Guadalupe González Sánchez
Expediente 1588/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1588/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Guadalupe González Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por lista a los terceros interesados Anabel Ochoa Mendoza y Aureliano Jiménez Núñez el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Por recibido el oficio número 129/2017. P3-MIII del Secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad de Colima, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 151/2015-II-MO, cuatro cuadernos de pruebas y el testimonio de la resolución pronunciada en la revisión principal 483/2016, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida.- - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fabricio Alberto Larios González, contra el acto que reclamó del hoy Director del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, consistente en la anotación de siete de octubre de dos mil ocho, de la escritura pública 19,320, otorgada en esta ciudad el cinco de septiembre del dos mil ocho ante el Notario adscrita encargada de la Notaría Pública Dos de esta demarcación, en la cual se hace constar un reconocimiento de adeudo por la suma de quinientos mil pesos por parte de Luis Antonio Velasco Vargas, en favor de Aureliano Jiménez Núñez, a cuyo efecto se constituyó garantía hipotecaria en primer lugar a favor de éste, sobre el bien inmueble identificado como fracción Norte de la fracción del terreno conocido como "El Carrizal", ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, que tiene una superficie de 8-80-00 hectáreas. - - - TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Fabricio Alberto Larios González, contra los actos reclamados consistentes en el embargo que se trabó en el juicio mercantil ejecutivo 802/2009, sobre el bien inmueble referido en el resolutivo anterior, así como su inscripción en el folio real 096498-1, y sus consecuencias, entre ellas la audiencia de remate y adjudicación de ese bien, así como cualquier otro acto posterior que afecte dicho bien, atribuidos al Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, Juez Tercero de lo Mercantil de Villa de Álvarez, Colima y al entonces Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Director del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, residente en esta capital. El amparo se concede en los términos precisados en la parte final considerativa de esta ejecutoria". Acúsese el recibo de estilo correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sentado lo anterior, debe decirse que el acto que debe realizar con base en la protección constitucional, por su naturaleza, se estima que es susceptible de cumplimiento en el término de tres días, debido a que las responsables deben acatar lo ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las referidas autoridades vinculadas con el deber que impuso la sentencia que concedió el amparo y la protección de la tutela federal, para que dentro del término de tres días realice los actos encaminados a acatar dicho fallo e informe a este juzgado federal tal cumplimiento, apercibidos de que, de no hacerlo así, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo".
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