Guadalupe Jimenez Sanchez

Expediente 745/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
745/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Jimenez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio número 1078/2022, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y constancias que acompaña; en cumplimiento al requerimiento realizado en este asunto en auto de cuatro de mayo pasado. Ahora bien, se trae a colación que los actos reclamados en la demanda de amparo promovida por Guadalupe Jiménez Sánchez contra la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su actuario adscrito, con sede en esta ciudad, consisten en: 1.- La omisión de notificar a la parte demandada en el juicio laboral 441/2018, el laudo dictado en el aludido expediente, 2.- La omisión de contestar el escrito de veintiuno de febrero de dos mil veinte, presentado el veinticuatro siguiente, en el que solicitó la aclaración del laudo dictado en el juicio de origen, y, 3.- La omisión de contestar el escrito de cinco de enero de dos mil veintidós, presentado el seis siguiente, en el que solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo en el aludido juicio. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima actualizada la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo en relación con los actos consistentes en la omisión de notificar a la parte demandada en el juicio laboral 441/2018, el laudo dictado en el aludido expediente y la de contestar el escrito de veintiuno de febrero de dos mil veinte, presentado el veinticuatro siguiente, en el que la actora, aquí quejosa, solicitó la aclaración del laudo dictado en el juicio de origen, que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En efecto, como se ha dicho, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe con justificación, mismas que tienen valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que desde el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se notificó a la parte demandada "El Español Nuevo Mundo en Hospedaje", Sociedad Anónima de Capital Variable, el laudo dictado en el juicio laboral de origen; asimismo, el cuatro de enero de dos mil veintiuno, se dio contestación al escrito de la parte quejosa presentado ante ella el veinticuatro de febrero de dos mil veinte del año en curso, en el juicio 441/2018, en el que se solicitó la aclaración del laudo; de lo que se sigue que dichos actos devienen inexistentes; motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. La razón de ello es, porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir al imperante de amparo en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que la quejosa reclamó la omisión de notificar a la parte demandada el laudo dictado en el juicio laboral de origen y la de acordar el escrito en el que se solicitó la aclaración del aludido laudo, en tanto que con las constancias remitidas quedó evidenciado que la omisión encuentra su justificación en la notificación del laudo realizada a la parte demandada el dieciocho de febrero de dos mil veinte y lo resuelto en auto de cuatro de enero de dos mil veintiuno, en el cual se dio contestación a la aclaración del laudo solicitada por la parte quejosa. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de los actos reclamados citados con antelación, en virtud de la demanda de amparo se presentó el once de marzo pasado, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle el derecho respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que se notificó a la parte demandada el laudo dictado en el juicio de origen y se dio contestación a la aclaración del aludido laudo, con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de las omisiones reclamadas. Por otra parte, respecto al restante acto reclamado consistente en la omisión de contestar el escrito de cinco de enero de dos mil veintidós, presentado el seis siguiente, en el que la parte actora, aquí quejosa, solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio de origen, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito de cinco de enero de dos mil veintidós, presentado el seis siguiente, en el que la parte actora, aquí quejosa, solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el cinco de abril del dos mil veintidós, la referida responsable emitió un acuerdo en el que decretó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de ciento setenta mil doscientos sesenta pesos con ocho centavos, moneda nacional, en el expediente laboral 441/2018; auto que fue notificado a la parte actora el diecinueve de abril pasado. Luego, si de tales constancias se advierte que la responsable resolvió respecto del acto que se duele la parte quejosa, tal como lo señaló en su apartado de acto reclamado, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto al escrito de referencia, proveído que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el once de marzo pasado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Sustenta esta decisión, por analogía, la tesis II.1º C.T. 217 K, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizare la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63 y la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, relacionada con el artículo 107 de la Ley de la Materia, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es decretar de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. No obsta a lo anterior que le recaiga el carácter de tercero interesado a la persona moral "El Español Nuevo Mundo en Hospedaje", Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad, y que no se haya ordenado su emplazamiento al presente juicio, toda vez que la determinación anterior no le depara perjuicio alguno. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsiste-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AVISO DE NOTIFICACION.- Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio número 1078/2022, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y constancias que acompaña; en cumplimiento al requerimiento realizado en este asunto en auto de cuatro de mayo pasado. Ahora bien, se trae a colación que los actos reclamados en la demanda de amparo promovida por Guadalupe Jiménez Sánchez contra la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su actuario adscrito, con sede en esta ciudad, consisten en: 1.