Guadalupe Ernestina Angulo

Expediente 62/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
62/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Ernestina Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ************, por su propio derecho y en representación de su hija Dalila Zulema Moreno Angulo por las autoridades y el acto precisado en el considerando segundo por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones tercero y última consideración de esta resolución.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en proveído de cinco de los corrientes, informa que sí se realizó la cirugía de resección de pterigion ambos ojos a la parte quejosa, asimismo, manifiesta que en oficio ******************, de ocho de diciembre de dos mil veinte, fueron remitidas las copias certificadas de cada una de las constancias que integran el expediente clínico de la quejosa. Por último, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL a fin de que se imponga del contenido del citado oficio y manifieste lo que a su derecho convenga.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, del que se desprende que respecto a la cirugía programada a la quejosa, asimismo, remitió copia certificada de constancias que integran el expediente clínico de la quejosa. Ahora, del oficio de referencia y de las constancias anexas al mismo no se advierten datos suficientes para determinar si efectivamente o no se hubiese realizado la cirugía de resección de Pterigion ambos ojos que motivó el presente juicio de amparo, pues únicamente hace referencia que la responsable hizo: 1) Diagnostico preoperatorio; 2) Operación proyectada, y; 3) Cita para revisión agendada para el catorce de diciembre de dos mil veinte. Por tal motivo, este órgano jurisdiccional estima que no se tienen elementos suficientes para determinar si fue realizada la intervención quirúrgica solicitada por la quejosa y que originó el presente proceso de derechos fundamentales. Ante esas circunstancias existe la posible actualización de una causa de improcedencia que de momento no puede ser determinado precisamente (como se dijo) por la falta de pruebas que así lo evidencien; por tanto, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 319, Tomo XXIII, enero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176291, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL". REQUIÉRASE al Director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación legal del presente proveído, informe de manera clara y precisa si se realizó o no la cirugía de resección de Pterigion ambos ojos a la parte quejosa, y en su caso, qué atenciones médicas se practicaron de manera posterior a la intervención a la que se hace referencia. Lo que se resalta y subraya se hace con la finalidad de que al momento de que la autoridad requerida cumpla, emplee un lenguaje sencillo (común o entendible) para cualquier persona; es decir, absteniéndose de usar tecnicismos (palabras o enunciados) que una persona sin conocimiento en esa área no podría comprender. Esto último atiende principalmente a que de las constancias que la progenitora de la justiciable adjuntó a su demanda de amparo se advierte el "dictamen de discapacidad física o psíquica de beneficiarios" hace referencia a que la quejosa es una persona con capacidades diferentes. Además, del expediente no se advierte que los representantes de la disidente tengan conocimiento en el uso de un lenguaje técnico en medicina. Lo expuesto con anterioridad se fundamenta en los numerales 1, 2, 4, puntos 1., 4. y 5., 13 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se apoya en las consideraciones que sustentaron los amparos en revisión 159/2013 y 1368/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la tesis aislada 1a. CCXVI/2018 (10a.), libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 309, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro 2018631 de rubro y texto: "DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE GARANTIZARLO EN SUS DIMENSIONES JURÍDICA, FÍSICA Y COMUNICACIONAL. Para garantizar a las personas con discapacidad el derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad utiliza un lenguaje amplio y robusto, que implica la obligación del Estado de que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que aquéllas puedan participar efectivamente en los procedimientos, ya sea directa o indirectamente, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. En este sentido, la autorización que prevé el artículo convencional citado de utilizar "incluso mediante ajustes de procedimiento" para garantizar ese derecho, indica no sólo que no están prohibidos otros tipos de ajustes o medidas, sino que su implementación es obligatoria mientras sean necesarios y razonables para lograr el pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta la funcionalidad específica de la persona con discapacidad y la posible afectación a derechos de terceros. Ahora bien, el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo referido tiene tres dimensiones que el Estado debe garantizar: jurídica, física y comunicacional. En la jurídica, el acceso a la justicia exige a los Estados que todas las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los procedimientos judiciales por sí mismas, ya sea como partícipes directos o indirectos, lo que está estrechamente vinculado con el reconocimiento de su capacidad jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal de la persona con discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para que su acceso a la justicia sea efectivo. En su dimensión física, requiere que puedan acceder, en igualdad de condiciones que los demás, a las instalaciones en las que se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales y a las oficinas judiciales. Finalmente, en su dimensión comunicacional, exige a los Estados garantizar que toda la información relevante que se les proporciona esté disponible en formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, como lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o en un texto de lectura fácil". En el entendido, de que lo requerido con anterioridad (constancias que sustenten lo afirmado) únicamente atiende al supuesto de que sea afirmativo; esto es, que ya se hubiera realizado la cirugía cuya omisión reclama la quejosa en este juicio de amparo, por ser necesarias para resolver el presente controvertido; o bien, manifieste el impedimento legal que le asiste para cumplir con lo anterior. Con el APERCIBIMIENTO que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Ahora, debido a que mediante Circular CAP/3/2020, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de diciembre del presente año, determinó el regreso al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del citado consejo, se hace del conocimiento a la responsable que el cumplimiento al requerimiento efectuado deberá hacerse llegar por vía fax al número telefónico 01 (667) 846 5766, o bien, vía correo electrónico oficial 4jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Por tanto, a fin de dar tiempo a que el citado Hospital Regional cumpla con el requerimiento señalado en párrafos precedentes, se difiere la audiencia constitucional que según certificación de cuenta estaba programada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo, las TRECE HORAS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en proveído de tres de los corrientes, informa lo acontecido respecto a la cirugía programada a la quejosa, asimismo, remite copia certificada de constancias que integran el expediente clínico de la quejosa. VISTA A LA PARTE QUEJOSA Por último, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL a fin de que se imponga de dichas constancias.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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