Guadalupe González Mendez
Expediente 127/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guadalupe González Mendez
Actuaciones
- Principal
MESA "7" Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese personalmente....."
- Principal
MESA "7" En la Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado -------------------------------------------- por medio del cual remite el juicio de amparo --/2021, promovido por ----------------------------------------------------------------, por propio derecho, declinando competencia por razón de territorio para conocer del mismo. Ahora bien, en primer término debe precisarse que del artículo 48 de la Ley de Amparo, se obtiene que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito y estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al que considere competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos en el órgano jurisdiccional de que se trate, se decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto; si lo hace, lo comunicará al declinante, previa notificación de las partes, en caso contrario, le devolverá la demanda, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo estipulado en dicho artículo, comuníquese al titular del Juzgado ---------------------------------------------------------------, que este órgano de control constitucional acepta la competencia declinada. Atento a lo anterior, acúsese recibo vía interconexión, fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno con el número ---. De conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles a contrario sensu, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, este juzgado de distrito determina convalidar lo actuado por el juez declinante de manera parcial. Improcedencia de la Suspensión de Plano respecto del acto reclamado Lo anterior es así, pues de los autos que integran el presente sumario se advierte que el juzgado declinante concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en el internamiento de la quejosa en el área de conductas especiales dentro de la penitenciaría de la Ciudad de México. Sin embargo, de conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en sentido contrario), de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, este juzgado de distrito determina no convalidar dicha postura. Ello es así, en la medida que dicho internamiento en el área de conductas especiales no constituye un acto por el cual se deba decretar la medida suspensional solicitada. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo en el artículo 126 dispone los casos en los cuales procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al tenor siguiente: "Artículo 126..._2 En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (invocado en el escrito de demanda) reza lo siguiente: "Artículo 22...." En ese sentido, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto; es decir, no se aprecia que en este momento se estén ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o previstos en el 126 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano solicitada en el presente asunto, respecto del acto que se reclama. Medida excepcional No se soslayan las manifestaciones vertidas por la directa quejosa, respecto de los padecimientos que sufre en relación a los problemas respiratorios con los que cuenta; además que, refiere, que con la posible ejecución del acto reclamado se pone en riesgo su salud y su vida, considerando de igual manera su posible contagio del virus SARS-COV2 (COVID-19) En ese sentido, es importante señalar que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote del virus SARS-COV2 (COVID-19) es una pandemia, derivada del incremento de número de casos existentes en los países que han confirmado su existencia, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. Así, el treinta de marzo de ese año, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de Salubridad General, en uso de su facultad prevista en el artículo 9o., fracción XVII, de su reglamento interior, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). Luego, mediante acuerdo publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se establecieron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el SARS-COV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar. En esas condiciones, el virus SARS-COV2 (Covid-19), se ha considerado como una enfermedad grave de atención prioritaria; empero, esta juzgadora desconoce las medidas internas que está adoptando el director del centro de reclusión en el cual se encuentra privada de su libertad la quejosa -----------------------------------, a fin de salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran bajo su seguridad, y desde luego, para evitar el contagio del virus SARS-COV2 (Covid-19) En consecuencia, se instruye a la ---------------------------------------------------------------, para que, dicte las medidas pertinentes e idóneas, a fin de evitar que la quejosa esté expuesta al peligro de contagio del virus de referencia; de igual manera, tome todas y cada una de las acciones necesarias a efecto de que, en caso de considerar que la quejosa debe permanecer en un lugar en específico dentro de ese centro penitenciario, dicho sitio se encuentre en condiciones dignas e higiénicas favorables a su condición. En el entendido que, atendiendo a que la quejosa posiblemente se encuentre dentro del grupo de población vulnerable deberá tomar las acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar su integridad y consecuentemente su vida. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el internamiento de la quejosa en el área de conductas especiales Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113.... Este órgano de control Constitucional considera que en el caso, es improcedente el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado, toda vez que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XX, de la ley de la materia, ya que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere de un elemento sine qua non atinente a que, previo a la interposición del juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. El citado numeral es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Del precepto en comento se desprende que la improcedencia del juicio de amaro indirecto deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, una vez contrastados el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto e indudable que se actualizan los supuestos que se enuncian. En efecto, el acto reclamado se trata de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, en la medida que se hace consistir en la determinación por medio de la cual se ordenó cambiarla de estancia o dormitorio, por lo que es evidente que el acto del que se duele la quejosa se trata de una resolución de una autoridad administrativa, por lo que se colmaría el inciso a) referido. En cuanto a la hipótesis del inciso b), antes señalado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 107 al 122, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108... "Artículo 109 "Articulo 110. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas" "Artículo 111.... "Artículo 113.... Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". "Artículo 115.... "Artículo 116.... "Artículo 118.... "Artículo 120.... "Artículo 121.... "Artículo 122. Domicilio del quejoso y autorizados Con apoyo en la fracción I, inciso a) del artículo 26 de la ley de la materia, realícense todas las notificaciones de manera personal a la quejosa en el lugar donde se encuentre recluida. Se exhorta al trámite electrónico... Uso de medios electrónicos... Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización a la Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales...Notifíquese.....
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