Guadalupe Guzmán Burelos

Expediente 814/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
814/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Guzmán Burelos

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Se pone a disposición documento. Por otra parte, tomando en cuenta que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda una prueba documental con firma autógrafa; REQUIÉRASELE, para que por sí o por conducto de quien legalmente la represente, comparezca ante este juzgado en un plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta efectos legales la notificación de este proveído, a recuperar dicha probanza. Apercibida que de no hacerlo, una vez fenecido dicho plazo, de conformidad con el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, será destruida.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese la comparecencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, de Guadalupe Guzmán Burelos, parte quejosa en el presente juicio, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario de su adscripción. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, este juzgador, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, advierte de manera notoria, manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia, por lo que debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo legal transcrito, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En este orden de ideas, dado que conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, este órgano de control constitucional estima que el juicio de amparo que mediante esta vía se intenta, resulta improcedente, en atención a que se surte la causal que a continuación se detallará. Ahora, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII del citado numeral, en relación con el diverso numeral 6 del mismo cuerpo normativo respecto de la demanda promovida por Guadalupe Guzmán Burello; numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De conformidad con el transcrito artículo 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. En ese sentido, es menester precisar que, si bien se encuentra plasmada una firma en el apartado respectivo de la persona que comparece a solicitar la protección constitucional, lo cierto es que la misma no corresponde a la firma de la quejosa Guadalupe Guzmán Burelos, sino a Guadalupe González Gómez, lo que incluso se corrobora con la comparecencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la que entre otras cosas, señaló: "que por error la abogada del despacho, fue quien firmó, pero que en este acto es su voluntad expresar que ella es quien promueve el presente juicio de garantías.". Así pues, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta precisamente a través de su firma, ya que de lo contrario no existe evidentemente tal manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En consecuencia, al no obrar la firma original de la quejosa debe válidamente concluirse que no existe su voluntad de promover la demanda en análisis; por tanto, en cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, dado que al no plasmar por medio de la firma su conformidad, no se encuentra exteriorizada la voluntad en la promoción del juicio de derechos fundamentales; hecho que no puede subsanarse mediante la prevención correspondiente, pues no es un requisito de forma, sino un elemento esencial. Tiene aplicación, la tesis marcada con el número VI. 2o. 692 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de noviembre de 1994, página 435, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por la parte quejosa sino por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Así como la tesis aislada visible en la página 314, del tomo X, de octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Y la diversa consultable en la página 542, del tomo XIV, de julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante." En ese orden, ante la omisión de la parte quejosa de firmar de puño y letra el escrito de demanda, lo que incluso se corroboró en la comparecencia de veintiocho de abril del año en curso, torna improcedente la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Guadalupe Guzmán Burello. No pasa desapercibido que en la comparecencia de veintiocho de abril pasado, la quejosa haya externado su voluntad de promover el juicio de amparo; sin embargo, al no plasmar por medio de la firma su conformidad, como ya se precisó la firma exterioriza la voluntad en la promoción del juicio de derechos fundamentales; lo que no puede subsanarse mediante la prevención correspondiente, pues no es un requisito de forma, sino un elemento esencial. Máxime que en el caso, no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, numeral que entre otras cosas, establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre. Es aplicable la tesis aislada, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Visible en la Página 241 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1998, Materia Administrativa, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Habilitación al personal del Juzgado. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase al actuario judicial adscrito a este Juzgado expresando los motivos por los cuales no pudo notificar la sentencia de fecha veintidós de marzo del año en curso, al tercero interesado. Ahora, de la constancia actuarial se advierte que el fedatario fue informado que el licenciado de nombre Baldemar Pérez, se cambió de domicilio y ya no tiene su despacho en ese lugar, por lo que la persona con la que se entrevistó el actuario, manifestó no poder recibir la notificación. En tal virtud, por no advertirse diverso domicilio en el que se pueda notificar al tercero interesado JOSÉ MANUEL ÁVALOS DÍAZ, se ordena que la precitada sentencia y las subsecuentes notificaciones de carácter personal se realicen por lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo. JUICIO DE AMPARO 1660/2022. R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y efectos indicados en el considerando sexto de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Arturo Gregorio Peña Oropeza, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, hasta el día de hoy veintidós de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistido de Santiago Eduardo Jiménez Solís, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.

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