Guadalupe Galvez Marin

Expediente 1374/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1374/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • Guadalupe Galvez Marin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil dieciséis.Estado procesalVista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio.Causa estadoEn consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes.Se ordena archivoAtento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación.Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente.Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara si es su deseo ampliar su demanda en torno al oficio ** signado por el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, sin que hasta el momento lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos; por tanto, el presente asunto se resolverá como inicialmente fue presentado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que obran en los mismos, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morreos, el cual hizo consistir en la omisión de dar contestación al escrito presentado el uno de agosto del año en curso, mediante el cual solicitó se realizara el trámite correspondiente a efecto de que se emitiera del Título de Concesión que ampara las Placas **. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que el trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictó el acuerdo respectivo en relación al escrito presentado por la parte quejosa en el cual le da contestación al mismo por medio del oficio **, notificado el diecinueve del mismo mes y año, en el domicilio que proporcionó dicha parte procesal. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable en darle contestación a su escrito, este ya se dictó y notificó, como se desprende de las constancias que obran en autos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y ocho minutos del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el ocurso suscrito por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual señala un nuevo domicilio y revoca el designado con anterioridad, asimismo autoriza a ***, para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos. Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 27, fracción I, de la Ley de la materia, téngase como nuevo domicilio para recibir y oír notificaciones personales el que indica. Asimismo, respecto de su diversa petición dígase al promovente que no ha lugar a tener por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que propone, toda vez que por disposición expresa de ese mismo numeral, no puede substituir o delegar a favor de terceros las facultades que le fueron conferidas por la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, se resolvió: *** Se declara que la resolución dictada, con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de autos se advierte que por oficio recibido por este Juzgado Federal el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia Jiutepec, informó que por auto de catorce de julio de dos mil dieciséis, desahogó el informe de autoridad a cargo del Ayuntamiento de Ayala, Morelos; sin embargo, omitió remitir copia certificada del auto citado en líneas que anteceden. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia Jiutepec, y al Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, remita copia certificada del auto de catorce de julio de dos mil dieciséis. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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