GUADALUPE JUAREZ MEDINA y Otros.

Expediente 416/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
416/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • GUADALUPE JUAREZ MEDINA y Otros.
  • Guadalupe Juarez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo ha quedado firme. Archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Se instruye destruir el expediente principal.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en los autos de dieciséis de enero y diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, dictados en el juicio laboral *** mediante los cuales la autoridad responsable tuvo por no justificada la inasistencia y declara la deserción de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, respetivamente. Sin embargo, dichos actos no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, si como se ha dicho, en la demanda de amparo la parte quejosa se duele esencialmente del contenido de los acuerdos dictados el dieciséis de enero y diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, dictados por la autoridad responsable la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se estima que dichas actuaciones constituyen actos procesales cuyas consecuencias solo tienen efectos dentro del procedimiento de origen, mas no trastocan alguno de los derechos sustantivos en perjuicio de la parte quejosa, por lo que dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte inconforme una ejecución de imposible reparación, ya que el auto reclamado no le irroga un agravio inmediato y directo, pues aun así podría obtener un laudo favorable, lo cual por sí no vulnera derechos sustantivos ya que éstos podrán, en su caso reclamar en vía de agravio tal hecho, en el caso de que el laudo que se dicte le sea adverso o en vía de conceptos de violación en amparo directo, si es que le resulta desfavorable a sus intereses, de ahí que no pueda decirse existe una violación directa a sus derechos sustantivos. De modo que, el auto reclamado no constituye un acto que su ejecución sea de reparación imposible, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales. En consecuencia, como la parte quejosa reclama actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, ya que los inconformes pueden incluso obtener una sentencia favorable a sus intereses no obstante de la injustificación de la asistencia del perito designado así como la deserción de la prueba pericial decretada por la autoridad responsable, por tanto, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente.

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