Guadalupe González Pinacho

Expediente 110/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
110/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • Guadalupe González Pinacho

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 29 a 37), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase al Juez del Ramo Civil, con residencia en Villaflores, Chiapas, el original del expediente ********************, que anexó a su oficio de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 18). Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el comunicado signado por el oficio firmado por la Jueza del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, al que adjunta el cuaderno de amparo que contiene el original de la demanda de amparo promovida por Guadalupe González Pinacho, emplazamiento a los terceros interesados, informe justificado, original del expediente 280/2002 y copia de los calendarios correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Remítase el acuse de recibo correspondiente. En ese sentido, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Guadalupe González Pinacho, contra actos del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, segundo secretario y actuario adscritos a dicho juzgado, que hace consistir en la audiencia de pruebas y alegatos de veintidós de marzo de dos mil trece, celebrada en los autos del expediente 280/2002, a la cual no fue legalmente notificada para comparecer. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 110/2018-V. DESECHAMIENTO De la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la audiencia de pruebas y alegatos de veintidós de marzo de dos mil trece, desahogada en los autos del expediente 280/2002, del índice del Juzgado del Ramo Civil, con residencia en Villaflores, Chiapas. Por lo que, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgador advierte de oficio un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en relación al acto reclamado en mención; lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede a desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. Los numerales en cita, respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". (El énfasis es propio). De los anteriores preceptos legales, se infiere entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de control constitucional dentro de la temporalidad que prevé la ley; que el término en general para su promoción es de quince días, los cuales jurídicamente transcurren a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución, conforme a la ley que lo rige; de que se haya tenido conocimiento de éstos; o bien, de que el gobernado se haya ostentado sabedor del o los mismos. También, el segundo de los preceptos invocados señala las diversas excepciones al término genérico de quince días, esto es, en los casos en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea reclamable o el procedimiento de extradición, el lapso temporal para promover el juicio de amparo se amplía a treinta días; cuando se trate de sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, tendrá el término de hasta ocho años para hacer valer su acción de amparo; cuando los actos tengan relación con la privación de los derechos agrarios, el plazo será de siete años; o cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, destierro, desaparición forzada o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo en términos del artículo 18 de la ley de la materia, para la presentación del juicio de amparo, el plazo, debe computarse: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la ley o el acto reclamado; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito , de rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". (El énfasis es propio). Precisado lo anterior, cabe mencionar que de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el juez responsable consistentes en los autos originales del expediente 280/2002, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil dos, ante el Juez del Ramo Civil de Villaflores, Chiapas, María Guadalupe Pinacho Moguel, promovió controversia familiar en contra de Miguel Andrés González Ortega entre otras prestaciones, el que se declarara a dicha promovente y a sus menores hijos Guadalupe y Jesús Andrey de apellidos González Pinacho, como únicos acreedores alimentarios del referido demandado y asimismo, fuere condenado al aumento de una pensión alimenticia (fojas 1 a 5, del tomo anexo). 2. El nueve de abril de ese mismo año, el antedicho Juez del Ramo Civil radicó la demanda con el número 280/2002 y ordenó correr traslado a la parte demandada (foja 19, del tomo anexo). 3. De igual forma, por escrito de nueve de marzo de dos mil doce, en los autos del referido juicio, Miguel Andrés González Ortega, promovió incidente de cesación de pensión alimenticia respecto de la acreedora María Guadalupe Pinacho Moguel (foja 108 a 109, del tomo anexo). 4. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, dio trámite al incidente interpuesto y ordenó el emplazamiento de la demandada (foja 139 a 140). 5. Por escrito recibido el seis de diciembre de dos mil doce, por el citado juez, María Guadalupe Pinacho Moguel, dio respuesta al incidente planteado y a su vez, reconvino al actor incidentista con el aumento de la pensión alimenticia (fojas 145 a 148). 6. En auto de siete de diciembre de dos mil doce, se corrió traslado a Miguel Andrés González Ortega; quien por ocurso presentado el veintiuno de enero de dos mil trece ante ese juzgado, dio respuesta a la reconveciòn planteada (fojas 149 y 157 a 158). 7. En razón de lo cual, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil trece, se tuvo por contestada la reconvención de que se trata y se fijaron las doce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de febrero del año en cita (2013), para que tuviera lugar la audiencia de pruebas y alegatos; la cual, después de dos diferimientos, se llevó a cabo el veintidós de marzo de dos mil trece (fojas 185 a 188); determinación que constituye, en el caso, el acto reclamado. 