Guadalupe Estela Pérez Martínez

Expediente 172/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
172/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Estela Pérez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto; el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído dictado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, que sobreseyó en este juicio de amparo fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C)DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO CONFORME AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO PROCESAL EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ensenada, Baja California, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la aquí quejosa Guadalupe Estela Pérez Martínez, por conducto de su apoderada legal Karen Otamendi Águila, promovió demanda de amparo contra actos de la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, de dictar el Laudo definitivo dentro del juicio laboral que sigue mi poderdante en contra de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ante la responsable, dentro del expediente número 274/2016, en el que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que se decretó CERRADA LA INSTRUCCIÓN, con fecha 11 de octubre de 2018, turnándose a proyecto de resolución, en términos de lo establecido por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo." En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que remite la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa las constancias de notificación de la resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 274/2016. Ahora bien, de las constancias que anexó la autoridad responsable a los oficios con números de registro 3598 y 3874, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron certificadas por funcionario público en uso de atribuciones, se desprende que la junta responsable, emitió laudo el diez de abril de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 274/2016 de su índice, de donde emanan los actos reclamados y notificó el mismo a la aquí quejosa en veintiséis de abril de dos mil diecinueve. En mérito de lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión de la responsable Presidente la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar la sentencia correspondiente en el expediente laboral 274/2016 de su índice, de esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegada, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado reestablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por último, se dejan sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y seis minutos del treinta de abril dos mil diecinueve; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTE EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO.Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la aquí quejosa Guadalupe Estela Pérez Martínez, por conducto de su apoderada legal Karen Otamendi Águila, promovió demanda de amparo contra actos de la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, de dictar el Laudo definitivo dentro del juicio laboral que sigue mi poderdante en contra de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ante la responsable, dentro del expediente número 274/2016, en el que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que se decretó CERRADA LA INSTRUCCIÓN, con fecha 11 de octubre de 2018, turnándose a proyecto de resolución, en términos de lo establecido por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo." En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que remite la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa las constancias de notificación de la resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 274/2016. Ahora bien, de las constancias que anexó la autoridad responsable a los oficios con números de registro 3598 y 3874, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron certificadas por funcionario público en uso de atribuciones, se desprende que la junta responsable, emitió laudo el diez de abril de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 274/2016 de su índice, de donde emanan los actos reclamados y notificó el mismo a la aquí quejosa en veintiséis de abril de dos mil diecinueve. En mérito de lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión de la responsable Presidente la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar la sentencia correspondiente en el expediente laboral 274/2016 de su índice, de esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegada, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado reestablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por último, se dejan sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y seis minutos del treinta de abril dos mil diecinueve; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que remite con su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. En ese orden, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió el laudo dictado el diez de abril actual, en el expediente laboral 274/2016, de su índice; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que se le notifique este proveído, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias de notificación de la resolución de diez de abril del presente año, a la aquí quejosa Guadalupe Estela Pérez Martínez; o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente juicio. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.

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