- La omisión de notificar a la parte demandada en el juicio laboral 441/2018, el laudo dictado en el aludido expediente, 2.- La omisión de contestar el escrito de veintiuno de febrero de dos mil veinte, presentado el veinticuatro siguiente, en el que solicitó la aclaración del laudo dictado en el juicio de origen, y, 3.- La omisión de contestar el escrito de cinco de enero de dos mil veintidós, presentado el seis siguiente, en el que solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo en el aludido juicio. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima actualizada la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo en relación con los actos consistentes en la omisión de notificar a la parte demandada en el juicio laboral 441/2018, el laudo dictado en el aludido expediente y la de contestar el escrito de veintiuno de febrero de dos mil veinte, presentado el veinticuatro siguiente, en el que la actora, aquí quejosa, solicitó la aclaración del laudo dictado en el juicio de origen, que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En efecto, como se ha dicho, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe con justificación, mismas que tienen valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que desde el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se notificó a la parte demandada "El Español Nuevo Mundo en Hospedaje", Sociedad Anónima de Capital Variable, el laudo dictado en el juicio laboral de origen; asimismo, el cuatro de enero de dos mil veintiuno, se dio contestación al escrito de la parte quejosa presentado ante ella el veinticuatro de febrero de dos mil veinte del año en curso, en el juicio 441/2018, en el que se solicitó la aclaración del laudo; de lo que se sigue que dichos actos devienen inexistentes; motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. La razón de ello es, porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir al imperante de amparo en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que la quejosa reclamó la omisión de notificar a la parte demandada el laudo dictado en el juicio laboral de origen y la de acordar el escrito en el que se solicitó la aclaración del aludido laudo, en tanto que con las constancias remitidas quedó evidenciado que la omisión encuentra su justificación en la notificación del laudo realizada a la parte demandada el dieciocho de febrero de dos mil veinte y lo resuelto en auto de cuatro de enero de dos mil veintiuno, en el cual se dio contestación a la aclaración del laudo solicitada por la parte quejosa. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de los actos reclamados citados con antelación, en virtud de la demanda de amparo se presentó el once de marzo pasado, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle el derecho respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que se notificó a la parte demandada el laudo dictado en el juicio de origen y se dio contestación a la aclaración del aludido laudo, con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de las omisiones reclamadas. Por otra parte, respecto al restante acto reclamado consistente en la omisión de contestar el escrito de cinco de enero de dos mil veintidós, presentado el seis siguiente, en el que la parte actora, aquí quejosa, solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio de origen, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito de cinco de enero de dos mil veintidós, presentado el seis siguiente, en el que la parte actora, aquí quejosa, solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el cinco de abril del dos mil veintidós, la referida responsable emitió un acuerdo en el que decretó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de ciento setenta mil doscientos sesenta pesos con ocho centavos, moneda nacional, en el expediente laboral 441/2018; auto que fue notificado a la parte actora el diecinueve de abril pasado. Luego, si de tales constancias se advierte que la responsable resolvió respecto del acto que se duele la parte quejosa, tal como lo señaló en su apartado de acto reclamado, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto al escrito de referencia, proveído que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el once de marzo pasado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Sustenta esta decisión, por analogía, la tesis II.1º C.T. 217 K, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizare la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63 y la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, relacionada con el artículo 107 de la Ley de la Materia, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es decretar de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. No obsta a lo anterior que le recaiga el carácter de tercero interesado a la persona moral "El Español Nuevo Mundo en Hospedaje", Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad, y que no se haya ordenado su emplazamiento al presente juicio, toda vez que la determinación anterior no le depara perjuicio alguno. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsiste-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio número 1001/2022, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y un anexo que acompañó, del que se advierte que no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veinticinco de abril del año en curso, en virtud de que no remitió las constancias solicitadas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, siendo dichas documentales necesarias para resolver el presente asunto conforme a derecho, requiérase a dicha autoridad responsable, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita las copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran el expediente 441/2018, de su índice señalando, o en su caso, informe su imposibilidad para hacerlo. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Notifíquese.

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