Guadalupe Jacobo Silva

Expediente 74/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
74/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Jacobo Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 74/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 65-67) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que del incidente único de suspensión relativo a este asunto se advierte que la parte quejosa exhibió un billete de depósito, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, dando cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, esto es: a) Exhibió el billete de depósito ********************, por la cantidad de ********************mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia. Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión provisional, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, dígase que tal requisito no se hizo exigible; ello en virtud, de que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado por el aquí quejoso. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declarará prescrito el billete y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 65-67) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que del incidente único de suspensión relativo a este asunto se advierte que la parte quejosa exhibió un billete de depósito, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, dando cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, esto es: a) Exhibió el billete de depósito ********************, por la cantidad de ********************mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia. Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión provisional, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, dígase que tal requisito no se hizo exigible; ello en virtud, de que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado por el aquí quejoso. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declarará prescrito el billete y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 65-67) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que del incidente único de suspensión relativo a este asunto se advierte que la parte quejosa exhibió un billete de depósito, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, dando cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, esto es: a) Exhibió el billete de depósito ********************, por la cantidad de ********************mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia. Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión provisional, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, dígase que tal requisito no se hizo exigible; ello en virtud, de que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado por el aquí quejoso. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declarará prescrito el billete y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del comunicado 7339 de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, e informa de las constancias que integran el expediente, por lo que el juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias, y toda vez que no existe obstáculo alguno, continúese con el desahogo de la presente audiencia en las etapas que la conforman. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta con la prueba documental ofrecido por la parte quejosa junto con su escrito de demanda. Atento a lo anterior, el juez acuerda: téngase por desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba ofrecida por la parte quejosa de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la Materia aplicable, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior el juez acuerda: con fundamento en el citado numeral, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se aprecia que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se da por concluido este período de la audiencia constitucional, quedando los autos en estado para dictar sentencia, la que se emite en este acto, en los términos siguientes: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 74/2023, promovido por Guadalupe Jacobo Silva; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el siete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, y turnado el mismo día, a este Juzgado Federal, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Juez de Control del XVIII Distrito Judicial del Estado de Veracruz 16 Niega Cosamaloapan, Veracruz 2. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz. 21 Niega Medellín de Bravo, Veracruz. 3. y 4. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del VXII Distrito Judicial en Veracruz. Dom. En el centro Integral de Justicia Veracruz-Centro Avenida Jiménez Sur y Prolongación Cuauhtémoc, col. Vista Mar. 22 Niega Veracruz, Veracruz. 5. Fiscal General del Estado de Veracruz 44 y 45 Niega 6. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz 26 Niega 7. Director General de la Policía Ministerial 29 Niega Xalapa, Veracruz. 8. Director del Centro Penitenciario 38 Niega Cosamaloapan, Veracruz. 9. Director del Centro de Reinserción Social 48 Niega San Andrés Tuxtla, Veracruz. 10. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII en Veracruz. 17 Niega Veracruz, Veracruz. 11. Fiscal Encargado de la Subunidad de Playa Vicente, Comisionado a la Fiscalía de Distrito Judicial 32 Niega Cosamaloapan, Veracruz. De las mismas reclama los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; dio la intervención que le compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, quien no formuló pedimento; finalmente, se fijó fecha y hora para celebrar audiencia constitucional. Por otra parte, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede; sin que hasta la fecha obre constancia en el sentido de que las partes hayan otorgado su consentimiento para que se realice la publicación de sus datos personales; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos que inciden en el derecho fundamental de la libertad personal del quejoso, impugnables en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que los actos que se reclaman en esta instancia son: la orden de aprehensión, comparecencia y/o presentación girada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Del cuadro de reseña de autoridades responsables localizado en el resultando primero de esta resolución, se advierte que las mismas, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. La inexistencia referida, deriva de que las autoridades al rendir sus informes justificados, negaron la certeza de los actos a ellas reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Sin que pase inadvertido para el suscrito, que únicamente al rendir el informe justificado la autoridad responsable 1. Juez de Control del XVIII Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con seden en Cosamaloapan, haya informado que tiene radicado el proceso penal 30/2023, del índice de la Sala B, por el delito de despojo en contra de la aquí quejosa, pues lo cierto es que no ha librado orden privativa de libertad, dado que simplemente se fijó audiencia inicial en libertad de la quejosa, para el día veintitrés de febrero del presente año, y al no existir una orden de captura diversa a la antes manifestada, es claro que no existen los actos reclamados a las autoridades arriba antes citadas. Además, no existe en el presente juicio que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por las autoridades responsables. Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción alguno con el cual desvirtuara la negativa de las mencionadas autoridades, siendo que a esta corresponde acreditar la existencia de los actos que les atribuyen; lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se cita en términos de artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracciones IV y V, y 74, de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Jacobo Silva, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, con quien actúa y da fe.Jorge Lagunes Maitretveinticuatro de marzo de dos mil veintitrésJorge Lagunes Maitret

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano