Guadalupe Guzmán Cano

Expediente 854/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
854/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Guzmán Cano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por no presentada la demanda amparo promovida por******, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes.Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales:Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo.

  2. Principal

    AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 4/8/2023, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de *******************, siendo que el plazo de cinco días concedido para tal efecto transcurrió en su totalidad. se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en ese proveído, y en consecuencia, este Órgano de Control Constitucional tiene POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por ********************

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de *******************, siendo que el plazo de cinco días concedido para tal efecto transcurrió en su totalidad. se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en ese proveído, y en consecuencia, este Órgano de Control Constitucional tiene POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por ********************

  4. Principal

    Visto el oficio por el cual el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, el escrito signado por****** para que sea turnado como nueva demanda, en virtud de que no se trata de un apersonamiento como tercero interesado dentro del diverso 818/2022-I, de su índice, sino de un escrito de demanda, promovida por Guadalupe Guzmán Cano, por propio derecho, contra actos de la Comisión Nacional del Agua y otras autoridades, así como cinco copias simples del escrito de demanda. que quedó registrada con el número 854/2023-VI.Anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico.En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108 fracción V, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a ****** para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, Se apercibe a la promovente, que de no dar cumplimiento con el requerimiento inserto en este proveído, dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con la excepción de que si el único requisito que falta es una copia de la demanda y del escrito aclaratorio, la consecuencia será que se postergará la apertura del incidente de suspensión.En el entendido de que el desahogo de la prevención antes precisada deberá provenir de la directa quejosa **** no así de sus autorizados, pues el quejoso es el único legitimado para precisar los hechos bajo protesta de decir verdad, puesto que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, al ser la titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado.Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***** por encontrarse dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Por otro lado, se tienen como autorizados de la parte quejosa únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala, hasta en tanto acrediten tener su respectiva cedula que los acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.En otro orden, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa solicita que se conceda la suspensión de plano; sin embargo, se estima que en el caso no es procedente conceder la suspensión de plano en el presente asunto, de acuerdo a lo siguiente:En primer término, debe precisarse que la suspensión del acto reclamado puede decretarse de oficio o a petición de la parte quejosa. Conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, que, en ese caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; y que la suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal comunal. También se enfatiza que la parte relevante del artículo 22 constitucional, a la que alude esa disposición de la Ley de Amparo, es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Fuera de esos supuestos, la suspensión se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece como requisitos la solicitud del quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que, en los demás casos, ante la ausencia de ese riesgo de consumación irreparable de la violación a derechos fundamentales de especial relevancia, la suspensión procede a petición de parte. Como se puede apreciar, la diversidad de supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación, sino que además se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. Así, el acto reclamado no configura ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la quejosa, al grado de equipararse tal situación a un tormento, así como tampoco puede estimarse que se pone en riesgo su vida; ello, sin perjuicio de que los efectos de las mismas pueden ser materia del incidente de suspensión a petición de parte, y que eventualmente pudiera ser declarada inconstitucional por los motivos y fundamentos legales en que esté sustentado, en todo caso, la sentencia de amparo que así lo estime tendrá como efecto la restitución del derecho constitucional vulnerado. Es importante enfatizar que esta conclusión no implica restringir el acceso a la justicia de la quejosa, porque el acto reclamado debe ser analizado, para efectos de la medida cautelar, con las normas que regulan la suspensión a petición de parte, además tampoco prejuzga acerca de la constitucionalidad o no de ese acto, lo que, de ser procedente, constituirá la materia del fondo del incidente de suspensión y del juicio principal.Así, se reitera que la omisión de pago de pensión, no implica una violación que coloque a la quejosa en un estado tal de zozobra o de aflicción que se asemeje a un tormento, en los términos analizados por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), criterio aplicado de manera análoga al presente asunto, ni a un acto degradante, denigrante, vejatorio o intencionalmente lesivo, arbitrario en sí mismo y que atente contra su integridad en términos del artículo 22 constitucional y 126 de la Ley de Amparo.Consecuentemente, se considera que no se está colocando a la quejosa en un estado de tal vulnerabilidad que implique una tortura o tormento, pues, no es dable utilizar una afirmación en ese sentido para actualizar la figura de la suspensión de plano, es decir, para decretarla desde la sede judicial como un acto prohibido por el artículo 22 constitucional.La suspensión de plano no es el instrumento idóneo para dar funcionalidad al reclamo de la parte quejosa, en tanto que las afectaciones que pueden producir el acto reclamado, también admite la posibilidad de ser corregidas a través de la apariencia buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, para evitar se consumen de manera irreparable violaciones a derechos humanos.

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