Guadalupe Horacio Garza Cavazos
Expediente 515/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Guadalupe Horacio Garza Cavazos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de agosto del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, asimismo, se advierte que la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, anexó el duplicado de la causa penal 175/2015, en apoyo a su informe justificado; sin embargo, resulta innecesario la retención de las citadas constancias, por lo que devuélvanse las mismas a la citada autoridad....
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... se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido...
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R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad (foja 4), sin que haya necesidad de transcribirlo, toda vez que no existe disposición que así lo imponga, y que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 102 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, abril de 1992, página 406, materia común, registro 219558, bajo el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." SEGUNDO. Por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se formó expediente y se registró con el número 515/2016-I; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se tuvo como tercero interesado al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien fue legalmente emplazado a juicio; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV de la nueva Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto de autoridad circunscrita a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque previo a verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisado cuál es éste. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI, página 32, y XIX, página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de formal prisión dictado en contra del quejoso, el tres de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la causa penal número 175/2015-2, como probable responsable del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por el artículo 81, primer párrafo, en relación con el artículo 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y POSESIÓN DE CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el artículo 11, incisos b) y f) de la citada ley especial; en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. Una vez precisado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, en seguida se analizará la certeza o inexistencia de aquél, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la tesis aislada del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. La autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que por esta vía se le reclama, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Las causas de improcedencia son de orden público y deben ser analizadas previamente al estudio del fondo del asunto, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, en el caso este órgano de control constitucional no advierte que se actualice alguna. Conviene puntualizar que el juzgado sólo está obligado a exponer las consideraciones y razones por las que se actualiza o no alguna causa de improcedencia que aleguen las partes o, bien, fundar y motivar cuando de oficio se advierte una, pero no hay tal deber de analizar porqué cada una de las causas de improcedencia previstas en la ley no se actualizan, de ahí que este juzgador no realice mayor pronunciamiento. Máxime que el auto de formal prisión es susceptible de análisis de control constitucional mediante el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un acto emitido por autoridad jurisdiccional, cuya ejecución es de imposible reparación y que no está condicionado al principio de definitividad. QUINTO. Ahora bien, los conceptos de violación expresados por el quejoso en su escrito de demanda, devienen ineficaces, sin que se advierta deficiencia alguna que amerite suplencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado los razonamientos que se expondrán en párrafos siguientes. En ese sentido la quejosa, en esencia, manifestó en sus conceptos de violación lo siguiente: Que la autoridad responsable no tomó en cuenta lo declarado por el quejoso y los alegatos de la defensa; Que omitió realizar una apreciación consciente de las pruebas aportadas en la averiguación previa y en el proceso; Que tampoco tomó en cuenta la ausencia de un enlace natural o más o menos necesario entre la verdad histórica y la que se busca; Que se le concedió validez legal a las pruebas que no cumplían con las formalidades constitucionales y procedimentales, Que tuvo indebidamente acreditados el lugar y circunstancias de ejecución del delito atribuido al quejoso, por lo que no quedaron plenamente demostrados los elementos de los delitos; Que la autoridad responsable no debió haber considerado dictar el auto de formal prisión que por esta vía combate, puesto que no existió dolo, es decir, no tuvo conocimiento, ni voluntad de introducir o portar un arma, ya que esta venía en la parte de atrás de la camioneta dentro de una lavadora; Que la autoridad responsable se encontraba en la imposibilidad material de comprobar la existencia del cuerpo del delito, pues se desprende del pliego de consignación y del auto de plazo constitucional, que la existencia del delito que se le imputa, no estuvo a su disposición y no pudo corroborar que los objetos bélicos, fuesen de los exclusivos del ejército y fuerza aérea nacional, en virtud de que no fueron remitidos a la Secretaría de la Defensa Nacional en tiempo y forma; Que la Fe Ministerial practicada, transgredió los requisitos legales de la Ley adjetiva, siendo éstos los referentes a la inspección, pues el Agente del Ministerio Público realizó una inspección del cuerpo del delito en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, no así, en el lugar de los hechos donde fue detenido, por lo que no demostró tener la certeza de que hubieran sido encontrados en el lugar y en las circunstancias que refieren los elementos verificadores; Que de acuerdo a la naturaleza, lugar y circunstancias de la probable comisión de los ilícitos, era necesaria una reproducción y reconstrucción de los hechos descritos en el acta de inicio; Que el Ministerio Público de la Federación dio Fe ministerial de los objetos bélicos que le mostraron los agentes verificadores, sin atender a la descripción inconsistente que hacen en su acta de inicio PAMA; Que no se obtuvieron datos bastantes durante la averiguación previa, para comprobar el cuerpo de los delitos, y con ello, hacer probable la responsabilidad del quejoso en la comisión de los ilícitos; Que de conformidad con el artículo 287, último párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, no puede darse valor probatorio pleno al parte informativo, aun cuando haya sido signado por dos verificadores, pues una diligencia signada por dos verificadores aduanales, tendrá el valor de un testimonio y no de dos; Que para constituir una prueba de presunción, de las investigaciones, debió obtenerse una variedad de indicios, que tengan puntos de convergencia; es decir, si se obtiene un indicio, debe ser complementado por otro con el que coincida en los aspectos esenciales de forma material; Que la diligencia fue llevada a cabo por los verificadores aduanales, resultando de ello el acta de inicio (PAMA), la cual no puede encontrar apoyo en el resto de las diligencias efectuadas por el Agente del Ministerio Público, ya que en éstas, sólo consta la existencia unos objetos que pueden ser el cuerpo de un delito, pero para que eso sea probable, debe establecerse la relación con un elemento humano de acuerdo a ciertas circunstancias que no era posible percibir, suponer y mucho menos, por qué no reconstruyó las narraciones de los verificadores como lo exigen las reglas del procedimiento; Que sólo existe un indicio del cuerpo de los delitos y de la probable participación en tales, el cual es el acta de inicio de once de diciembre de dos mil quince, mismo que tiene la calidad de prueba testimonial, por lo que un solo indicio no puede constituir prueba plena; Que en cuanto a la cadena de custodia de los objetos bélicos, se deriva, la obligación de todos los servidores públicos de observar los lineamientos de los Protocolos de Cadena de Custodia, para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, por lo que causa agravio que la autoridad haya inadvertido la ilegalidad e inconstitucionalidad de los medios de prueba, considerados por el A quo para tener por acreditados los elementos del delito y la probable responsabilidad del quejoso, en virtud de que tales medios de prueba consistente en actuación en las que el Agente del Ministerio Público de la Federación con apoyo de peritos oficiales de la Procuraduría General de la República, dio fe de la existencia y características de objetos que fueron tratados en violación