Guadalupe Israel Vásquez Rodríguez
Expediente 509/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guadalupe Israel Vásquez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, y el estado de autos, en atención a que el quejoso, no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de cinco de marzo de dos mil diecinuev, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General . de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción ., del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se señaló hora y fecha para llevarse a cabo el desahogo de la diligencia de ejercicios caligráficos a cargo del quejoso GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ o ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, esto en atención a que en proveído de veintitrés de enero del año en curso, se ordenó de oficio la práctica de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar si la firma que calza la demanda de amparo fue puesta de puño y letra por el quejoso (fojas 99 a 101). Por consiguiente, a fin de dar oportunidad para que sea desahogada la diligencia citada y emitido el dictamen correspondiente, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo.
- Principal
Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio signado por el Subdirector de Servicios Periciales adscrito a la Vicefiscalía Regional del Istmo, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, recibido vía correo electrónico, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintitrés de este propio mes de enero (fojas 99 a 101); y manifiesta que designó a JAIME SOLORZA ENRIQUEZ, para fungir como perito oficial en materia de grafoscopía, dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia de lo anterior, mediante oficio que al efecto se libre al Subdirector de Servicios Periciales adscrito a la Vicefiscalía Regional del Istmo, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, comuníquesele que deberá informarle al perito oficial en materia de grafoscopía JAIME SOLORZA ENRIQUEZ, que dentro del plazo de tres días, a partir de su notificación, deberá constituirse ante este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, debidamente identificado, con el objeto de hacerle de su conocimiento el cargo conferido, así como los efectos de su aceptación y protesta.
- Principal
Agréguese el escrito del quejoso GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y anexos que acompaña, con el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de este propio mes de enero (foja 89), y manifiesta bajo protesta de decir verdad que su nombre correcto es GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, sin embargo, también utiliza el nombre de ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, por lo cual se trata de la misma persona, acreditándolo con las documentales consistentes en: a) copia certificada del acta de nacimiento número ciento ochenta, a nombre de GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ; b) copia simple de la declaración testimonial a favor de GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ o ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, realizada ante la Notaria Pública número ochenta y cinco, de nueve de mayo de dos mil once, registrada en el instrumento notarial número cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco, volumen ciento tres; c) copia simple de la credencial para votar a nombre de GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ; y d) copia simple de la Clave Única de Registro de Población a nombre de GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ. En atención a las manifestaciones realizadas por el quejoso, así como las documentales que anexó, y atendiendo el contenido de la declaración testimonial de nueve de mayo de dos mil once, de la cual se advierte que GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ o ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, ha utilizado de manera indistinta tales nombres, en consecuencia, se tiene que GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ o ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ es la misma persona. Por otra parte, de las constancias que existen en autos se advierte lo siguiente: a) El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el quejoso GUADALUPE ISRAEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, presentó su escrito de demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (fojas 9 a 15). b) Mediante proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, remitiendo por incompetencia la demanda de amparo promovida por el quejoso, admitiéndose a trámite (fojas 27 a 31). c) Por oficio 848/2018, la autoridad responsable Juez Civil de esta ciudad, rindió informe justificado, remitiendo copia certificada de diversas constancias que integran el expediente civil 369/2010, de su índice (foja 44). d) Al existir discrepancia entre el nombre del quejoso en su escrito de demanda y las constancias que remitió la autoridad responsable, mediante auto de dieciocho de enero del año en curso, se requirió al quejoso aclarara su nombre correcto (foja 89), requerimiento que fue desahogado en los párrafos que anteceden. Ahora, toda vez que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes, en acatamiento al principio de instancia de parte agraviada, este juzgador ordena de oficio la práctica de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar si la firma que calza la demanda de amparo fue puesta de puño y letra por el quejoso. Lo anterior se justifica, ya que se advierte una notoria discrepancia entre la firma que calza el libelo de amparo, la que obra en la demanda interpuesta en el juicio civil 369/2010, del índice del Juzgado Civil de esta ciudad y la que fue estampada en el escrito de cuenta; además, conviene tener presente que el artículo 62 de la Ley de la Materia establece que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, y que esto genera dos consecuencias, ambas reconocidas jurisprudencialmente tanto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal y que son: a) Que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente al del fondo del asunto; y, b) Que los órganos jurisdiccionales de amparo deben indagar sobre la posible actualización de dichas causales cuando adviertan indicios al respecto, para lo cual deben allegarse de las pruebas pertinentes cuando lo estimen necesario. Lo expuesto, con independencia de cuál sea la vía por la que se hubieran advertido tales indicios y al margen de que las partes lo hubieran solicitado, o no, pues, como también lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2013, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 el análisis oficioso de las causales de improcedencia trasciende a la