Guadalupe Engracia Lovato Gómez

Expediente 111/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
111/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
31/03/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Engracia Lovato Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete (fojas 101 a 104), a través del cual se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Detenidos, con residencia en esta ciudad, y anexo que se acompaña; póngase a la vista de las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, al informe de cuenta se acompaña copia autenticada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación COAH/PG/RG/PN/2017/AA-03560, iniciada con motivo de la puesta a disposición de la aquí quejosa Guadalupe Engracia Lobato Gómez, de las que se advierte que la citada impetrante obtuvo su libertad el dieciséis de febrero del año en curso; por lo anterior, se provee: Mediante escrito presentado ante la Secretaria de guardia adscrito a este Juzgado de Distrito, el catorce de febrero de la propia anualidad (fojas 1 a 8), Mario Alberto Juárez Campos, en representación de Guadalupe Engracia Lobato Gómez, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables: Autoridad responsable: 1. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. 2. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal. Km. 10.3 Carretera Piedras Negras, Coahuila a Acuña, Coahuila de Zaragoza. 3. Delegado de la Procuraduría de Justicia del Estado Región Norte I. Ciudad. 4. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Allende, Coahuila de Zaragoza. Domicilio conocido en el Edificio de Seguridad Pública. 5. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, en turno, o Unidad de Detenidos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado Región Norte 1, a cargo del Lic. Alejandro de León Mendoza. Ciudad. 6. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza. Ciudad. 7. Director General de la Policía Estatal Investigadora dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Humberto Castilla Salas No. 600, Centro Metropolitano, C. P. 25050. Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 8. Comandante o Encargado del Grupo de Reacción Fuerza Coahuila, destacamentado en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. Ciudad. 9. Inspector de la Policía Estatal Investigadora. Ciudad. Por el acto reclamado consistente en la privación ilegal de a libertad cometido en su perjuicio. Al respecto el catorce de febrero de dos mil diecisiete (fojas 9 a 14), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 111/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso, la ratificación del escrito de demanda por parte de la quejosa directa y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables. En esa tesitura, de la constancia de notificación y razón actuarial, de quince de febrero del año en curso (fojas 18 y 19), se advierte que la quejosa directa Guadalupe Engracia Lobato Gómez, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de quince de febrero de dos mil diecisiete (fojas 20 a 22), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, al informe justificado de cuenta la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Detenidos, con residencia en esta ciudad, remitió diversas constancias en copia autentica relativas a la carpeta de investigación COAH/PG/RG/PN/2017/AA-03560, iniciada con motivo de la puesta a disposición de la aquí quejosa Guadalupe Engracia Lobato Gómez, entre las que destaca el acuerdo de libertad correspondiente, el cual se plasma a continuación: Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. (. . .) En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación ilegal de su libertad; sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. (. . .) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." (. . .) Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Detenidos, de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, otorgó la libertad a la quejosa a las dieciséis horas con treinta minutos del dieciséis de febrero del año en curso (foja 100), lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. (. . .) En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas del catorce de marzo del año en curso (foja 21 vuelta).

  3. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda, el pedimento de amparo número 41/2017, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual realiza los alegatos de su intención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer referencia de él en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia simple de este acuerdo y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los informes justificados que rinden las autoridades responsables a que se refiere el siguiente recuadro: N° ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE REGISTRO 1 Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. 3396 2 Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. 3437 En consecuencia; pónganse a la vista de las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Finalmente, se agrega el telegrama que remite el Jefe de la Oficina Telegráfica de esta ciudad, mediante el cual informa que el telegrama que contiene el oficio 3637/2017-MM, dirigido al Director General de la Policía Estatal Investigadora dependiente de la Procuraduría General de Justica en el Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, no fue entregado en virtud de que no existe dicha autoridad; por tal motivo queda en lista de esa oficina telegráfica. Consecuentemente, acuérdese lo conducente hasta en tanto se tenga noticia del oficio dirigido a dicha autoridad, por correo certificado.

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