de los lineamientos de los protocolos de cadena de custodia, dichos objetos fueron los objetos bélicos, cuerpo del delito de las armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada de México y fuerza aérea nacional, y armas de fuego sin licencia y posesión de cartuchos para arma de fuego ambos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional, Que los protocolos de la cadena de custodia determinan que se debe realizar en el lugar de los hechos lo siguiente: Acordonamiento (no existe medio probatorio en autos de la indagatoria, de que éste procedimientos se haya efectuado) Fijación fotográfica o videograbación (no se realizó en el lugar de los hechos. Las fotografías que obran en autos de la indagatoria, fueron tomadas en las instalaciones de la Procuraduría General de la República de Reynosa) Fijación fotográfica o videograbación del vehículo donde supuestamente se encontraron los objetos, cuerpo de los delitos que me atribuyen (no se realizó en el lugar de los hechos) Embalaje de las armas y cartuchos (no se realizó en el lugar de los hechos; de las fotografías que obran en autos se desprende, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría General de la República de Reynosa, Tamaulipas) Fotografía o videograbación de los indicios o evidencias (se realizó en instalaciones de la Procuraduría General de la República de Reynosa, y no en el lugar de los hechos). Que los objetos cuerpo de los delitos fueron alterados y manipulados, en contravención de lineamientos diseñados para garantizar la legalidad, seguridad pública y presunción de inocencia; Que la autoridad responsable tenía la obligación de realizar un ejercicio previo de ponderación normativa, entre la protección nacional e internacional, aplicando los parámetros que resultaran más favorables al inculpado; Que las probanzas, fueron obtenidas a causa y durante la privación ilegal de su libertad, mientras lo mantuvieron retenido en las instalaciones de la Procuraduría; Que se le privó ilegalmente de su libertad, misma que duró desde su detención en supuesta flagrancia, el día once de diciembre de dos mil quince y hasta su puesta a disposición del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, el catorce del mismo mes y año; y, Que fue detenido el once de diciembre de dos mil quince, por elementos verificadores adscritos a la aduana de Reynosa, aproximadamente a las trece horas con quince minutos, en supuesta flagrancia y fue puesto a disposición del Agente Tercero del Ministerio Público de la federación, alrededor de las diecisiete horas del mismo once de diciembre de dos mil quince, cuatro horas con cuarenta y cinco minutos después, no así inmediatamente. En el caso, como quedó establecido en el considerando segundo, el quejoso reclama el auto de formal prisión de tres de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la causa penal número 175/2015-2, como probable responsable del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por el artículo 81, primer párrafo, en relación con el artículo 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y POSESIÓN DE CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el artículo 11, incisos b) y f) de la citada ley especial; en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. Al respecto, se estima importante destacar que la emisión del dictado de un auto de formal prisión es un acto previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), cuyo numeral regula los requisitos de forma y fondo que debe cumplir dicha resolución, así como el plazo en que debe emitirse. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los demás datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. ." Del artículo citado, se advierte que todo auto de formal prisión para que pueda considerarse como legal debe reunir los requisitos que prevé el artículo 19 constitucional, que son de forma y fondo, a saber: Forma, se satisface cuando se fija con toda precisión, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, así como la enunciación del ilícito atribuido al indiciado y los preceptos legales aplicables al caso. Fondo, se cumple cuando los datos contenidos en la causa penal, son bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del implicado. Sin embargo, cabe destacar que los autos de formal prisión no sólo deben de contener los requisitos que establece el artículo 19 constitucional, porque como todo acto de autoridad, también deben satisfacer las exigencias y condiciones relativas al derecho fundamental de seguridad jurídica, que se consagran en diversos preceptos constitucionales. Tal consideración, encuentra sustento en la jurisprudencia 1ª/J 20/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional. Ello es así, porque para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental." Bajo ese contexto, se estima necesario puntualizar que el auto de formal prisión es un acto de autoridad que se clasifica como de molestia, pues son los que afectan la esfera jurídica del gobernado de manera provisional o preventiva en un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Lo anterior se afirma, porque en el caso particular la formal prisión no tiene la finalidad de privar en definitiva a la parte quejosa de su libertad personal, sino a restringirla provisionalmente hasta el dictado de una sentencia firme en que se absuelva o condene al reo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Así, debe decirse que los actos de molestia emitidos por autoridad se encuentran regulados en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Mexicana, que dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del párrafo del precepto transcrito se advierte que todo acto de molestia, para ser legal debe: Constar por escrito, emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe precisar, que para resolver la situación jurídica del gobernado que concluya en auto de formal prisión, en relación a los hechos por los que consigna el fiscal, en aras de una justicia completa, el juez del conocimiento está obligado a examinar todo el material probatorio aportado por las partes hasta esa etapa procesal, con la finalidad de resolver los hechos en los que recaen el o los ilícitos, esto es, determinar cuáles son los que prevalecen y acreditan el hecho, los que no tienen eficacia probatoria o, bien, los que no aportan nada al hecho. Por tanto, de lo expuesto se advierte que para el legal dictado del auto de formal prisión, se deben colmar los requisitos de: a) Constar por escrito, emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. b) Forma, el cual se satisface cuando se fija con toda precisión, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, así como la enunciación del ilícito atribuido al indiciado y los preceptos legales aplicables al caso; y, c) Fondo, que se cumplen cuando los datos contenidos en la causa penal, son bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del implicado. Del artículo 16 y 19 Constitucional, como se anticipó, se advierte que la resolución en que se decrete el auto de formal prisión, requiere de los siguientes elementos: a) que sea dictada por autoridad judicial competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; b) que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, así como la enunciación del ilícito atribuido al indiciado y los preceptos legales aplicables; y, c) que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. En ese contexto, en el caso particular, se advierte que en el auto de formal prisión reclamado no se infringieron los requisitos descritos, como se expondrá más adelante. Como se precisó en el marco jurídico que antecede, en relación con el inciso a), este es uno de los requisitos que debe contener el auto de formal prisión para su validez constitucional, mismo que en la especie se cumplió, toda vez que se dictó auto de formal prisión mediante resolución que consta por escrito, por la autoridad competente Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, quien es competente para emitirlo y conocer de las causas penales que se siguen por la comisión de delitos como los que ahora nos ocupan, por tratarse de una autoridad judicial del orden federal, y encontrarse dentro de la jurisdicción territorial de tal juzgado; asimismo, dicha resolución fue debidamente fundada y motivada, ello es así, pues la autoridad expresó en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulan el hecho y las consecuencias jurídicas que pretendía imponer el acto de autoridad y dio a conocer al gobernado las razones por las cuales se considera que el hecho se encuentra probado y expresamente previsto en la disposición legal que se aplicó. Sustenta lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por otro lado, respecto del inciso b), también se cumplió con tal requisito, pues en virtud del material probatorio que tomó en consideración la autoridad