvierte la constitucionalidad formal del decreto legislativo correspondiente, por considerar viciado el procedimiento parlamentario del que derivó. En ese contexto, se advierte que si bien, las peticionarias del amparo señalaron como acto reclamado destacado la discusión, aprobación y expedición de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cierto es que, omitieron expresar argumento alguno que tenga por objeto controvertir la publicación y refrendo por vicios propios. De tal manera que si no se atribuyen vicios propios al acto reclamado consistente en la publicación y refrendo de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales que combaten, esto es, no formulan conceptos de violación a fin demostrar la inconstitucionalidad de dichas etapas legislativas, es inconcuso que se surte la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio por cuanto hace al acto consistente en la publicación y refrendo de los preceptos legales combatidos, atribuidos a las autoridades responsables Director del Periódico Oficial de la Federación y Secretario de Gobernación. Por su parte, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos aduce que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVI (contra actos consumados de modo irreparable). Sin embargo, dicha causa de improcedencia debe desestimarse en virtud de que, la interposición del juicio de amparo en contra de una ley tiene como finalidad precisamente evitar su aplicación en perjuicio del quejoso y, en caso que ya haya sido aplicada, que el acto de aplicación quede sin efecto. En tal virtud, la aprobación o expedición de una ley no puede considerarse como un acto consumado de modo irreparable para efectos del juicio de garantías, máxime que, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tiene por objeto restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada. En ese sentido deviene infundada la causal de improcedencia que alude la autoridad antes citada. QUINTO. ANÁLISIS DE FONDO. Previo al estudio de fondo, resulta oportuno reseñar algunos antecedentes del acto reclamado. 1. En audiencia de control judicial previo celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Acatlán de Osorio, relevó de su cargo al asesor jurídico Víctor Alonso Tadeo Solano y concedió a las ofendidas el término de tres días para que nombraran a un asesor particular, apercibidas que de no hacerlo se les designaría uno gratuito (foja 627 del anexo III). 2. Inconformes con la resolución anterior, mediante escrito presentando ante la autoridad responsable el nueve de marzo de dos mil veinte María del Rosario Rodríguez García y Guadalupe Flores Morales interpusieron recurso de revocación (foja 32 del anexo 1). 3. Sin embargo, mediante resolución de diez de marzo de dos mil veinte, el Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Acatlán de Osorio, desechó el escrito presentado por la parte ofendida pues consideró que había transcurrido en demasía el término establecido por la legislación procesal para su interposición. Dicha determinación constituye el acto reclamado. Análisis de los conceptos de violación respecto de la inconstitucionalidad planteada Ahora bien, por cuestión de método, primero se abordará el análisis de los conceptos de violación dirigidos a combatir la constitucionalidad de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, la parte quejosa esencialmente aduce que los artículos antes invocados, resultan inconstitucionales, pues no cumplen con los requisitos y características de ser un recurso judicial efectivo, vulnerando con ello el derecho humano al acceso a la justicia previsto en artículo 1 y 17 constitucionales en relación con los diversos 1, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Agrega que la existencia del recurso de revocación no es un medio de defensa eficaz para revocar la determinación del juez de control, pues no basta la existencia del recurso sino que éste debe ser eficaz e idóneo, es decir capaz de producir el resultado para el que fue concebido, esto es que el juez de control reconsidere su determinación. Refiere que el derecho a la tutela judicial efectiva evita formalismos para la resolución del fondo del asunto privilegiando el principio de mayor beneficio con fin de remover todos los obstáculos pues para que el recurso sea útil y efectivo debe restituir al interesado al goce de sus derechos y repararlo debiendo ser de carácter vinculante. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos. Para sustentar lo anterior, conviene invocar los preceptos legales reclamados, que dicen: Artículo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento Se tendrá por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial cuando se ha consentido expresamente la resolución contra la cual procediere. Precluye el derecho a recurrir una resolución judicial cuando, una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto. Quienes hubieren interpuesto un recurso podrán desistir de él antes de su resolución. En todo caso, los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes del recurso. El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante determinación motivada y fundada en términos de las disposiciones aplicables. Para que el desistimiento del Defensor sea válido se requerirá la autorización expresa del imputado. Revocación Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. De acuerdo con el texto de los artículos antes invocados, se desprende por un lado que se tendrá por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial cuando una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto. Por otro lado, que tratándose del recurso de revocación, el plazo antes aludido precluye antes de que termine la propia audiencia, siempre que el recurso se haga valer contra resoluciones dictadas durante audiencia oral, o mediante escrito después de dos días tratándose de resoluciones emitidas fuera de audiencia. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el derecho a recurrir un fallo debe distinguirse del diverso de acceder a un recurso adecuado y efectivo, apuntando que el primero (derecho a recurrir un fallo) debe entenderse como un mecanismo de segunda instancia o un recurso que sirve de margen para la revisión de una decisión en el marco de un proceso, en tanto que el previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que aluden las quejosas, se refiere al juicio de amparo, el cual debe considerarse como un medio de defensa diseñado para proteger los derechos consagrados en la Constitución y la Convención Americana y por ende se traduce en el derecho de acceder a un recurso adecuado y efectivo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 8/2020 (10a.) con registro digital: 2021551 de rubro siguiente TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO. En ese contexto, resulta inconcuso que las disposiciones tildadas de inconstitucionales no violan el artículo 17 constitucional citado, porque en modo alguno impide a la parte quejosa ejercer su derecho a recurrir un fallo, pues contrario a lo aseverado por las promoventes, el objeto del recurso de revocación es precisamente que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda con lo cual se garantiza el derecho humano de acceso a la justicia. De ahí, lo infundado de los argumentos aducidos por la parte quejosa al respecto, pues el recurso de revocación justamente persigue el fin deseado por las quejosas, esto es que el juez de control reconsidere su determinación. Con relación a los conceptos de violación encaminados a sostener que el derecho a la tutela judicial efectiva está encaminado a evitar formalismos para la resolución del fondo del asunto privilegiando el principio de mayor beneficio con fin de remover todos los obstáculos pues para que el recurso sea útil y efectivo, devienen inoperantes tales aseveraciones. Lo anterior, pues por un lado las impetrantes de amparo parten de una premisa falsa, al considerar que el recurso de revocación puede equipararse al diverso de acceder a un recurso efectivo (juicio de amparo), pues como se dijo anteriormente el derecho a recurrir un fallo, está encaminado a examinar de nueva cuenta la resolución impugnada. Por otro lado, pretenden que al establecerse en el artículo 17 constitucional que toda persona tiene el derecho de acceso a la justicia, ello, es motivo suficiente para que puedan recurrir un fallo en cualquier tiempo que lo consideren pertinente, esto es, sin sujetarse a los plazos que establece la propia ley. De ahí que, contrario a su apreciación, el hecho de que no combatieron la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve dentro del término previsto en la ley (en la audiencia de esa fecha), ello no implica que les fue anulado su derecho de impugnar la resolución recurrida, pues estimar lo contrario equivaldría a sujetar y prorrogar la temporalidad prevista para recurrir las determinaciones judiciales a conveniencia de las partes, acarreando con ello incertidumbre jurídica para la contraparte. En tales condiciones, imponer plazos para la interposición de recursos no implica exigir formalismos innecesarios u obstaculizar la resolución del fondo del asunto, pues se insiste, estimar lo contrario equivaldría a sujetar y prorrogar la temporalidad prevista para recurrir las determinaciones judiciales a conveniencia de las partes. Además, no sobra decir que la parte quejosa no expresa argumentos referentes a combatir el plazo fijado por el legislador para interponer el recurso de revocación, sin que este órgano jurisdiccional pueda analizar de oficio tal aspecto pues no se advierte motivo alguno para actuar en ese sentido, sobre todo porque no se desprende que esos plazos son carentes de sentido o bien constituyen obstáculos para el ejercicio de derecho de acceso a la impartición de justicia. Ello pues no debe perderse de vista que la materia del recurso de revocación es combatir resoluciones de mero trámite, cuya impugnación no amerita mayor preparación que evidenciar que la autoridad que la emita no se ajusta al procedimiento o trámite que para tal efecto señala el Código Nacional de Procedimientos Penales; luego, es congruente que para las determinaciones emitidas en audiencia se deben impugnar antes del término de la audiencia, en tanto que si se trata de resoluciones emitidas fuera de audiencia el plazo es de dos días contados a partir de la notificación de la resolución. Plazos que se insisten, son suficientes para preparar el recurso, dado la naturaleza de las resoluciones impugnadas, es decir, de mero trámite. En consecuencia, al haber sido desestimados los conceptos de violación esgrimidos en contra de la norma reclamada, lo procedente es negar el amparo solicitado. Análisis de los conceptos de violación encaminados a combatir la determinación de diez de marzo de dos mil veinte. Estos son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en favor de las quejosas en términos del artículo 79, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, conviene precisar que el acto reclamado fue emitido en términos de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dichas porciones normativas establecen que el recurso de revocación tiene la particularidad de hacerse valer de forma oral si el recurso está encaminado a combatir resoluciones pronunciadas durante audiencia o de forma escrita contra resoluciones dictadas fuera de audiencia. Distinguiendo que, para el primer supuesto (audiencias dictadas en audiencia) la ley procesal prevé que el medio ordinario de defensa debe promoverse antes de que termine la propia audiencia. Por su parte, tratándose de resoluciones emitidas fuera de audiencia, la ley concede un término de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. En el caso, la parte quejosa promovió el medio de defensa antes citado mediante escrito presentando ante la autoridad responsable el nueve de marzo de dos mil veinte (foja 32 del anexo 1). Lo anterior, pues consideró que lo resuelto en audiencia de control judicial previo celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Acatlán de Osorio, en el sentido de relevar de su cargo al asesor jurídico Víctor Alonso Tadeo Solano fue contrario a derecho (foja 627 del anexo III). Por ende, como bien resolvió el juez natural no se impugnó oportunamente la resolución de control judicial de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, pues no obstante que la ley prevé que el recurso se debe interponer oralmente durante la audiencia, la parte inconforme lo presentó de forma escrita el nueve de marzo de dos mil veinte, esto es tres meses y medio después de la emisión de la resolución combatida. Por ende, este juzgado federal