Guadalupe Ismerio Sotelo
Expediente 1613/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1613/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2017
Partes del expediente
- Guadalupe Ismerio Sotelo
Actuaciones
- Principal
DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVENGA EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DADO AL FALLO PROTECTOR; APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE RESOLVERÁ AL RESPECTO CON LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS. NOTIF. PERS.
- Principal
TÉNGASELE AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, INFORMANDO QUE ADMITIO A TRAMITE EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO EN AUTOS. NOT.
- Principal
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos escritos de ampliación de demanda de amparo promovida por el quejoso JOSÉ CONCEPCIÓN MORA NOLASCO, contra actos del Director de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, con sede en San Vicente, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y otras autoridades; con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles para tal efecto, copia simple de la demanda de amparo; apercibidas que de no hacerlo, en su oportunidad, serán sancionadas con una multa de cien a mil Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto en la fracción I del numeral 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, que hace consistir en: "las actas administrativas de fechas 01 al 04 de mayo de 2017, levantadas por la dirección de tránsito responsable." y "la instauración del procedimiento administrativo CTCP-IX/003/2017, realizado por el Consejo Técnico de Carrera Policial del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.", y " la ilegal notificación dentro del expediente administrativo CTCP-IX/003/2017", toda vez que dichos actos les reviste el carácter de consumados y contra éstos es improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 12, visible en la página 13, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE". Sin embargo, para los efectos y consecuencias que derivan de los actos reclamados se concede la suspensión provisional al quejoso JOSÉ CONCEPCIÓN MORA NOLASCO, para el efecto de que sin suspender el procedimiento administrativo disciplinario que se instruye en contra del aquí solicitante del amparo, no se dicte la resolución definitiva en el procedimiento administrativo del cual derivó la cesación y baja de su puesto de Agente de Tránsito; lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables tengan conocimiento sobre lo que se resuelva en definitiva en este incidente de suspensión; en el entendido que en caso de que ya se hubiese dictado dicha resolución, la suspensión se concede solamente para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Lo anterior con apoyo por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 76/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 921, Libro XI, Agosto de dos mil doce, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo.". Ahora, respecto de las consecuencias que derivan de los actos reclamados, que refiere el quejoso ".para que se me siga depositando mi salario según la tarjeta bancaria de nómina.", igualmente se CONCEDE la suspensión provisional solicitada por el quejoso, pues el hecho de dejar de percibir ingresos pone en riesgo su propia subsistencia y la de los que de él dependan, toda vez que a consecuencia de la suspensión de sus funciones, está impedido para obtener un nombramiento diverso con el objeto de prestar sus servicios en alguna otra dependencia o entidad de la administración pública, y la circunstancia de que se le paguen sus emolumentos mientras dure el procedimiento administrativo no vulnera normas de orden público ni lesiona el interés social, porque no existe alguna disposición que prohíba a los servidores que estén suspendidos en sus funciones, con motivo de un procedimiento administrativo, se les paguen sus haberes. En esa virtud, las autoridades responsables deben garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, momento en el cual, al haber sido desvinculado de la institución, puede buscar otra fuente de ingresos Es aplicable en lo conducente la tesis en Materia Constitucional 2a. XVII/2015 (10a.), publicada en la página 839, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES". Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de las investigaciones y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública, de ahí que en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible determinar que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican la suspensión de labores son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho el servidor público derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle. Igualmente, es aplicable en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2015 (10a.), publicada en la página 838, Libro 17, Abril de dos mil quince, Tomo I, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS". En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se llega a la convicción de que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores, así como en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte resolución administrativa en la que determine su responsabilidad y destitución del cargo. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, momento en el cual, al haber sido desvinculado de la institución, puede buscar otra fuente de ingresos". Sin que en el caso sea factible exigir garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa, toda vez que en la especie no existe interés alguno que garantizar, ni tampoco tercero interesado que pudiera resultar afectado en términos del precepto 132 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que esta medida cautelar no surtirá efecto legal alguno, si las autoridades responsables actúan dentro del procedimiento de origen del que derivan los actos reclamados, en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano de control constitucional, aunque se trate de un acto nuevo y distinto para la parte quejosa, ya que hay interés público en que no se entorpezca el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que tienden a restablecer el orden constitucional violado (artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo); pues, la majestad de las sentencias constitucionales hace que resulte un peligro menor la negativa de la suspensión contra un acto que, según todas las apariencias y elementos del incidente, tiende a respetar una ejecutoria de amparo. Por otra parte, agréguense a sus autos los seis sobres que devuelve el Administrador Postal de Correos, con sede en esta ciudad, los cuales contienen los oficios 4086-I, 4087-I, 4394-I, 4395-I, 4565-I y 4566-I, de doce y veintiséis de julio y nueve de agosto de dos mil diecisiete, dirigidos al Consejo Técnico de Carrera Policial y a la Notificadora Comisionada adscrita a dicho Consejo, ambos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, respectivamente; sobres en el que se asentaron la leyenda siguiente: "REHUSADO DOMICILIO ERRÓNEO". Atento a lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, gírese atento oficio con auto inserto del presente proveído, al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, para el efecto de que por su conducto se sirva hacer entrega a las autoridades responsables Consejo Técnico de Carrera Policial y Notificadora Comisionada adscrita a dicho Consejo, ambos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, los oficios 4086-I, 4087-I, 4394-I, 4395-I, 4565-I y 4566-I, de doce y veintiséis de julio y nueve de agosto de dos mil diecisiete, dirigidos a dichas responsables, a fin de que den cumplimiento a lo solicitado en esas comunicaciones oficiales y tengan conocimiento del contenido de los mismos; en la inteligencia de que el mencionado Síndico Municipal deberá remitir a este Juzgado las constancias con las que justifique que hizo entrega a las citadas autoridades los aludidos oficios; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le aplicará una multa de diez Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo dispone la fracción I del arábigo 237 de la Ley de Amparo. Por último, tomando en consideración que el contenido de los oficios derivados del presente incidente de suspensión, dirigidos a las responsables Consejo Técnico de Carrera Policial y Notificadora Comisionada adscrita a dicho Consejo, ambos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, no pueden ser entregados a dichas autoridades, y los mismos se han remitido por conducto del Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, a fin de que den cumplimiento a lo solicitado en esas comunicaciones oficiales y tengan conocimiento de su contenido; consecuentemente, notifíqueseles el presente proveído así como las subsecuentes notificaciones, por conducto del Síndico Municipal, sin perjuicio de que con posterioridad señalen domicilio para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
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