responsable para emitir su determinación, se advierte que la conducta ilícita se efectuó el once de diciembre de dos mil quince, siendo aproximadamente las trece horas con quince minutos (circunstancia de tiempo), en la sección Aduanera denominada "Puente Internacional Anzaldúas" en esta ciudad (circunstancia de lugar), cuando se presentó por el carril de nada que declarar una camioneta de la marca Dodge, tipo pick up, color gris, la que al someterse al mecanismo de selección automatizado, le correspondió luz roja; que procedieron a la revisión del mencionado vehículo y solicitaron al conductor la documentación aduanera de la mercancía que transportaba, presentando el formato de excedente de franquicia con número de operación 15120024757530; que por la cantidad de maletas y mercancía se envió a una segunda revisión no intrusiva rayos X "rapiscan" que arrojó una alerta en imagen que marcaba en la lavadora, por lo que se hizo una revisión exhaustiva detectando dentro de la misma cuatro armas, dos mil setecientos treinta y cinco cartuchos, siete cargadores, así como diverso numerario en moneda estadounidense, sin que contara con los permisos pertinentes de las armas y municiones (circunstancia de modo). Por otra parte, respecto del requisito marcado con el inciso c), el mismo se encuentra satisfecho, por los motivos que se exponen enseguida. Del acto reclamado se advierte que los ilícitos en estudio se contemplan en los siguientes preceptos legales: "ARTÍCULO 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: [.] II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y [...]" "ARTÍCULO 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: [.] b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Super y Comando, y las de calibres superiores [.]" "ARTÍCULO 81.- Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes." "ARTÍCULO 9.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta Ley, armas de las características siguientes: I.- Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380" (9 mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38" Super y .38" Comando, y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas. [.]" "ARTÍCULO 83 Quat (sic).- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. [.]" "ARTÍCULO 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: [.] b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Super y Comando, y las de calibres superiores. [.] f).- Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con postas superiores al "00" (.84 cms. de diámetro) para escopeta. [.]" Con base en dichos dispositivos, la autoridad responsable sostuvo que los elementos materiales para acreditar el cuerpo de los delitos atribuidos al quejoso, eran los siguientes: PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL La existencia de armas de fuego, que por su calibre o sistema de funcionamiento sean de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país, cuya clasificación legal encuadre en el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Que el activo lleve consigo tal armamento, dentro de su esfera material y alcance inmediato; y, Que tal portación se lleve a cabo sin tener el o los activos el permiso correspondiente expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional, o sin ser miembros de los institutos castrenses del país. PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO SIN LICENCIA La existencia física de armas de fuego de las no reservadas para el uso exclusivo de las fuerzas castrenses del país; Que el activo del delito lleve consigo el arma de fuego dentro de su esfera material y alcance inmediato; y, Que tal conducta se realice sin contar con la licencia correspondiente. POSESIÓN DE CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL La existencia de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo de la milicia nacional, cuya clasificación legal encuadre en el artículo 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Que el activo del delito tenga bajo su radio de acción y disponibilidad los referidos cartuchos; Que dichos cartuchos excedan de las cantidades permitidas en la ley; y, Que la anterior conducta la realice el activo sin contar con la autorización correspondiente, ni pertenecer a las fuerzas armadas del país. Ahora bien, se procede a analizar si en el mismo se colmaron los requisitos señalados en el inciso c), relativos a la comprobación del cuerpo del delito que se atribuye al inculpado y su probable responsabilidad en su comisión. Al respecto el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "ARTICULO 168.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera. La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley." Se entiende por cuerpo del delito al conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito. Por su parte, la probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo, en cualquiera de las formas previstas por el artículo 13 del Código Penal Federal, y no exista causa que excluya la responsabilidad penal. En el caso concreto, los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO SIN LICENCIA, y POSESIÓN DE CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, atentos al auto de formal prisión reclamado, se encuentran previstos y sancionados en el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; artículo 81, primer párrafo, en relación con el artículo 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el artículo 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el artículo 11, incisos b) y f) de la citada ley especial; en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, respectivamente, los cuales disponen que comete el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional, el que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, el cual se sancionará con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de la citada Ley, esto es, Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Super y Comando, y las de calibres superiores. Por su parte comete el delito de portación de armas de fuego sin licencia, quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de la citada Ley sin tener expedida la licencia correspondiente y se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, y en caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. Asimismo, comete el delito de posesión de cartuchos del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional, el que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, a quien se le sancionará con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y, con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley, tales como, Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Super y Comando, y las de calibres superiores, Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con postas superiores al "00" (.84 cms. de diámetro) para escopeta. Ahora bien, por razón de método, se procede al estudio conjunto de los elementos que conforman los delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, Portación de Armas de Fuego sin licencia, y Posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. El primer elemento de dichos ilícitos, como bien se apreció en el acto reclamado, se acreditó con la fe ministerial efectuada el doce de diciembre de dos mil quince, por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora, con sede en esta ciudad, a la cual se le concedió valor probatorio pleno en términos del artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que en lo que interesa refiere: "- - - a).- 01-Un arma de fuego, del tipo pistola, calibre .22" WMR, de la marca Kel Tec, modelo PMR-30, con número de matrícula inscrito WVM37, acompañada de 02-Dos cargadores para dicha arma;- - - - - - - - - b).- 01-Un arma de fuego, del tipo pistola, calibre .380" Auto, de la marca Glock, modelo 42, con número de matrícula inscrito AAZU128, acompañada de 02-Dos cargadores para dicha arma;- - - - - - - - - - - - - - - - c).- 01-Un arma de fuego, del tipo pistola, calibre .22" L.R., de la marca Beretta, modelo U22 Neos, con número de matrícula inscrito R66984, acompañada de 02-Dos cargadores para dicha arma;- - - - - - - - - d).- 01-Un arma de fuego, del tipo pistola, calibre 9 milímetros Parabellum (9 por 19 milímetros), de la marca Sig Sauer, modelo P938, con número de matrícula inscrito 52B084775, acompañada de 01-Un cargador para dicha arma;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e).- 100-Cien cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre 30-30 Win, de la marca Winchester;- - - - - - - - - - - - - - - - - - f).- 25-Veinticinco cartuchos hábiles para arma de fuego calibre 12GA, de la marca Remington;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g).- 10-Diez cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre 12 GA, de la marca Winchester;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h).