observa que fue correcto que el juez natural determinara que el recurso de revocación fue interpuesto de forma extemporánea, pues resultaba indispensable que la parte agraviada combatiera esa resolución el día de la audiencia y no tres meses y medio después. Enseguida se analizan los conceptos de violación, en los que la parte quejosa refiere que el acto reclamado transgrede el derecho reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción I, constitucional a tener un asesor jurídico de su elección, y por ende hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia. Invoca el caso Strickland v Washigton para identificar una violación al derecho de asistencia efectiva, así como el amparo en revisión 1146/2016 respecto a "una manifiesta y sistemática incapacidad técnica". Refiere que no se debe exigir agotar los medios ordinarios de defensa como lo es el recurso de revocación. Tales alegaciones son inoperantes, en virtud de que están encaminadas a combatir la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que el Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Acatlán de Osorio, relevó de su cargo al asesor jurídico Víctor Alonso Tadeo Solano. Sin embargo, la parte quejosa pierde de vista que la resolución que nos ocupa en esta instancia constitucional es la emitida el diez de marzo de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable desechó el escrito presentado por la parte ofendida al considerar que había transcurrido en demasía el término establecido por la legislación procesal para su interposición. De tal suerte que a nada práctico conduciría analizar si se vulneró el artículo 20, apartado C, fracción I, constitucional a tener un asesor jurídico de su elección, pues la materia de estudio en este juicio de amparo es determinar si fue o no correcto que el juez natural determinara que el recurso de revocación fue interpuesto de forma extemporánea. Inclusive, los argumentos relativos a que no era necesario agotar el principio de definitividad contra el auto de diez de marzo de dos mil veinte en realidad no ataca el auto que desechó el recurso de revocación, sino que en su caso tales argumentos parecen controvertir lo resuelto en el juicio de amparo 1159/2019 por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En tales condiciones, al constituir meras afirmaciones que no están encaminadas a combatir el acto reclamado lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo se, Resuelve: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por María del Rosario Rodríguez García y Guadalupe Flores Morales, contra los actos reclamados consistentes en la publicación y refrendo de los artículos 460, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atribuidas al Director del Periódico Oficial de la Federación y Secretario de Gobernación, respectivamente por las razones precisadas en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Rosario Rodríguez García y Guadalupe Flores Morales, en contra de la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, atribuida al Juez de Control de la Región Judicial Sur con residencia en Acatlán de Osorio, así como la inconstitucionalidad de los artículos 460, 465 y 466; por las consideraciones expuestas en el considerando penúltimo de este fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Principal. 503/2020AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Puebla, Puebla, a las nueve horas con dos minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el expediente relativo al juicio de amparo 503/2020, promovido por MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GARCIA y GUADALUPE JUAREZ MORALES en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de Jeanette Wendolyne Espinosa Flores, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, la Secretaria certifica y hace constar que los autos que se han emitido en el presente juicio de amparo (siete de agosto, siete y veintinueve de septiembre, veintiocho de octubre; tres, cinco, seis y veintisiete de noviembre; todos de dos mil veinte; y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno) se encuentran listados; empero, no obra la razón correspondiente. El juez acuerda: Vista la certificación que antecede, se requiere al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que integre al expediente físico las razones de notificación por lista de los acuerdos antes aludidos. Lo anterior en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. Acto continuo, la Secretaria da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos; así mismo, hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. En seguida, con fundamento en el numeral 123 de la Ley de la materia se abre el período probatorio, en el cual se admiten y se tienen por desahogadas las documentales allegadas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes, en razón de su propia naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración en su oportunidad; y, al no haber pruebas pendientes por recibir ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. A lo que el Juez provee: Por lo anterior doy por cerrada la etapa probatoria, y se abre la fase de alegatos, y Luego, una vez abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo tanto, al no haber más alegatos que acordar, el juez cierra este periodo. A continuación, dicta la siguiente sentencia. Cuauhtémoc Escobar González Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Jeanette Wendolyne Espinosa Flores Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
- Principal
Puebla, Puebla, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista con el informe justificado de la CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION, por lo que las partes no han tenido conocimiento del mismo con la anticipación de ocho días en términos del párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- GUADALUPE GUTIÉRREZ GARCÍA y Otros.735/2020
- Guadalupe Hernandez Dionisio181/2018
- GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES y Otros.99/2016
- Guadalupe Hernandez Fuentes561/2020
- Guadalupe Herrera Reyes1607/2016
- Guadalupe Jimenez Mendez57/2019
- Guadalupe Lira Maldonado218/2021
- Guadalupe Marcela Ruiz García638/2022
- Guadalupe Martínez Barajas442/2023
- Guadalupe Martinez Cabrera468/2017
- Guadalupe Martinez Cabrera495/2017
- Guadalupe Mejía Castro732/2023