carga de la prueba. Así, los órganos jurisdiccionales de amparo se encuentran obligados a indagar sobre la posible actualización de una causal de improcedencia con independencia de que las partes hayan formulado manifestaciones al respecto. Sin embargo, cuando se trata de la autenticidad de la firma contenida en un escrito de demanda no puede indagarse a partir de cualquier modificación de índole menor en el trazo de ésta (ya que puede variar por distintos motivos acaecidos al momento de plasmarla), sino, exclusivamente, con base en una notoria diferencia que sea apreciable por el juzgador a simple vista. Los anteriores razonamientos se contienen en la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 338/2016, publicada el nueve de junio de dos mil diecisiete, y en la cual la citada Sala, razonó además: "Ahora, considerando lo anterior, esta Segunda Sala concluye que la los (sic) Jueces de Distrito pueden ordenar, de manera oficiosa, la realización de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en una demanda de amparo, cuando quien aparece como promovente en el escrito respectivo comparece a reconocer dicha firma y adviertan a simple vista que existen diferencias notorias entre la firma ratificada y las plasmadas durante el desahogo de la diligencia de la ratificación. Lo anterior, con base en los siguientes razonamientos: En primer lugar, dado que es obligación de cualquier órgano jurisdiccional de amparo estudiar de manera oficiosa y preferente las causales de improcedencia, los Juzgados de Distrito -en tanto tienen esa calidad- deben hacerlo; y ya que dicha obligación conlleva el deber de indagar acerca de la posible actualización de esas causales, al margen de que sea solicitado por las partes, los Juzgados de Distrito también se encuentran obligados a ello. Así, dado que cualquier deber de actuar en cierto sentido implica lógicamente su permisión, es dable concluir que la facultad de un Juzgado de Distrito para verificar si tales causales operan, o no, deriva directamente de su obligación de llevar a cabo esa comprobación. Por tanto, si de la diligencia de reconocimiento relativa a la demanda de amparo se desprende la posible actualización de una causal de improcedencia, concretamente, acerca de la probable falsedad de la firma contenida en tal escrito, debido a que el juzgador advierte a simple vista que existen diferencias notorias entre éstas y las que se suscriban en la comparecencia respectiva, lógicamente se encuentra facultado para indagar oficiosamente al respecto a través de los medios probatorios que estime conducentes para ello. En segundo lugar, dado que la obligación de verificar la posible actualización de una causal de improcedencia surge con independencia de que las partes hayan solicitado el estudio de mérito, es dable considerar que aquélla también es autónoma, por identidad de razón, respecto de cualquier otro tipo de actuaciones que las partes lleven a cabo para impulsar el juicio. Por consiguiente, el hecho de que el promovente de una demanda de amparo reconozca la firma contenida en ella, no puede ser un impedimento para que exista dicha facultad, pues ésta surge con motivo de que el Juez de Distrito aprecie, a simple vista, diferencias manifiestas entre la firma ratificada y las plasmadas durante el desahogo de la diligencia de ratificación, sin que para ello influya lo que las partes hagan o dejen de hacer. Además, el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella; como quedó establecido, sus efectos se agotan, por lo general, en otorgar certeza sobre una voluntad, una obligación o un documento y, en el caso analizado, se limitan a confirmar, o negar, la autenticidad de la firma objeto de cuestionamiento. De ahí que si mediante un reconocimiento se pretende otorgar certeza respecto de la firma contenida en un escrito de demanda, no hay obstáculo legal alguno que impida a los Juzgados de Distrito comprobar la veracidad de lo afirmado al respecto por medio de los medios probatorios que consideren pertinentes siempre y cuando adviertan, a simple vista, notorias diferencias entre aquélla y las suscritas en la diligencia de ratificación. En tercer lugar, la posibilidad de que dichos órganos jurisdiccionales se alleguen de las pruebas que estimen conducentes para comprobar si opera, o no, cierta causal de improcedencia (implícita en la facultad de investigar acerca de la autenticidad de la firma de la demanda -como ya se estableció- cuando sea dable apreciar, a simple vista, notorias diferencias entre la firma ratificada y las trazadas en la diligencia de ratificación), únicamente depende de que la prueba de mérito esté legalmente permitida. De modo que si el artículo 119 de la ley de la materia establece que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones, entonces es posible considerar que la pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, al no estar prohibida, está permitida y, consecuentemente, un Juez de Distrito puede ordenar su desahogo para verificar si se actualiza, o no, una causal de improcedencia en el caso precisado. Lo anterior, se insiste, únicamente cuando el Juez de Distrito del conocimiento observe, a simple vista, que existen diferencias manifiestas entre la firma ratificada y las que hubieran sido plasmadas en la diligencia de ratificación, pues no será suficiente para ello el que exista alguna modificación de índole menor en su trazo. Aunado a ello, dado que los efectos del reconocimiento de la firma plasmada en una demanda de amparo se agotan en otorgar certeza acerca de si fue suscrito por la persona que aparece como promovente en él y se sustentan únicamente en lo manifestado sobre el tema, resulta claro que la pericial aludida es el elemento probatorio idóneo para comprobar la veracidad de lo expresado por quien comparece a desahogar el requerimiento de reconocimiento, así como la autenticidad de la firma. Por ende, prohibir su desahogo conllevaría al absurdo de obligar a los órganos jurisdiccionales de amparo a verificar la posible actualización de una causal de improcedencia -por haber advertido tales diferencias manifiestas- y, al mismo tiempo, impedirles utilizar el medio probatorio idóneo para ello". Por lo anterior, gírese atento oficio al Subdirector de Servicios Periciales del Istmo de la Vicefiscalía Regional del Istmo, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para el efecto de que dentro del plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, se sirva designar un perito en materia de caligrafía y grafoscopía que pueda intervenir en el presente juicio; asimismo, deberá de proporcionar el domicilio del perito que designe a efecto de hacerle saber el cargo que se le confiere.
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