Guadalupe Gonzalez Cisneros
Expediente 177/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Guadalupe Gonzalez Cisneros
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado del recurso de queja 86/2022, interpuesto por la parte quejosa por conducto de quien se ostenta como su apoderado en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Acúsese el recibo de estilo. Ahora, y toda vez que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no se advierten documentos originales en este expediente que amerite dicha notificación, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por Luis Enrique Guevara Sareñana, quien se ostenta como apoderado de la quejosa Guadalupe González Cisneros, contra el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mismo que se registró con el número 86/2022. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda copia del escrito signado por Luis Enrique Guevara Sareñana, quien se ostenta como apoderado de la quejosa Guadalupe González Cisneros, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del desechamiento de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que se hace valer. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, remítase el original del aludido escrito a la Superioridad, ríndase dentro del término señalado el informe con justificación requerido, adjuntando copia del auto impugnado; de las constancias de notificación a las partes y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Haciéndose saber a la Superioridad que SI ES CIERTO EL HECHO QUE SE ATRIBUYE; empero el mismo fue dictado conforme a derecho. Notifíquese.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dieciséis de marzo del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por conducto de **********, quien se ostenta como apoderado de la quejosa, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y otra autoridad, por tanto, se provee como sigue. 1).- Registro demanda. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 constitucional no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo, precepto que enseguida se transcribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación a esta Jueza de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro,1 y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia.2 1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) 2 Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Así, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la intelección de los preceptos transcritos, se colige que la causal de improcedencia en cita, se verifica a partir de la interpretación en sentido contrario de dos hipótesis normativas, a saber: La primera, atendiendo a la naturaleza del procedimiento de origen, en el que los actos reclamados son considerados como dictados en la fase de ejecución, donde la regla general, contenida en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107, invocado, refiere que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, dictados fuera o después de concluido el juicio. Y la segunda, como regla específica, la establece el párrafo segundo de la porción normativa citada en último término, que señala que el juicio constitucional procede contra actos de ejecución de sentencia que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante esa secuela ejecutiva que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al estado final del asunto en cuestión. De lo expuesto se obtiene que el medio de regularidad constitucional de que se trata es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de ejecución de sentencia que no reúnan las características apuntadas. En relación con el escenario jurídico planteado en el párrafo precedente, el designio de la causal de improcedencia en estudio, estriba en la búsqueda de armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal que también rigen en la etapa de ejecución de las contiendas jurisdiccionales y, así evitar que se utilice la vía constitucional para fines meramente dilatorios que, de tolerarse, resultarían sendos vehículos hacia la obstaculización en el cumplimiento de las resoluciones ejecutoriadas, esto es, de la cosa juzgada, si se llegara a permitir la promoción de tantas demandas de amparo como actos ejecutivos se emitan durante las fases comprendidas después de concluidos los juicios naturales. Sin que con ello se limite el derecho del quejoso a impugnar en sede constitucional las violaciones cometidas en su perjuicio dentro de esos procesos de ejecución de sentencia o laudo, pues la propia Ley de Amparo establece la posibilidad de combatirlas de forma conjunta con la última resolución que ponga fin al procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, la última resolución emitida en la fase de ejecución, se define como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el acato total de la resolución definitiva, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, se ordene el archivo definitivo del expediente. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.32/2001, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Se debe precisar que el criterio reseñado parte del estudio del artículo 114 de la legislación de la materia abrogada, empero, aun así es orientador en este caso dado que en la Ley de Amparo vigente, en específico en la fracción IV del artículo 107, el legislador de igual manera condicionó la procedencia de la acción constitucional hasta el dictado del último acto de ejecución, precisamente, con el objetivo de evitar abusos en la tramitación de la acción constitucional y mantener la disposición de orden público en el cumplimiento de las sentencias. Ahora, en el caso concreto, se advierte de la integridad de la demanda de amparo que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral *****, por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en la que se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la peticionaria de amparo, contra el proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que la Junta responsable negó girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe cuáles son las cuentas bancarias que se tengan a nombre de la demandada *******, y así garantizar el cobro del crédito laboral en ejecución del laudo dictado en el juicio de origen. Ahora, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, como ya se vio, debe de entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo que el acto combatido en este juicio constitucional no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por no ser de las que determina, aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una actuación que forma parte de la ejecución del laudo, contra la cual sólo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. De tal manera que el acto reclamado no es autónomo del laudo emitido dentro del procedimiento laboral, pues el acuerdo que se reclama está directamente relacionado con la ejecución del fallo, ya que se trata de un proveído de mero trámite que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno del quejoso para que sea considerado de imposible reparación; como consecuencia, sólo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, la resolución relativa al recurso de revisión, que reclama en esta vía la parte quejosa, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino por el contrario, es una actuación tendente directamente a la ejecución del laudo. De ahí que el acto mencionado no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. En esas condiciones, la resolución reclamada no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.T. J/89, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro 170134, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, página 1482, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia I.9o.T. J/34, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, página 668, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. De conformidad con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no es la última dictada en ejecución del laudo ni está encaminada a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente." Además, la jurisprudencia I.13o.T.J/10 (10ª.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 1941, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución.". En esas condiciones, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa IV del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Aunado a ello, en relación a la negativa a girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe cuáles son las cuentas bancarias que se tengan a nombre de la demandada *******, y así garantizar el cobro del crédito laboral en ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, que solicitó el quejoso, en el auto que combatió mediante la resolución que reclama en esta instancia, es de precisarse que no es el único recurso que tiene a su alcance para lograr el cumplimiento de la condena, ya que la legislación laboral prevé diversas hipótesis para tal efecto; además de que dicha negativa puede ser controvertida, en su caso, cuando se impugne la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, cuando se reclamen las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre y cuando hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución respectiva. Finalmente, a mayor abundamiento se hace notar como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en razón de que tal información puede ser consultada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes,3 que en el Estado de Morelos, distintos órganos jurisdiccionales de amparo han sido coincidente con lo aquí determinado ya que: [1] El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja *****, sustancialmente indicó que el acto reclamado derivado de la negativa de la respectiva Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en girar oficios a diversas autoridades, a fin de dar seguimiento a la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, no es de imposible reparación. Ello, en virtud de que la resolución interlocutoria emitida por la autoridad ahí señalada como responsable no trastoca derechos sustantivos en perjuicio de la parte quejosa debido a que su naturaleza procesal en la ejecución del laudo, no genera un daño a la esfera jurídica de derechos de la parte inconforme, esto es, una ejecución de imposible reparación, ya que no le irroga un agravio inmediato y directo, pues aún está en posibilidad de impugnar la última resolución que se dicte en la fase de ejecución del laudo lo cual aún no ha acontecido. [2] En sentido similar se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, al declarar infundado el recurso de queja ****, de su índice, respecto del cual la materia de estudio, precisamente versó, sobre el desechamiento de la demanda de amparo instada en contra de un acto semejante al aquí reclamado, atribuido a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en la que se negó a girar oficios a diversas instituciones bancarias a fin de que informaran si la parte demandada contaba con cuentas bancarias y así garantizar el cobro del crédito laboral en ejecución del laudo dictado en el juicio de origen. 3 Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), con registro electrónico: 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." De todo lo anterior se advierte que las mismas consideraciones aquí sostenidas, fueron expresadas por diversos Tribunales Colegiados de este circuito judicial, todo lo cual hace patente que el acto reclamado que derivó de la negativa de la respectiva Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, emitida en etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, para solicitar a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, no es de imposible reparación. 4).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en los términos que propone a la profesionista que designa. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a la parte quejosa, siempre y cuando se realice con el usuario que aduce y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 5).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado, a fin de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
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