Guadalupe Garcia Barrera

Expediente 1743/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1743/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Garcia Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de catorce de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores al plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 22, 23 y 24 del acuerdo referido. Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y específicamente, el contenido de la demanda de amparo que le dio origen, promovida por Luis Antonio Aparicio Cardoso, apoderado legal de Guadalupe García Barrera, de la que se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia que impide continuar con su tramitación, en virtud de lo siguiente: En ese sentido, al rendir los informes justificados rendidos por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptaron la existencia de lo reclamado; sin embargo precisaron que no en los términos y condiciones que expresa la parte quejosa, en virtud de que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno la autoridad responsable se dictó el acuerdo respectivo a la admisión y desechamiento de los medios probatorios ofertados por las partes interesadas. Asimismo, la autoridad responsable manifestó que dicha determinación la hizo del conocimiento a la parte quejosa cinco de enero de dos mil veintidós, tal como se advierte de las documentales que en copias certificadas se acompañaron al informe con justificación de la responsable, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, es dable advertir que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda que en el caso ocurrió el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable ya había acordado la admisión y desechamiento de los medios probatorios ofrecidos por las partes; sin embargo, hasta el cinco de enero del año que transcurre, que se notificó dicha determinación a la parte actora (aquí quejosa), por lo que, resulta evidente determinar que en el caso, cesó la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues, la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. VISTOS SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Laura Coutiño Mendoza, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los informes justificados rendidos por: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba consistente en la documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Asimismo, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señala como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. Además, hace del conocimiento una causa de sobreseimiento, misma que de ser procedente será tomada en consideración en la resolución que se dicte en el presente asunto. Por otra parte, tomando en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la personalidad con la que se ostenta el promovente como apoderado legal de la parte directa quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce dicha personería en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    C, se admite la demanda de amparo. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se señalan las trece horas con veintiocho minutos del catorce de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que si es su deseo participar en la mencionada diligencia, ésta podrá llevarse a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX", por lo que deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, por lo que en caso de no hacerlo, al menos con una hora de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, se entenderá que no es su deseo participar en dicha audiencia, sin menoscabo de que puedan llevarse a cabo con los escritos de alegatos presentados por las partes Atento lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Además, con apoyo en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación a los actos que se le reclamen cuya naturaleza sea positiva o negativa, incluyendo aquellas que se tomaron en consideración para su emisión y sus respectivas constancias de notificación, así como las constancias que constituyan los antecedentes de los actos que se le reclamen de naturaleza omisiva.

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