Guadalupe Isadora Santibañez Ríos
Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ignacio López Vázquez
- Guadalupe Isadora Santibañez Ríos
Actuaciones
- Principal
SE TIENE A TRIBUNAL DE ALZADA INFORMANDO EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN, Y QUE EN ACTUACIÓN POSTERIOR CAUSÓ ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. SE ORDENA ARCHIVAR ESTE SUMARIO EN QUE SE ACTÚA POR ESTAR TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Guadalupe Isadora Santivañez Ríos, contra actos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 73, fracciones XXI, XXIX-X y 123 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 797/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. Sentado lo anterior, la parte promovente en esencia señala como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: "IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- SECRETARIA DE FINANZAS, en su calidad de ejecutora como entidad responsable de ejercer el recurso. SECRETARIA DE ADMINISTRACION, en su calidad de ordenadora como entidad responsable de confeccionar y dispersar la nómina laboral burocrática. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, en su calidad de ordenadora como parte patronal. V. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Se violan en mi perjuicio los artículos 1, 5, 14 párrafo segundo, 16 párrafo Primero, 73, fracciones XXI y XXIX-X y 123, Apartado B, fracciones VI y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además se vulneran en mi perjuicio los artículos 82, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y 14 fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, para el debido ejercicio de la responsabilidad administrativa conferida por mandato de ley, en ejercicio de la facultad que le confiere al Poder Ejecutivo la normativa antes referida, pues no ha mediado procedimiento alguno en el que se justifique y motive el cese de mi responsabilidad administrativa mucho menos para que me sea retenido mi salario de manera irregular, por lo tanto, dicha determinación de la retención salarial resulta carente de la debida fundamentación y motivación, para ser privado de manera ilegal y arbitraria del ejercicio del encargo; como tampoco fui condenado mediante sentencia o resolución derivada de la conclusión de algún procedimiento que se siguiera en mi contra para cesarme del ejercicio del cargo." Actos respecto de los cuales resulta procedente desechar de plano la demanda de derechos, al actualizarse de manera manifiesta la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, al accionar el juicio constitucional, la autoridad responsable adquiere el carácter de parte en el procedimiento, pues de ella emanan los actos que, a consideración de la parte quejosa, vulneran su esfera jurídica; además, los particulares adquieren la condición de responsables, cuando realicen funciones equivalentes a las de las autoridades, y que con ello afecten los derechos a los que hace mención el párrafo que antecede. En ese contexto, las características que deben contener los actos realizados por particulares para que éstos sean considerados equiparables a los de autoridad, son los siguientes: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Ahora, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, el cual ha ido evolucionando a lo largo de la historia de éste procedimiento y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública". Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De lo anterior se aprecia que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, los actos de las autoridades responsables deben concebirse, fundamentalmente, excluidos de los diversos que emanan de particulares, por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y para ello es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por su parte, las relaciones de supraordinación son aquellas que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Por lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo es imperativo que la relación jurídica entre la parte quejosa y la entidad a la que se le atribuyan ciertas actuaciones y/o omisiones, se ubique dentro de la denominada de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado cuente con atribuciones para actuar como una autoridad del Estado en un plano de superiorioridad, y lo haga en cumplimiento a un cuerpo normativo. En el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente dicha, como tampoco de un acto de particular que se conduzca con tal carácter. Es así, en tanto que como se precisó en líneas precedentes, los actos atribuidos a las autoridades señaladas con el carácter de responsables Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración y Secretaría General de Gobierno, todas con sede en esta ciudad, relativos a la retención de su salario y cese en las funciones que la quejosa desempeña para las responsables, derivan precisamente de esa relación de de trabajo; lo que conlleva a concluir que se trata de actos entre particulares, pues es relativo a la retención del salario realizado al aquí quejoso por las mencionadas autoridades y cese en las funciones de la aquí quejosa para con las responsables; actos que como tal, carecen de la naturaleza de un acto de autoridad, pues la relación jurídica entre el particular y las mencionadas autoridades, no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos. De ahí que, los referidos actos dentro de esa relación, no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de una relación de coordinación entre particulares. Entendiendo, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. De acuerdo con lo cual, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. De ahí que, las razones expuestas llevan a la conclusión, que las señaladas como autoridades responsables, no actúan con carácter de autoridades porque no ejercen facultades de imperio y de coercibilidad, debido a que no crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral; sino que su actuar es en un mismo plano de igualdad, y no en un plano de supra subordinación, como se dijo en párrafos precedentes. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar la presente demanda de amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Verónica Fuentes Ortiz (2853604) y Francisco Alberto Rojas Torres (5903884), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como medio alterno de contacto el correo electrónico y número de teléfono que proporciona en su ocurso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ... (Se anexan evidencias criptográficas).
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