Guadalupe Flores Moreno
Expediente 502/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guadalupe Flores Moreno
Actuaciones
- Principal
MESA I A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de catorce de abril del año en curso (fojas 7 a 19), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por GUADALUPE FLORES MORENO; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V A Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 4324, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, por el que transcribe el auto de presidencia de diez de abril del año en curso, en el amparo en revisión 110/2015, de cuya lectura se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, otorgó licencia con goce de sueldo al Magistrado Jorge Alberto González Álvarez y autorizó para sustituirlo a la licenciada Virginia Cecilia Velasco Ríos.
- Principal
MESA I-A. Notificación personal por lista. (Quejosa). Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Flores Moreno, contra un acto del Magistrado Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 502/2015. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, conviene señalar lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Del contenido de los dos últimos artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación y que tienen la característica de actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de diecinueve de marzo de dos mil quince, dictada en el toca familiar 646/2015, relativo a recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictado en el juicio de divorcio necesario 346/2013 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el que se admitieron diversas pruebas ofrecidas por la parte actora. Ahora es conveniente plasmar que la quejosa en los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, indicó: 1.- Con fecha catorce de mayo de 2013, el C. JUAN JESÚS NAVA VILLAVICENCIO, presentó demanda de divorcio necesario, en contra la suscrita, en la oficialía de partes común de los Juzgados Familiares del Distrito Judicial del Centro, correspondiendo conocer al Juzgado Quinto de lo Familiar del Centro. 2.- Con fecha veinticuatro de mayo, se dio entrada a la demanda de divorcio presentada por el C. JUAN JESÚS NAVA VILLAVICENCIO, asignándole el número 346/2013 SEGUNDA SECRETARIA del Juzgado Quinto de lo Familiar, del Distrito Judicial del Centro. 3.- Con fecha tres de enero de 2014, fui emplazada a juicio. 4.- Con fecha 13 de enero de 2014, conteste la demanda, una vez que se e tuvo por contestada la demanda, con fecha veinticuatro de junio de 2014 se dictó un acuerdo, en donde se le tuvo al actor ofreciendo diversas pruebas, auto que recurrí mediante el recurso de apelación [.] 5.- Con fecha 12 de agosto del año 214, interpuse recurso de apelación en contra del auto dictado con fecha 24 de junio de 2014, en donde se le tiene al actor presentado diversas pruebas.". Como se ve la resolución reclamada confirma el auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictado en el juicio de divorcio 346/2013 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, por el que se admitieron diversas pruebas de la parte actora. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, este juzgador estima que en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la resolución que confirma el auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictado en el juicio de divorcio 346/2013 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, por el que se admitieron diversas pruebas de la parte actora, en modo alguno puede ser considerada como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que con tal determinación no se afecta materialmente un derecho sustantivo de la quejosa conforme a los lineamientos antes expuestos. En efecto, la resolución que confirma el auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictado en el juicio de divorcio 346/2013 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, por el que se admitieron diversas pruebas de la parte actora, es una violación procesal, y en el momento en que se produce, no afecta de manera irremediable algún derecho sustantivo de la quejosa sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse el juicio relativo. De ahí que se estima que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales. Aquí cabe apuntar que el artículo 107 constitucional establece la procedencia del amparo directo contra sentencias definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa al quejoso; en efecto, el amparo fue concebido por el legislador como un juicio extraordinario cuyo objetivo es la protección de derechos fundamentales de los gobernados frente a los gobernantes, y procede en la vía directa contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio, en donde se pueden analizar las violaciones del procedimiento respecto de actos emitidos en éste que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo de manera excepcional, se previó la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso, lo que implica que el juicio de amparo no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad la supervisión de todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, sino excepcionalmente en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. Esto es, el legislador reservó para combatir vía amparo directo a las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, para evitar que se pudiese entorpecer el procedimiento que es de orden público. Lo anterior, en aras de impedir que las partes abusen en forma indiscriminada del amparo indirecto, pues desvirtuaría la tutela del amparo indirecto hacia elementos diferentes de su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al extender injustificadamente tal protección a un sin fin de actos de naturaleza procesal con independencia de que pudiesen tener cierta implicación de índole patrimonial, lo cual en el caso, como ya se dijo no acontece, puesto que hasta el momento no se advierte afectación que se refleje o materialice en la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, toda vez que el acto aquí reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que menciona en su escrito de demanda, y por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, a Virgilio Flores Moreno, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, y a las restantes personas únicamente para recibir notificaciones, por no cumplir con el citado requisito y ser el presente asunto en materia civil. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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