Guadalupe Hernández Sánchez
Expediente 315/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guadalupe Hernández Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Visto el estado de los autos y a fin de ordenar el destino del incidente de suspensión en que se actúa, se estima necesario remitirse al expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 315/2023, del cual deriva dicha incidencia, mismo que se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para quien esto provee, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del cual se desprende que en esta fecha, se ordenó el archivo como asunto concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 17, fracción IIl, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es conservable, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva solicitada.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que en el libro electrónico de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el catorce de julio de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que éstas fueron notificadas el diecisiete siguiente, quedando comprendido dicho plazo del diecinueve del propio mes de julio al uno de los cursantes. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2o, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. No es óbice a lo anterior, que no obre en autos las constancias de notificación del fallo en comentario a la autoridad responsable Servicios de Salud de Sinaloa, con sede en Culiacán, en razón de que el sentido la sentencia (sobreseimiento) no le genera agravio personal y directo, requisito indispensable para estar en aptitud de interponer recurso de revisión; lo anterior con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción l del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Por otro lado, provéase lo conducente en la incidencia derivada de este asunto, para que se realice su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el acuerdo general previamente indicado.
- Principal
En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las once horas del catorce de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados en auto de veintiuno de junio de la propia anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 315/2023. Julio César Cortés Rafael, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargado del despacho por vacaciones del titular -primer periodo vacacional del diez al veinticuatro de julio del año en curso- conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" y, del oficio CCJ/ST/3251/2023, de doce de junio del año actual, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rocío Osuna Lizárraga, con quien actúa y da fe, la declaró abierta, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se desprende promoción dirigida a este sumario con el propósito de comparecer a la presente audiencia, en términos de lo establecido en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales. Acto seguido, la secretaria realiza una lectura íntegra del escrito relativo a la demanda de amparo y procede a hacer una relación de las constancias que obran en el expediente electrónico: oficio 12560/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como, con la demanda firmada autógrafamente por Guadalupe Hernández Sánchez, que dio origen al juicio de amparo indirecto 352/2023 de su índice, contra actos de Servicios de Salud de Sinaloa, con sede en Culiacán, ello en virtud de que en proveído de cuatro de abril del año en curso, se declaró legalmente incompetente para resolver el citado asunto por razón de territorio; auto de aceptación de competencia declinada y admisorio de catorce de abril del año actual; informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora Jurídica y de Normatividad de los Servicios de Salud de Sinaloa, con sede en Culiacán; auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que, dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación del citado proveído, manifestara si era su voluntad señalar al Juez Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, con el carácter de autoridad responsable; proveído de veintinueve de junio de la presente anualidad, en que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto citado en último orden, en el sentido de que se resolverá el presente juicio con la autoridad señalada inicialmente en su escrito de demanda; proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, en que se recibió el escrito firmado electrónicamente por el licenciado Jesús Eliud Moreno Valenzuela, autorizado de la quejosa, al que anexó diversas documentales. Acto seguido, el secretario encargado del despacho acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe de referencia. Abierto el periodo de pruebas: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la quejosa y por la autoridad responsable Directora Jurídica de Normatividad de los Servicios de Salud de Sinaloa, en representación del Director General de dicha dependencia. Por ende, el secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza jurídica, mismas que serán tomadas en consideración en su oportunidad, con lo cual se cierra el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que la quejosa no hizo uso de ese derecho; y, que la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no formuló pedimento; por tanto, se cierra dicha etapa. Sin existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 315/2023, promovido por Guadalupe Hernández Sánchez, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por oficio 12560/2023, firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, recibido el doce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Mazatlán, y turnado el doce siguiente a este órgano jurisdiccional, al que anexó la demanda firmada autógrafamente por Guadalupe Hernández Sánchez, que dio origen al juicio de amparo indirecto 352/2023 de su índice administrativo, ello en virtud de que en proveído de cuatro de abril del año en curso, se declaró legalmente incompetente para resolver el citado asunto por razón de territorio, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, a través del cual solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Servicios de Salud de Sinaloa, con residencia en Culiacán; actos que estimó trasgresores de sus derechos humanos contenidos en los preceptos 1, 5, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Aceptación competencia y admisión. El catorce de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, asimismo, se ordenó su registro con el expediente 315/2023 y, se admitió a trámite la demanda de amparo; en consecuencia, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Prevención ampliación demanda. En proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que, dentro del término de quince días, contado legalmente, manifestara si era su voluntad señalar como autoridad responsable a la Jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana y, de ser el caso, señalara el acto que se le reclama; bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se seguiría el trámite únicamente con la indicada en su demanda inicial de tutela de derechos humanos. CUARTO. Efectivo apercibimiento. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, y toda vez que transcurrió el plazo señalado en el resultando que antecede sin que hubiera realizado manifestación al respecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el aludido acuerdo, por tanto, se resolverá el presente juicio con la autoridad señalada inicialmente. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente en que se actúa, se celebró la audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes, al tenor del acta correspondiente; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto en los postulados 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, 50 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37, último párrafo, y 107, de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados y sus consecuencias jurídicas, tienen repercusión en el ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. Jurisprudencia. La aplicación de los criterios jurisprudenciales que se citan a lo largo de esta ejecutoria, emitidos con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, tienen como fundamento el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir de esa fecha, habida cuenta que no se oponen a la legislación en consulta, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.10/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. TERCERO. Fijación de la litis. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, y los criterios contenidos en la jurisprudencia número P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, se obtiene que la quejosa toralmente reclama: El descuento a su salario, que recibe como trabajadora activa en el puesto de Trabajadora Social en el Área Médica "A" adscrita al Hospital General de Mazatlán, identificado con el concepto "004 clave 46TC concurso mercantil AETERNAM TC". CUARTO. Certeza del acto. Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable Servicios de Salud de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ya que si bien al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que realizó diversas manifestaciones a partir de las cuales es posible arribar a la convicción de su existencia. Lo anterior con apoyo en la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que también se corroboró con las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe justificado, documentales públicas que revisten valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XX. 303 K, de rubro "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." QUINTO. Improcedencia de la acción constitucional. De manera preliminar se debe analizar oficiosamente la procedencia del juicio de amparo, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la orden y ejecución de la retención o descuento a su sueldo o pago como trabajadora activa en el puesto de Trabajadora Social en Área Médica "A" adscrita al Hospital General de Mazatlán, que aparece en su recibo de nómina identificado con el concepto 004 clave 46TC concurso mercantil AETERNAM TC; se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]" Ahora bien, en la especie la parte quejosa controvierte la orden y ejecución de la retención o descuento a su sueldo o pago como trabajadora activa en el puesto de Trabajadora Social en Área Médica "A" adscrita al Hospital General de Mazatlán, que aparece en su recibo de nómina identificado con el concepto 004 clave 46TC concurso mercantil AETERNAM TC, señalando la siguiente autoridad responsable: Servicios de Salud de Sinaloa, con residencia en Culiacán. Sin embargo, la referida impetrante no señaló con el carácter de autoridad responsable a la Jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, no obstante que en proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se le previno para que manifestara si era o no su intención designarla como tal, y en la propia determinación se apercibió que si la justiciable no daba cumplimiento a lo requerido en el plazo otorgado, se continuaría el procedimiento y se resolvería el asunto con la autoridad responsable que señaló inicialmente en su demanda de amparo, con las consecuencias legales inherentes a ello. Lo anterior, derivado del informe justificado rendido por la responsable, en el sentido de que en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, pronunciado por la aludida Jueza de Distrito especializada, en el expediente del concurso mercantil 56/2022-V y su acumulado 6/2022-V, promovido por AETERNAM, Sociedad Anónima De Capital Variable y otras, emitió oficio SSS/DJN/3019/2022, dirigido al Director Administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa, a fin de que ordenara la reactivación de las retenciones a los trabajadores que solicitaron en su momento algún crédito con la empresa AETERNAM. En consecuencia, en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, este órgano constitucional hizo efectivo el apercibimiento realizado a la quejosa en auto de veintinueve de mayo del año en curso, toda vez que transcurrió dicho plazo sin que hubiera realizado manifestación al respecto, por lo que se continuó el presente asunto con la autoridad que inicialmente fue señalada como responsable. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución, serán autoridades responsables el Juez de origen y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. Sin embargo, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable, asimismo, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. En esa tónica, es claro que no se puede desligar el auto de ejecución que reclama la quejosa en su escrito inicial, con la orden judicial de retención de salario o emolumentos que en su caso emitió la Jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, aunado a que los conceptos de violación vertidos por la promovente, son tendentes a combatir dicha orden de descuento y, en vía de consecuencia, la diversa de ejecución, esta última no por vicios propios. No es obstáculo a lo ponderado en parágrafos precedentes, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenía conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que la quejosa tuvo la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda; sin embargo, omitió desahogar el requerimiento formulado en auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que se le previno para que manifestara si era su voluntad señalar a la Jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se continuaría la presente controversia constitucional con la autoridad señalada en su escrito de demanda. Prevención esta última que se hizo efectiva en proveído de veintinueve de junio del año en curso, al haber transcurrido el plazo concedido para tal efecto. Ahora, sin que pase desapercibido el escrito signado por el autorizado de la quejosa, recibido en auto de ocho de junio del año en curso, al que acompañó diversas documentales, con las cuales pretende acreditar la nula existencia del contrato de colaboración celebrado por una parte por Servicios de Salud de Sinaloa con la empresa AETERNAM, sociedad anónima de capital variable, en fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, así como la existencia del acto de molestia y el exceso de facultades discrecionales realizadas por parte de la aludida responsable en el cumplimiento de la orden judicial contenida en auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del concurso mercantil 56/2022 y su acumulado 6/2022-V. Sin embargo, como se señaló en el cuerpo del presente fallo, no es posible jurídicamente examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues la Jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, quien ordenó la retención de recuperación del crédito vía nómina a la parte quejosa, no fue integrada a la relación jurídica procesal de este controvertido constitucional por causas imputables a la propia quejosa. Aunado a que, como se expuso en líneas precedentes, los conceptos de violación propuestos por la quejosa en su demanda de amparo están encaminados a combatir la orden judicial de retención que como medida precautoria se decretó en el concurso mercantil 56/2022-V. Por ende, no puede examinarse de manera aislada la ejecución de dicha orden. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la propia legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que la informa, la jurisprudencia P./J. 5/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR". También es ilustrativa, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.". SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. Conforme establece el artículo 6°, Apartado "A", fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos, sirve de apoyo, el criterio 01/2011. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Hernández Sánchez, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable Servicios de Salud de Sinaloa, con residencia en Culiacán, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando sexto de esta resolución.
- Incidental
Téngase recibido el oficio SSS/DJN/1324/2023 remitido vía juicio en línea con firma electrónica de la Jefa de Procedimientos Jurisdiccionales adscrita a la Dirección Jurídica y de Normatividad de los Servicios de Salud de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por medio del cual rinde informe previo; comunicado que únicamente se ordena agregar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física para que obre como corresponda, en virtud de que la presente incidencia se resolvió el cinco de junio de dos mil veintitrés.
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