Guadalupe Gloria Terán Ballesteros

Expediente 1563/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1563/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Gloria Terán Ballesteros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si las responsables cumplieron con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante resolución constitucional emitida el once de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que las responsables: "Provean los mecanismos necesarios en el ámbito de sus competencias para que se suministre a Guadalupe Gloria Terán Ballesteros, el medicamento pendiente prescrito por su médico tratante, en la receta 292004, consistente en ciento ochenta (180) tabletas de Regivas (Droneradone) 400 mg." En proveído de veintinueve de abril del presente año, previa solicitud realizada por la parte quejosa, se requirió a las responsables a fin de que informaran el cumplimiento total dado a la suspensión de plano concedida en el presente sumario. III. Calificativo de cumplimiento. Posteriormente, por oficio recibido en este juzgado el nueve de mayo de la anualidad actual, el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitió constancias de las que se advierte que le fue suministrado a la parte quejosa el medicamento motivo por el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, esto es, Regivas (Droneradone) 400 mg por la temporalidad de tres meses. En ese orden de ideas, por haber transcurrido el plazo procesal correspondiente, el once de mayo anterior la sentencia emitida en el presente sumario causó ejecutoria, y se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. V. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Incorporación de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la suspensión de plano concedida en el presente sumario. En ese sentido, con fundamento en el numeral 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables a fin de que dentro del plazo de veinticuatro horas informen el cumplimiento total dado a la medida cautelar otorgada en el expediente en el que se actúa y para tal efecto remita las constancias pertinentes que acrediten tal circunstancia, esto es, conforme a los lineamientos señalados en auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Con el apercibimiento de que en caso de ser contumaz al cumplimiento de lo señalado, tal conducta, en su caso, pudiera constituir a la comisión del delito previsto en el citado artículo 262 de la ley de la materia, y de persistir en su actitud, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación, con tales hechos constitutivos de delito. A fin de que las responsables se encuentren en posibilidad de rendir el informe solicitado con antelación, remítase copia del escrito a que hace referencia, a fin de que se encuentren en posibilidad de emitir el informe correspondiente. Notifíquese; y por oficio a las referidas autoridades. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta remitidos por el subdirector de Servicios Administrativos adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, provéase lo conducente una vez que la resolución constitucional emitida en el presente sumario cause ejecutoria. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y tres minutos del once de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes justificados de las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones al respecto. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el ********************, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Sonora, y de otras autoridades. Por auto de esa misma fecha, este juzgador dictó la medida cautelar de plano respectiva y determinó que el turno para conocer y resolver este asunto le correspondía al ********************; de ahí que mediante oficio ******************** se le remitieron los autos originales, los cuales se tuvieron por recibidos mediante determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo, no se aceptó la competencia declinada, y por ende, devolvieron a este órgano jurisdiccional el juicio de amparo en que se actúa. Por proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto en reclamo tiene ejecución en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamado: la omisión de suministrar a la quejosa el medicamento Regivas (Dronedarone) Tabletas 400 mg. (contenido en la receta ********************). Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y al subdirector de Servicios Administrativos del citado instituto, pues si bien negaron el acto que se les atribuye, lo cierto es que hacen manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." De igual manera, es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Subdirección de Servicios Administrativos; Encargada de Despacho de Medicamentes y Suministros; y, Encargado de la Farmacia Cias Sur, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por así declararlo al rendir su informe justificado; certeza que se corrobora con las constancias que remitieron, de las cuales se advierte el acto impugnado. Actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. V. Causas de improcedencia Toda vez que las partes no hicieron valer diversas causales de improcedencia de las relacionadas con la existencia del acto, que fueron desvirtuadas en el apartado que antecede, ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 22/91, visible en la página sesenta, del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, octava época, junio de mil novecientos noventa y uno, que informa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Conceptos de violación Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, toda vez que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su único concepto de violación la quejosa aduce sustancialmente que la omisión reclamada resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la salud, porque el medicamento recetado que no se le han proporcionado es necesario para atender las enfermedades que padece. Estudio de fondo El concepto de violación resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Asiste la razón a la inconforme en lo que alega y para demostrar tal afirmación debe destacarse que el numeral 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.]. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. [.]". Del texto constitucional recién inserto se desprende en lo que aquí interesa que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a la salud presupone el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental, emocional y social de la persona humana que se logra -entre otras cosas- con el diagnóstico y tratamiento eficaz y oportuno, así como el suministro del medicamento que tenga a su alcance la autoridad responsable. Las anotadas consideraciones dieron origen a la tesis aislada LXVIII/2009, consultable en el tomo XXX, diciembre de 2009, página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica." En efecto, el derecho a la salud protegido constitucionalmente encuentra compatibilidad con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. Así se observa del párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como "Protocolo de San Salvador". Los anteriores instrumentos, en lo que interesa destacar, postulan los siguientes derechos y sus correlativas obligaciones de los Estados: a) Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. b) Que los Estados Parte en dichos Pactos, Tratados y Convenciones, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y social. c) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. d) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. En este orden de ideas, se observa que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado y condiciones sanitarias adecuadas. En concordancia con el artículo 4° constitucional y los diferentes ordenamientos internacionales que México ha suscrito, la prerrogativa a la salud constituye un derecho público subjetivo, regulado constitucionalmente como un derecho humano, mismo que se compone de la atención médica que comprende las actividades curativas, cuyo fin es efectuar un diagnóstico temprano de las afecciones a la salud y proporcionar un tratamiento integral oportuno, ya sea preventivo, curativo, paliativo o de rehabilitación; además de comprender también la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. De esa forma, el derecho a la protección a la salud conlleva el derecho subjetivo a obtener la práctica de los estudios clínicos necesarios y la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, sin que obste a lo anterior que los medicamentos sean recientemente descubiertos; que sean de costo excesivo, o que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención médica por parte del Sector Salud, incluyendo los aspectos relacionados con la edad de los pacientes, pues éstas son cuestiones ajenas a esos derechos. En el caso concreto, si bien las autoridades responsables desplegaron diversas actuaciones encaminadas a proporcionar el medicamento recetado a la quejosa, lo cierto es que fueron omisas en suministrarlo de manera total, ya que hasta la data en que se resuelve, no obra constancia que acredite que las autoridades responsables le hayan entregado la totalidad del medicamento prescrito en la receta ********************, esto es, ******************** tabletas de Regivas (Droneradone) 400 mg, la cual fue prescrita por seis meses, no obstante haberle realizado una entrega parcial de ciento ochenta tabletas, como se advierte de las constancias anexas a los oficios ******************** y ********************, que obran en autos. Circunstancia que resulta preponderante en tanto que comprueba que las autoridades responsables no han proporcionado la totalidad de los medicamentos para el adecuado tratamiento a la inconforme, a fin de preservar su salud física, por lo cual es claro que la omisión reclamada vulnera en perjuicio de éste el derecho fundamental a la salud previsto por el artículo 4° Constitucional. Decisión En consecuencia, en atención a las consideraciones plasmadas, a fin de restituir al quejoso el derecho a la salud consagrado por el cardinal 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables: Provean los mecanismos necesarios en el ámbito de sus competencias para que se suministre a ********************, el medicamento pendiente prescrito por su médico tratante, en la receta ********************, consistente en ********************. Por lo tanto, con base en lo expuesto y fundado, además en lo establecido por los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción I, 33, 35, 37, 62, 73, 74, fracción I, 75, 76, 77, 78 y 79, fracción I, de la Ley de Amparo se: IX. Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos VII y VIII del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

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