- 300-Trescientos cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .22" L.R. de la marca CCI;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i).- 50-Cincuenta cartuchos hábiles para arma de fuego calibre .22" VMR, de la marca Hornady;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j).- 200-Doscientos cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .22" VMR, de la marca CCI;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k).- 1,110-Un mil ciento diez cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .22" L.R., de la marca Winchester;- - - - - - - - - l).- 300-Trescientos cartuchos hábiles para arma de fuego .22" L.R. de distintas marcas,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m).- 100-Cien cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .17" HMR, de la marca Hornady;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n).- 40-Cuarenta cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre 30-06 Springfield, de la marca Remington;- - - - - - - - - - ñ).- 80-Ochenta cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre 30-06 Springfield, de la marca Winchester;- - - - - - - - - - o).- 60-Sesenta cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .308" Winchester, de la marca Winchester;- - - - - - - - - - - - p).- 60-Sesenta cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .270" Winchester, de la marca Winchester;- - - - - - - - - - - - q).- 13-Trece cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .270" Winchester, de la marca F C;- - - - - - - - - - - - - - - - - - r).- 50-Cincuenta cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .357 Magnum, de la marca Monarch;- - - - - - - - - - - - - - s).- 150-Ciento cincuenta cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .45" Auto, de la marca Monarch;- - - - - - - - - - - - - t).- 20-Veinte cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .44 Rem Mag, de la marca W-W;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u).- 07-Siete cartuchos hábiles para arma de fuego del caliribre 9 milímetro Luger, de la marca Winchester; y;- - - - - - - - - v).- 60-Sesenta cartuchos hábiles para arma de fuego del calibre .243" Win, de la marca R-P. - - ." La fe ministerial anterior, se relacionó con el dictamen de balística realizado el doce de diciembre de dos mil quince, por Ricardo Javier Alvarado Wallace, perito en materia de balística forense adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, al cual se le concedió valor probatorio pleno, en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el cual en lo que interesa, se concluyó (foja 277): "PRIMERA.- LAS ARMAS DE FUEGO TIPO PISTOLA, DESCRITAS EN LOS DÍGITOS 1), 3) Y 5), EN EL APARTADO DE DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DE ESTUDIO, POR SU TIPO Y CALIBRE, LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS LAS CONTEMPLA EN SU ARTÍCULO 9° FRACCIÓN I, COMO DE LAS ARMAS QUE PUEDEN POSEERSE O PORTARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR ESTA LEY. SEGUNDA.- LOS CARTUCHOS PARA ARMA DE FUEGO, DESCRITOS EN LOS DÍGITOS 10) Y 11), EN EL APARTADO DE DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DE ESTUDIO DEL PRESENTE DICTAMEN, POR SU CALIBRE, LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS LOS CONTEMPLA EN SU ARTÍCULO 10 BIS); COMO DE LOS CARTUCHOS EMPLEADOS EN LAS ARMAS DE FUEGO QUE PUEDEN POSEERSE O PORTARSE. TERCERA.- EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, DESCRITA EN EL DÍGITO 7), EN EL APARTADO DE DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DE ESTUDIO, POR SU TIPO Y CALIBRE, LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS LA CONTEMPLA EN SU ARTÍCULO 11 INCISO B); COMO RESERVADA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. CUARTA.- LOS CARTUCHOS PARA ARMA DE FUEGO, DESCRITOS EN EL DÍGITO 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) Y 27), EN EL APARTADO DE DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DE ESTUDIO DEL PRESENTE DICTAMEN, POR SU TIPO DE BALA (CON ARTIFICIO ESPECIAL), LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS LOS CONTEMPLA EN SU ARTÍCULO 11 INCISO F); COMO DE LOS RESERVADOS PARA EL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL. QUINTA.- LOS CARTUCHOS PARA ARMA DE FUEGO, DESCRITOS EN EL DÍGITOS 24), 25), Y 26), EN EL APARTADO DE DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DE ESTUDIO DEL PRESENTE DICTAMEN, POR SU CALIBRE, LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS LOS CONTEMPLA EN SU ARTÍCULO 11 INCISO F); COMO DE LOS RESERVADOS PARA EL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL. SEXTA.- LOS CARGADORES PARA ARMA DE FUEGO, DESCRITOS EN EL PRESENTE DICTAMEN EN EL DÍGITOS 2), 4), 6) Y 8), DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, NO LOS CONTEMPLA EN NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS." Además, se tomaron en consideración diversas placas fotográficas en las que se advierten los objetos bélicos afectos, las cuales constituyeron indicios de la existencia de las armas y cartuchos, de conformidad con lo establecido en el dispositivo 285 del código procedimental de la materia, por lo que relacionados los medios probatorios mencionados, como bien lo sostuvo el Juez responsable, se acreditó la existencia física de las armas y cartuchos descritos en la fe ministerial. Ahora bien, efectivamente, el segundo de los elementos se encuentra demostrado con el Acta de hechos número 148/2015 de once de diciembre de dos mil quince, suscrita por personal de la Aduana de Reynosa, Aarón Ordoñez Capetillo, en su calidad de verificador y los testigos Álvaro Campas Gracia y Julio Morales Rosas, mediante el cual sustancialmente informaron que aproximadamente a las trece horas con quince minutos de ese día, en la sección aduanera denominada "Puente Internacional Anzaldúas" de esta ciudad, cuando se presentó por el carril de nada que declarar una camioneta de la marca Dodge, tipo pick up, color gris, la que al someterse al mecanismo de selección automatizado, le correspondió luz roja; que procedieron a la revisión del mencionado vehículo y solicitaron al conductor la documentación aduanera de la mercancía que transportaba, presentando el formato de excedente de franquicia con número de operación 15120024757530; que por la cantidad de maletas y mercancía se envió a una segunda revisión no intrusiva rayos X "rapiscan" que arrojó una alerta en imagen que marcaba en la lavadora, por lo que se hizo una revisión exhaustiva detectando dentro de la misma cuatro armas, dos mil setecientos treinta y cinco cartuchos, siete cargadores, así como diverso numerario en moneda estadounidense, sin que contara con los permisos pertinentes de las armas y municiones. Dicha acta fue ratificada, por lo que adquirió el carácter de prueba testimonial emitida en términos de lo establecido en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Pnelaes, por lo que individualmente se le concedió valor de indicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 de dicho ordenamiento. El anterior medio probatorio, se relacionó con la fe ministerial de objeto efectuada el doce de diciembre de dos mil quince, por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora, con sede en esta ciudad, a la cual se le otorgó valor probatorio pleno. En ese sentido, los anteriores medios de prueba, relacionados lógica, natural y jurídicamente, en términos del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, como correctamente afirmó el Juez responsable, resultaron suficientes y aptos para acreditar que en las circunstancias de modo, tiempo y lugar el sujeto activo portó armas de fuego, una de ellas de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país y tres de las no reservadas para esa exclusividad; además poseyó una pluralidad de cartuchos de diversos calibres, de los cuales surten armas de fuero de las mencionada exclusividad, por ende, se tuvo por acreditado el segundo de los elementos. Por otra parte, el elemento normativo propio del delito de POSESIÓN DE CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, relativo a que las municiones de que se trata, excedan de los límites permitidos por la ley, debe decirse que quedó plenamente demostrado, como bien refiere el Juez de Distrito responsable, pues tratándose de dichos pertrechos, no existe límite señalado, y en esas condiciones, el llevar consigo uno sólo de ellos, permite considerar como ilegal su posesión; de ahí que si en el caso el activo tuvo bajo su radio de acción y disponibilidad personal los cartuchos descritos en la fe ministerial, es motivo suficiente para concluir que se actualiza tal componente. Por otra parte, los elementos normativos afines a los delitos restantes, consistentes en que el activo porte armas de fuego del uso exclusivo y no exclusivo de las fuerzas armadas del país, y también posea cartuchos para armas de fuego de la citada exclusividad, sin tener el permiso correspondiente, y sin ser miembro de los institutos castrenses del país, se encuentran acreditados en autos; pues no existe constancia que así lo justifique, ni prueba alguna que demuestre que aquél sea miembro el Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. En esa virtud, se concluye que en el caso se actualizan en su totalidad los elementos que conforman el cuerpo de los delitos en estudio. De la misma manera, como en forma correcta lo apreció el Juez responsable, la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO SIN LICENCIA, y POSESIÓN DE CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, se encuentra acreditada en términos del artículo 168, tercer párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual señala: "Artículo 168. . La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad." De lo anterior se desprende que para tener por acreditada la probable responsabilidad del inculpado en la comisión de los delitos que se le atribuyen, deben colmarse los siguientes supuestos: Que se deduzca la autoría o participación del inculpado; Que se deduzca la comisión dolosa o culposa del delito; y, Que no exista acreditada alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad de las que sea procedente analizar en esta etapa procesal. Respecto del requisito referente a que se deduzca la autoría o participación del indiciado en la comisión de los citados delitos, debe decirse que quedó acreditado con los atestes de los elementos de la Aduana de Reynosa Aarón Ordoñez Capetillo, Álvaro Campas Gracia y Julio Morales Rosas, vertidos a través del acta de hechos número 148/2015, de once de diciembre de dos mil quince, a los cuales se les otorgó valor de indicio individualmente, de conformidad con el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la ratificación que de la misma efectuaron ante la autoridad ministerial, mediante la cual informaron que aproximadamente a las trece horas con quince minutos de ese día, en la sección aduanera denominada "Puente Internacional Anzaldúas" de esta ciudad, cuando se presentó por el carril de nada que declarar una camioneta de la marca Dodge, tipo pick up, color gris, la que al someterse al mecanismo de selección automatizado, le correspondió luz roja; que procedieron a la revisión del mencionado vehículo y solicitaron al conductor Guadalupe Horacio Garza Cavazos, la documentación aduanera de la mercancía que transportaba, presentando el formado de excedente de franquicia con número de operación 15120024757530; que por la cantidad de maletas y mercancía se envió a una segunda revisión no intrusiva rayos X "rapiscan" que arrojó una alerta en imagen que marcaba en la lavadora, por lo que se hizo una revisión exhaustiva detectando dentro de la misma cuatro armas, dos mil setecientos treinta y cinco cartuchos, siete cargadores, así como diverso numerario en moneda estadounidense sin que contara con los permisos pertinentes de las armas y municiones. Lo anterior, adminiculado con la fe ministerial del material bélico de que se trata, así como el dictamen en balística que determinó las características del mismo, y el dictamen en representación gráfica que demuestra la existencia de los objetos de los delitos, sin que sea obstáculo que el quejoso haya manifestado que desconocía la existencia del material bélico, aseverando que la lavadora que traía en la camioneta se la entregó una persona en Houston, Texas, para entregarla en Villa de Santiago, Nuevo León; toda vez que esa postura defensiva no se encuentra acreditada con prueba alguna, además, como sostuvo el Juez responsable, resulta inverosímil que dado el ambiente que impera en esta región fronteriza, ignorara la existencia del material bélico afecto. En esas condiciones, hasta este momento es de sostenerse que el quejoso, probablemente intervino por sí mismo en la comisión de los delitos que se tuvieron por acreditados, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, conforme a los elementos de prueba señalados en este propio considerando. En otro orden, participa de razón el Juez responsable en cuanto, estimó que de los medios de convicción que obran en autos, también se induce que fue dolosa la intervención del aquí quejoso, en la comisión de los delitos expresados, en términos de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo primero, del Código Penal Federal; lo que aunado a lo expuesto por el indiciado en su correspondiente declaración preparatoria, en la que dijo ser de nacionalidad mexicana, con cincuenta y tres años de edad, originario y vecino de Villa de Santiago, Monterrey, Nuevo León, de ocupación obrero desde hace veintidós años en una compañía de Houston, Texas y haber cursado la educación secundaria; datos que llevan a concluir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 del citado Código, que se trata de una persona que ha interactuado en medios sociales en los que culturalmente se sabe que portar armas de fuego de las reservadas y no para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, así como poseer cartuchos para armas de esa exclusividad, sin tener la autorizaciones correspondientes y sin ser miembro de las fuerzas armadas del país, constituyen delitos; por tanto, tales circunstancias permiten inferir que el indiciado sabía las consecuencias que contrae la realización de las conductas que se le atribuyen, y por ende, que tenía conciencia de los elementos objetivos y normativos de los tipos de que se trata. Aunado a que no existe prueba alguna que demuestre que el indiciado se encontraba en una situación excepcional que le impidiera tener conocimiento de lo ilícito de su conducta; por lo que se reitera que probablemente realizó los injustos que se le atribuyen de manera consiente, lo que conlleva a inducir que actuó con dolo. Luego, hasta el momento no se advierte que el indiciado hubiere actuado bajo un error, sea por desconocimiento de la ley o de su alcance, o porque hubiera creído que su conducta se encontraba amparada por una causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad; además actuó dentro de un margen de libertad, al no mediar coacción física o moral en su contra. Consecuentemente, quedó demostrada la probable responsabilidad del ahora quejoso en la comisión de los delitos señalados en el segundo considerando de esta ejecutoria, atento a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y participación del delito que han quedado especificadas; sin que en el caso a estudio existan causas de justificación del delito, ni se consideran inimputable el quejoso. De lo anterior, se advierte que resulta infundado el concepto de violación marcado en esta ejecutoria con el número I, pues como ya se expuso en párrafos precedentes, el Juez responsable sí valoró la declaración del inculpado; sin embargo, al respecto manifestó que la misma resultaba insuficiente para desvirtuar los medios de convicción examinados, como se desprende de la transcripción siguiente: "Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión, que Guadalupe Horacio Garza Cavazos, haya manifestado que desconocía la existencia del material bélico afecto, aseverando que la lavadora que traía en la camioneta se la entregó una persona en Houston, Texas, para entregarla en Villa de Santiago, Nuevo León; toda vez que esa postura defensiva no se encuentra acreditada con prueba alguna, además, resulta inverosímil que dado el ambiente que priva en esta región fronteriza, ignorara la existencia del material bélico afecto. Por tanto, tal manifestación es insuficiente para desvirtuar los medios de convicción examinados con anterioridad, los cuales resultaron suficientes para deducir la probable autoría de dicho indiciado en la comisión de los delitos que se le atribuyen; por lo que es de sostenerse que la presunción de inocencia que opera a su favor, hasta este momento se encuentra desvirtuada." (foja 695 y 695 vuelta del tomo de pruebas). Por otra parte, respecto de lo argumentado en relación a que la autoridad responsable no tomó en cuenta los alegatos de la defensa, es fundado pero ineficaz, pues si bien es cierto que el juez responsable fue omiso en pronunciarse respecto de los alegatos presentados por el defensor particular Julio César Díaz Martínez, mediante escrito de dieciocho de diciembre de dos mil quince, (foja 424 del tomo de pruebas), en el cual en esencia, solicitó que al momento de resolver la situación jurídica de su defendido, se le absolviera por falta de elementos para procesar, en virtud de que no se desprendía que existieran elementos suficientes para procesarlo, atento al principio in dubio pro reo, también lo es que en nada le beneficia que se tomen en consideración, pues atento a lo expuesto en los párrafos precedentes se ven desvirtuados sus alegatos, ya que es claro que los elementos del cuerpo de los delitos en estudio, así como la probable responsabilidad del inculpado quedaron demostrados con el cúmulo del material probatorio analizado en este considerando. Por otro lado, en relación a los argumentos vertidos en el concepto marcado con el número II, en sentido de que la responsable omitió realizar una apreciación consiente de las pruebas aportadas, lo anterior resulta en una parte, fundado pero ineficaz, y en otra infundado, ello atento que en el escrito de pruebas presentado el dieciséis de diciembre de dos mil quince, se ofrecieron diversas documentales privadas, consistentes en cartas de buena conducta y constancia de trabajo, respecto de las cuales el Juez responsable no se pronunció; empero, tales documentales no son idóneas para demostrar que no se acreditan los elementos del cuerpo del delito, ni la probable responsabilidad, ni desvirtúan las pruebas que se tomaron en consideración para resolver la situación jurídica del aquí quejoso, pues a lo sumo se acreditaría con ellas que el quejoso observa ante dichas personas una buena conducta y que su centro de trabajo es la empresa Steel Fabricating Personnel, Inc, desde el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis. Por otro lado, respecto de los diversos medios probatorios ofrecidos en dicho escrito, consistentes en las testimoniales a cargo de Juan Salazar Salazar y María Dolores Leal Salazar, las mismas no se desahogaron en virtud de que el defensor particular no los presentó en la hora y fecha señaladas, como se advierte de la certificación y proveído que obran a fojas 432 y 433, del tomo de pruebas, por lo que resulta infundado que la autoridad responsable no haya hecho apreciación alguna al respecto. Igual determinación aplica al resultar infundado lo relativo a la diversa prueba consistente en la instrumental de actuaciones en todo lo que aparezca declarado por Joaquín Tamez, María Isabel y Carmen González Peña, a favor del quejoso, pues al respecto la autoridad responsable sí se pronunció, manifestando en el auto de formal prisión que no le aportaba beneficio alguno a la situación jurídica del quejoso, lo manifestado por los testigos Mario Antonio Cavazos Marroquín, María Isabel Leal de la Garza, Carmen González Peña y Joaquín Guadalupe Tamez Salazar, toda vez que de su contenido se advertía que no versaron sobre la sustancia de los hechos; esto es, los vinculados con el aseguramiento del armamento cuya portación y posesión se atribuye al inculpado, ya que no aportaron algún dato adicional que corrobore su versión defensiva en el sentido de que desconocía la existencia del material bélico, puesto que ellos fueron coincidentes en referir que eran ajenos a eso, lo cual fue corroborado por el propio indiciado. En esa virtud, respecto de lo alegado en los conceptos números III, XIII y XV, en relación a que tampoco tomó en cuenta la ausencia de un enlace natural o más o menos necesario entre la verdad histórica y la que se busca, que para constituir una prueba de presunción de las investigaciones, debió obtenerse una variedad de indicios, que tengan puntos de convergencia; es decir, si se obtiene un indicio, debe ser complementado por otro con el que coincida en los aspectos esenciales de forma material y que sólo existe un indicio del cuerpo de los delitos y de la probable participación en tales, el cual es el acta de inicio de once de diciembre de dos mil quince, mismo que tiene la calidad de prueba testimonial, por lo que un solo indicio no puede constituir prueba plena. Resultan infundados los anteriores argumentos toda vez que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada, lo que en la especie aconteció, pues la autoridad responsable al concatenar el diverso material probatorio tuvo por acreditados los elementos del delito y la probable responsabilidad del inculpado y por ende, dictar el auto de formal prisión que ahora nos ocupa, por lo que, como se adelantó resulta infundado lo manifestado en ese sentido. También argumenta el quejoso en sus conceptos marcados con el número IV, V, VI y XI, que se le concedió validez legal a las pruebas que no cumplían con las formalidades constitucionales y procedimentales, que tuvo indebidamente acreditados el lugar y circunstancias de ejecución del delito atribuido al quejoso, por lo que no quedaron plenamente demostrados los elementos de los delitos, que la autoridad responsable haya considerado dictar el auto de formal prisión que por esta vía combate, puesto que no existió dolo, es decir, no tuvo conocimiento, ni voluntad de introducir o portar un arma, ya que esta venía en la parte de atrás de la camioneta dentro de una lavadora y que no se obtuvieron datos bastantes durante la averiguación previa, para comprobar el cuerpo de los delitos, y con ello, hacer probable la responsabilidad del quejoso en la comisión de los ilícitos. Lo anterior, resulta infundado, atento a las consideraciones desarrolladas en los párrafos que anteceden donde quedó demostrado que se cumplieron plenamente los elementos de los cuerpos de los delitos en estudio, así como la probable responsabilidad del inculpado, de conformidad con las pruebas que obran en autos, a las cuales se les otorgó el valor correspondiente en términos de lo establecido en el Código Procedimental Federal de la materia; asimismo, quedó demostrada la existencia del dolo en la comisión de los delitos que se le acusan al aquí quejoso. De igual forma resulta infundado, lo manifestado en su concepto de violación número VII, en relación a que la autoridad responsable se encontraba ante la imposibilidad material de comprobar la existencia del cuerpo del delito, pues afirma que se desprende del pliego de consignación y del auto de plazo constitucional, que la existencia del delito que se le imputa, no estuvo a su disposición y no pudo corroborar que los objetos bélicos, fuesen de los exclusivos del ejército y fuerza aérea nacional, en virtud de que no fueron remitidos a la Secretaría de la Defensa Nacional en tiempo y forma. Lo anterior es así, toda vez que se advierte que los objetos bélicos son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, de la fe ministerial efectuada el doce de diciembre de dos mil quince, por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora, con sede en esta ciudad, en la que hizo constar el tipo de armas y cartuchos que tuvo a la vista, a la cual se le otorgó valor probatorio pleno en términos del artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales. Relacionada además con el dictamen pericial en materia de balística forense, realizado el doce de diciembre de dos mil quince, por Ricardo Javier Alvarado Wallace, perito en materia de balística forense adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, en el cual concluyó que el arma de fuego calibre 9 mm. Parabellum, es del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, ya que se clasifica en el inciso b) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Además, en lo concerniente a los cartuchos afectos, sostuvo que cien (100) cartuchos son del calibre .30-30; que ciento veinte (120) son del calibre 30-06; que mil novecientos sesenta (1960) cartuchos son del calibre .22, que cien (100) son del calibre 17 HMR; que sesenta (60) son del calibre .308; que setenta y tres (73) son del calibre .270; que cincuenta (50) son del calibre .357, y sesenta (60) son del calibre .243, mismos que cuentan con artificio especial, lo que permite deducir que son de los que abastecen armas de fuego de la mencionada exclusividad y que corresponden a la clasificación establecida en el inciso f) del artículo 11 de esa misma legislación, además, estableció que ciento cincuenta (150) cartuchos son del calibre .45; que veinte (20) son del calibre .44 y siete (7) de calibre 9 milímetros, todos de bala normal; lo que permite colegir que son de los que surten armas de fuego de las contempladas en los incisos b), del referido artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego. También precisó que las armas de fuego de los calibres 22. y .380, debido a su tipo y calibre, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos las contempla en su artículo 9, fracción I, por lo que no son consideradas del uso reservado para las fuerzas armadas del país. Probanza a la cual se le otorgó valor demostrativo en tanto reúne los requisitos establecidos en los artículos 220, 223, 225 y 234 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que fue rendido y ratificado por experto en la materia, quien tiene conocimientos suficientes y necesarios sobre la especialidad en la que se requirió su intervención, los cuales le sirvieron para determinar sobre las características de los objetos materia del examen; además, el perito dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 234 del Código mencionado, al expresar que con la finalidad de obtener un resultado confiable y veraz partió del método analítico, ya que realizó una inspección física manual de las armas de fuego, cartuchos y cargadores, identificó el calibre de dichos objetos bélicos, efectuó prueba de disparo y consultó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; razón por la que se le dio el carácter de prueba plena. Además, resulta ineficaz lo relativo a que no pudo corroborar que los objetos bélicos fueran de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, en virtud de que no fueron remitido a la Secretaría de la Defensa Nacional en tiempo y forma, pues para la comprobación de dicha exclusividad el Juez responsable, se reitera, tomó en consideración la fe ministerial y el dictamen en materia de balística antes descritos. En cuanto a sus argumentaciones referidas en el concepto número VIII, las mismas resultan infundadas, toda vez que refiere que la fe ministerial transgredió los requisitos legales de la ley adjetiva, siendo éstos los referentes a la inspección; empero, no existe precepto legal aplicable que establezca que la fe ministerial que efectué el Agente Investigador, tendrá que seguir los requisitos procedimentales de la prueba de inspección, por lo que el objeto de dicha prueba únicamente versa sobre dar fe de los objetos que se tuvieron a la vista, no así el de determinar el lugar y circunstancias en que fueron encontrados dichos objetos; de ahí lo infundado de su argumento. Aduce también en los conceptos de violación marcados con los números IX y XIV, que de acuerdo a la naturaleza, lugar y circunstancias de la probable comisión de los ilícitos, era necesaria una reproducción y reconstrucción de los hechos descritos en el acta de inicio; y que la diligencia llevada a cabo por los verificadores aduanales dio como resultando el acta de inicio (PAMA), la cual no puede encontrar apoyo en el resto de las diligencias efectuadas por el Agente del Ministerio Público, ya que en éstas, sólo consta la existencia de unos objetos que pueden ser el cuerpo de un delito, pero para que eso sea probable, debe establecerse la relación con un elemento humano de acuerdo a ciertas circunstancias que no era posible percibir o suponer, por qué no reconstruyó las narraciones de los verificadores como lo exigen las reglas del procedimiento. Los anteriores argumentos resultan infundados, en virtud de que de conformidad con el artículo 214 del Código Federal de Procedimientos Penales, la reconstrucción de hechos se podrá llevar a cabo siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del servidor público que conozca del asunto, por lo que en el caso, no se estima que fuera necesario que la autoridad responsable ordenara dicha reconstrucción, ello atendiendo al tipo de ilícitos por los cuales determinó dictar auto de formal prisión, esto es, los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO SIN LICENCIA, y POSESIÓN DE CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL; de ahí lo infundado de sus alegaciones. Asimismo, es infundado lo manifestado respecto del diverso objeto que refiere en cuanto a que sólo consta la existencia de unos objetos que pueden ser el cuerpo del delito, pero que para que eso sea probable debe establecerse la relación con un elemento humano, por lo que no era posible, pues no reconstruyó las narraciones de los verificadores, toda vez resultaría innecesaria, ya que en los párrafos que anteceden quedó demostrada la relación entre los elementos del cuerpo del delito (existencia de los objetos) y la probable responsabilidad del quejoso (elemento humano). Además refiere el peticionario en su concepto número X, que el Ministerio Público de la Federación dio Fe ministerial de los objetos bélicos que le mostraron los agentes verificadores, sin atender a la descripción inconsistente que hacen en su acta de inicio PAMA, lo anterior resulta fundado pero ineficaz, pues si bien es cierto existen discrepancias entre lo establecido en el acta de inicio y la fe ministerial respecto de la marca y/o número de matrícula de los objetos, también lo es que las mismas no trascienden a la determinación adoptada, pues las características que el Juez responsable tomó en consideración para tener por acreditados los elementos del cuerpo de los delitos, fueron las cantidades de las armas y cartuchos y el tipo de calibre de dichos objetos bélicos, no así el nombre de la marca, ni el número de serie o matrícula, toda vez que los errores que existen sólo se deben a errores mecanográficos, por lo que en nada le beneficia tal circunstancia. Igual determinación resulta en cuanto a lo que alega en su concepto de violación número XII, referente a que de conformidad con el artículo 287, último párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, no puede darse valor probatorio pleno al parte informativo, aun cuando haya sido signado por dos verificadores, pues una diligencia signada por dos verificadores aduanales, tendrá el valor de un testimonio y no de dos; lo anterior, resulta infundado, toda vez que el precepto legal que refiere no dispone tal circunstancia, como se advierte de la lectura del mismo: "ARTÍCULO 287. La confesión ante el ministerio público y ante el juez deberá reunir los siguientes requisitos: I. que sea hecha por persona no menor de dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento, y sin coacción, ni violencia física o moral; II. que sea hecha ante el ministerio público o el tribunal de la causa, con la asistencia de su defensor o persona de su confianza, y que el inculpado esté debidamente informado del procedimiento y del proceso; III. que sea de hecho propio; y IV. que no existan datos que, a juicio del juez o tribunal, la hagan inverosímil. No podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la confesión. La policía judicial podrá rendir informes pero no obtener confesiones; si lo hacen estas carecerán de todo valor probatorio. Las diligencias practicadas por agentes de la policía judicial federal o local, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el ministerio público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en aquellas." De la anterior transcripción se advierte que el citado artículo no dispone que la diligencia signada por dos verificadores aduanales, tendrá el valor de un testimonio y no de dos, por tanto, fue correcta la determinación del Juez responsable al otorgarle el carácter de prueba testimonial de manera individual; de ahí lo infundado de sus alegaciones. Máxime, que en el caso no se le otorgó valor probatorio pleno, como afirma el quejoso, sino sólo se le concedió individualmente el valor de indicio, de conformidad con el artículo 285 citado. Asimismo, en relación con su argumento marcado en el número XVI, vertido en relación a que de la cadena de custodia de los objetos bélicos, se deriva, la obligación de todos los servidores públicos de observar los lineamientos de los Protocolos de Cadena de Custodia, para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, por lo que causa agravio que la autoridad haya inadvertido la ilegalidad e inconstitucionalidad de los medios de prueba, considerados por el A quo para tener por acreditados los elementos del delito y la probable responsabilidad del quejoso, en virtud de que tales medios de prueba consistente en actuación en las que el Agente del Ministerio Público de la Federación con apoyo de peritos oficiales de la Procuraduría General de la República, dio fe de la existencia y características de objetos que fueron tratados en violación de los lineamientos de los protocolos de cadena de custodia, dichos objetos fueron los objetos bélicos, cuerpo del delito de las armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada de México y fuerza aérea nacional, y armas de fuego sin licencia y posesión de cartuchos para arma de fuego ambos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional, el mismo resulta infundado. De igual forma, el argumento marcado en el concepto número XVIII, en el que señala que los objetos cuerpo de los delitos fueron alterados y manipulados, en contravención de lineamientos diseñados para garantizar la legalidad, seguridad pública y presunción de inocencia, resulta infundado, por las consideraciones siguientes. Ahora bien, el protocolo de la cadena de custodia señala que el Agente del Ministerio Público con apoyo del personal pericial (o la Policía Facultada en su caso) y previa observación, análisis, valoración, documentación y fijación del lugar de los hechos y/o hallazgo, dará inicio al procedimiento de recolección, embalaje y rotulado de los indicios que se hayan encontrado o aportado. Además, que es indispensable manipularlos lo menos posible y siempre embalar la evidencia en forma individual (por separado), identificándolos por su tipo, características y ubicación. Asimismo, el Acuerdo 9/2015, por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil quince, señala que para efectos de la cadena de custodia se entenderá por embalaje lo siguiente: "Embalaje. Conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al indicio o elemento material probatorio con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizados durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo del empaque y, en algunos casos, podrá fungir como empaque del indicio o elemento material probatorio." En ese sentido, en el registro de cadena de custodia (formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios), en el punto número 2, correspondiente al embalaje, el verificador asentó: "En envoltorios de material sintético" (fojas 48 bis a 50), por lo que se presume que sí se cumplieron con las especificaciones que marca el protocolo de la cadena de custodia, ya que se protegieron los indicios con envoltorios sintéticos a fin que no presentar alteraciones, de ahí que resulte infundado lo expuesto en ese sentido por el peticionario de amparo. También refiere en su concepto marcado con el número XVII, que los protocolos de la cadena de custodia determinan que se debe realizar en el lugar de los hechos lo siguiente: -Acordonamiento (no existe medio probatorio en autos de la indagatoria, de que éste procedimientos se haya efectuado) Lo anterior es infundado, pues del registro de cadena de custodia (formato de entrega-recepción del lugar de intervención), al respecto se advierte lo siguiente: "6. Preservación del lugar de intervención (Señala las medidas tomadas para preservar el lugar de intervención) SEGURIDAD POLICIAL PERIMETRAL SIN ACORDONAMIENTO." Con lo anterior queda demostrado que sí se cumplió con la preservación del lugar de los hechos, acordonando la zona con barreras físicas, es decir, con seguridad policial perimetral, con lo que se tiene por cumplido tal requisito, pues al respecto el Acuerdo 9/2015, ya mencionado, establece que se entenderá por acordonamiento lo siguiente: "Acordonamiento. La acción de delimitar el lugar de intervención mediante el uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas con el fin de preservarlo." -Fijación fotográfica o videograbación (no se realizó en el lugar de los hechos. Las fotografías que obran en autos de la indagatoria, fueron tomadas en las instalaciones de la Procuraduría General de la República de Reynosa) Es infundado, pues en el registro de cadena de custodia (formato de entrega-recepción del lugar de intervención), al respecto se advierte lo siguiente: "7. Documentación del lugar de intervención Fotográfico Si X No Videográfico Si No X Por escrito Si No X" En ese sentido, se estableció que sí se realizó documentación fotográfica del lugar de los hechos, aunado a que no existe prueba en contrario haga presumir lo contrario. -Fijación fotográfica o videograbación del vehículo donde supuestamente se encontraron los objetos, cuerpo de los delitos que me atribuyen (no se realizó en el lugar de los hechos) -Fotografía o videograbación de los indicios o evidencias (se realizó en instalaciones de la Procuraduría General de la República de Reynosa, y no en el lugar de los hechos) Ahora bien, por lo que respecta a los dos argumentos que anteceden, debe decirse que también resultan infundados, toda vez que el Protocolo de la Cadena de Custodia no refiere que necesariamente deba realizarse la toma fotográfica o videograbación en el lugar de los hechos, pues al respecto en el apartado correspondiente a la RECOLECCIÓN, EMBALAJE Y ROTULADO DE LOS INDICIOS, únicamente refiere lo siguiente: "12. Siempre que sea posible, registrar fotográficamente los indicios antes de su embalaje, durante el embalaje y al finalizar su embalaje y rotulado." Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que eso no suceda en el lugar de los hechos, pues al efecto refiere "siempre que sea posible", por lo que en ese sentido resultan infundadas sus alegaciones. -Embalaje de las armas y cartuchos (no se realizó en el lugar de los hechos; de las fotografías que obran en autos se desprende, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría General de la República de Reynosa, Tamaulipas) Resulta infundado el anterior argumento, de conformidad con las consideraciones jurídicas ya expresadas en el concepto de violación XVI que precede. Por otro lado, respecto del concepto marcado con el número XIX, el mismo resulta ineficaz, pues para que exista un ejercicio de ponderación entre la normatividad nacional e internacional, debió existir un conflicto entre ambas normas, el cual ameritara tal ejercicio entre los derechos o normas controvertidas, a efecto de determinar cuál de ellos o ellas deberá prevalecer, lo que en el caso no aconteció, pues de los constancias que obran en autos, no se desprende que haya existido controversia alguna entre la normativa nacional e internacional a fin de determinar su aplicación en el caso concreto; de ahí lo ineficaz de su argumento. Finalmente, el quejoso aduce en sus conceptos de violación marcados con los números XX, XXI y XXII, que las probanzas, fueron obtenidas a causa y durante la privación ilegal de su libertad, mientras lo mantuvieron retenido en las instalaciones de la Procuraduría; que se le privó ilegalmente de su libertad, misma que duró desde su detención en supuesta flagrancia, el día once de diciembre de dos mil quince y hasta su puesta a disposición del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, el catorce del mismo mes y año; y, que fue detenido el once de diciembre de dos mil quince, por elementos verificadores adscritos a la aduana de Reynosa, aproximadamente a las trece horas con quince minutos, y fue puesto a disposición del Agente Tercero del Ministerio Público de la federación, alrededor de las diecisiete horas del mismo once de diciembre de dos mil quince, cuatro horas con cuarenta y cinco minutos después, no así inmediatamente. Los anteriores argumentos resultan infundados, por las consideraciones jurídicas siguientes, los cuales se analizarán de forma conjunta, toda vez que guardan estrecha relación entre ellos. Sobre tal aspecto, es de apuntarse, que el Juez responsable precisó que el inculpado fue detenido en flagrancia delictiva, cuando traía consigo en el interior de una lavadora que transportaba en el automotor que previamente tripulaba, el material bélico afecto, suceso revelador de que su captura obedeció a la comisión de un delito flagrante, y que la eventualidad referida trajo como consecuencia, que los objetos del delito y las pruebas que de ellos derivan, no se encontraban viciados por la demora en la puesta disposición pues no se obtuvieron con motivo de tal ilegalidad sino de la flagrancia delictiva, es decir, no derivan del lapso de la demora o de otras pruebas que emanen de la misma. En ese tenor, como correctamente afirmó el Juez de la causa, subsisten las evidencias que se obtuvieron en contra del imputado en relación con los delitos que se le imputan al haberse obtenido de manera legal y constitucional a partir de la flagrancia delictiva. No obstante lo anterior, en virtud de que no obraba prueba que justificara la prolongación de la detención, lo cual demuestra el incumplimiento de lo ordenado en el artículo 16 Constitucional, en lo relativo a que una vez detenida una persona en flagrancia delictiva se debe poner sin demora a disposición de la autoridad competente, lo que en el caso no aconteció, procedió a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito, para que a quien corresponda se avocara a la investigación relativa a la detención prologada de que fue objeto el inculpado, es decir, si existieron hechos o circunstancias que justifiquen esa tardanza, y en su caso, se establezca la responsabilidad administrativa o penal que le resulte a los responsables; de ahí que como se adelantó, deviene infundado lo así expuesto por este en sus conceptos de violación. En esas condiciones, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación expresados, sin que exista motivo de queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que se procedió a realizar un examen integral de la resolución reclamada y de las constancias procesales a fin de verificar si se dio alguna infracción legal por parte de la autoridad responsable que pudiese constituir una violación de garantías en perjuicio de la quejosa, y que por inapreciación no hubiese sido hecha valer, con el fin de subsanarlas oficiosamente; sin embargo, hecha esa revisión se encontró que la resolución reclamada se emitió con total apego a derecho; por lo que, lo procedente es negar la protección federal solicitada por la quejosa. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SEXTO. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a Guadalupe Horacio Garza Cavazos, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de la consideración última del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, hoy veintidós de julio de dos mil dieciséis, con su secretaria Gafy Trujillo Sierra, que autoriza y da fe.
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