8. Contra dicha determinación, por escrito presentado ante la oficialía de partes del Juzgado del Ramo Civil, domiciliado en Villaflores, Chiapas, la aquí promovente del amparo Guadalupe González Pinacho, presentó demanda de amparo indirecto dirigido al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas en turno, contra actos del titular del órgano jurisdiccional mencionado y otras autoridades, que hizo consistir en la audiencia anteriormente señalada. De lo hasta aquí expuesto, se concluye que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la audiencia de pruebas y alegatos de veintidós de marzo de dos mil trece, desahogada en los autos del citado juicio, al menos desde el trece de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en que promovió la demanda como amparo indirecto ante el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, sin que el plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley en la materia, para la interposición del juicio de amparo, se haya interrumpido, pues la presentación errónea de dicha demanda NO suspende el término para promover el amparo biinstancial. Lo anterior se verifica, pues en el caso, es incuestionable, que la quejosa no se equivocó en la vía al promover el juicio de amparo, sino que como expresamente lo asentó en la demanda inicial, su intención fue promover juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas en turno, no obstante, realizó su presentación ante la autoridad responsable. Lo cual, como ya se dijo, no interrumpe el plazo para promover el juicio de amparo indirecto. Efectivamente, en el caso particular, la presentación de la demanda ante la responsable no se debió al hecho de que la quejosa promoviera el juicio como amparo directo (único supuesto en que la autoridad responsable está facultada para recibir la demanda), por el contrario, la referida quejosa expresamente manifestó que la intención era promover amparo indirecto en contra de la audiencia de pruebas y alegatos de veintidós de marzo de dos mil trece, incluso, tal escrito lo dirigió al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas en turno, por conducto del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, y fue redactado en términos de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, por lo que no hay duda que la intención de la quejosa fue promover la acción constitucional en la vía indirecta. En efecto, debe señalarse que los numerales 35 y 107 de la Ley de Amparo son categóricos al prever que el juicio de amparo indirecto, es competencia de los Juzgados de Distrito, y que en la demanda deberá presentarse ante éste, no así ante la autoridad responsable. Sin que se contravenga la jurisprudencia 13/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 9, agosto de 2014, tomo I, página 275, registro electrónico 2007052 de texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo". Lo anterior, pues la jurisprudencia anteriormente transcrita, no es aplicable al caso justiciable, pues en tal tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue determinante en cuanto a que no puede tenerse una demanda de amparo como extemporánea, si quien intenta la acción constitucional la hizo valer como amparo directo, presentando la demanda directamente ante la autoridad responsable, para que a su vez ésta la remitiera al tribunal colegiado en turno, quien a su vez se declararía legalmente incompetente y ordenaría remitir al demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito a fin de que se tramitará en la vía indirecta. Ello, determinó la Sala, que tenía razón de ser que el error en la vía no podía tener como consecuencia (salvo la excepción ahí mencionada) que la presentación realizada ante la responsable no se tomará en cuenta, es decir, la ejecutoria y la tesis de la que derivó únicamente plantearon el supuesto de la presentación de una demanda de amparo directo, de la que existió una declaración legal de incompetencia y se ordenó su tramitación en la vía indirecta. Y en este caso, de la propia demanda inicial, se advierte, que la quejosa no promovió juicio de amparo directo, sino que, de manera inobjetable, plasmó su ánimo de ejercer la acción en la vía indirecta, lo que se advierte con claridad del escrito de demanda inicial, pues no se encuentra dirigido al tribunal colegiado en turno, aunado a que fue elaborado conforme a los requisitos que para la formulación de la demanda de amparo indirecto prevé el numeral 108 de la Ley de Amparo; amén que se encuentra dirigida al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas en turno, a través del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. En ese orden, debe considerarse que el hecho de que la quejosa haya presentado su demanda de amparo ante la autoridad responsable no obedeció a una equivocación en la vía, y por consiguiente, si la demanda respectiva se presentó de manera equivocada ante la autoridad responsable el trece de noviembre de dos mil diecisiete, no interrumpió el plazo respectivo, por lo que debe de tomarse la fecha en que fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, esto es, el treinta de enero de dos mil dieciocho. Se invoca por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 33/2016, emitida por la Segunda Sala de las Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1080, registro electrónico 2011243, de la literalidad siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU PRESENTACIÓN ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DISTINTO AL QUE PERTENECE EL PRESIDENTE QUE DICTÓ EL ACUERDO DE TRÁMITE IMPUGNADO, NO INTERRUMPE EL PLAZO LEGAL PARA ELLO. Acorde con los artículos 104 y 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, cuyo texto guarda similitud con el de los diversos numerales 103 y 165 de la abrogada, el escrito mediante el cual se interpone el recurso de reclamación deberá presentarse ante el órgano jurisdiccional al que pertenezca el Presidente que dictó el acuerdo de trámite impugnado y, en caso de hacerlo ante una autoridad distinta, ello no interrumpe el plazo legal de 3 días para interponerlo". Y la tesis de jurisprudencia J/289, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1282, registro electrónico 171796, de texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto". En tales consideraciones, se tiene que el término de quince días que se computa para analizar la procedencia del juicio de amparo en que se actúa, comenzó a correr el catorce de noviembre de dos mil diecisiete y feneció el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre, dos y tres de diciembre de esa anualidad, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 30/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, Mayo de 2007, página 28, registro 172550, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En ese sentido, si el escrito de demanda fue recibido en la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, hasta el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, pese a que el término respectivo feneció el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, es inconcuso que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que prevé la ley, dado que tal presentación fue extemporánea, conforme al cómputo ya mencionado. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en la fracción XIV del artículo 61, esta última en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. CONSTANCIAS Dado lo voluminoso de las constancias remitidas por el juez responsable, para su mejor manejo, fórmese por separado el tomo respectivo (1), el cual se deja en la secretaría de este juzgado, respetando folios, rúbricas y sellos de origen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad; por autorizadas en términos restringidos del numeral 12 de la ley en la materia, a las personas que indica, en virtud de que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano