Guadalupe Emelina González Mendez

Expediente 24/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
24/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Emelina González Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, específicamente el contenido del escrito inicial de demanda, del que se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO: La negativa de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en pronunciar el laudo en el expediente J/O/20/2015; promovido por GUADALUPE EMELINA GONZÁLEZ MÉNDEZ CONTRA PRESTADORA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SIENA, S.A. DE C.V. Y/O BANCO AHORRO FAMSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y/O ADOLFO FRANCISCO REBOLLAR LARA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, no obstante que ha transcurrido más del término que establece la ley y en que debió hacerlo de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y haberse solicitado sistemáticamente.". En ese sentido, la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las diversas manifestaciones que vierte en dicho informe así como de las copias certificadas del laudo de veinte de enero de dos mil diecisiete, que remitió a este órgano jurisdiccional, se evidencia la existencia del acto reclamado. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tienen por ciertos los actos reclamados a la mencionada autoridad responsable. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". En ese tenor, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable a su oficio agregado el veintitrés de enero de la presente anualidad, es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma Ley, los cuales establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.). Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En efecto, la citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral J/O/20/2015. Ahora, se observa que la autoridad 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidenta y Secretaria Auxiliar de Amparos, mediante oficio presentado el veintitrés del presente mes y año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, remitió copia certificada del laudo de veinte de enero de dos mil diecisiete con firmas de los integrantes de dicha Junta, emitido en el expediente laboral J/O/20/2015 (fojas 18-26), el cual fue promovido por la quejosa Guadalupe Emelina González Mendez, en contra de prestadora de Servicios y Administración Siena, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, resolviendo así la contienda laboral que le fue planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el laudo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en que no dictaba el laudo respectivo en el juicio laboral de origen, ello dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la resolución dictada por tal autoridad. De ese modo, este juzgador concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con ocho minutos del tres de febrero de dos mil diecisiete. Finalmente, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días a que refiere con el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que se debe dar vista a las partes para que tengan conocimiento del informe justificado que rinda la autoridad responsable correspondiente; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que la parte quejosa no podría ofrecer prueba alguna que desvirtuara la causa de improcedencia que se actualiza en el mismo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, específicamente el contenido del escrito inicial de demanda, del que se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO: La negativa de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en pronunciar el laudo en el expediente J/O/20/2015; promovido por GUADALUPE EMELINA GONZÁLEZ MÉNDEZ CONTRA PRESTADORA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SIENA, S.A. DE C.V. Y/O BANCO AHORRO FAMSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y/O ADOLFO FRANCISCO REBOLLAR LARA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, no obstante que ha transcurrido más del término que establece la ley y en que debió hacerlo de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y haberse solicitado sistemáticamente.". En ese sentido, la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las diversas manifestaciones que vierte en dicho informe así como de las copias certificadas del laudo de veinte de enero de dos mil diecisiete, que remitió a este órgano jurisdiccional, se evidencia la existencia del acto reclamado. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tienen por ciertos los actos reclamados a la mencionada autoridad responsable. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". En ese tenor, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable a su oficio agregado el veintitrés de enero de la presente anualidad, es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma Ley, los cuales establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.). Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En efecto, la citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral J/O/20/2015. Ahora, se observa que la autoridad 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidenta y Secretaria Auxiliar de Amparos, mediante oficio presentado el veintitrés del presente mes y año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, remitió copia certificada del laudo de veinte de enero de dos mil diecisiete con firmas de los integrantes de dicha Junta, emitido en el expediente laboral J/O/20/2015 (fojas 18-26), el cual fue promovido por la quejosa Guadalupe Emelina González Mendez, en contra de prestadora de Servicios y Administración Siena, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, resolviendo así la contienda laboral que le fue planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el laudo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en que no dictaba el laudo respectivo en el juicio laboral de origen, ello dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la resolución dictada por tal autoridad. De ese modo, este juzgador concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con ocho minutos del tres de febrero de dos mil diecisiete. Finalmente, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días a que refiere con el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que se debe dar vista a las partes para que tengan conocimiento del informe justificado que rinda la autoridad responsable correspondiente; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que la parte quejosa no podría ofrecer prueba alguna que desvirtuara la causa de improcedencia que se actualiza en el mismo. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. De conformidad con el numeral 117 de la ley de la materia, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. También, con fundamento en los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de enero de dos mil diecisiete. ADMISIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la misma, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 24/2017-2-B. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con lo previsto en el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, no es el caso tramitar por cuerda separada los cuadernos incidentales, toda vez que la parte quejosa no solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con ocho minutos del tres de febrero de dos mil diecisiete. Se hace del conocimiento de las partes, que se estima innecesario emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días naturales contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO En virtud de que aún no se encuentra integrada la litis constitucional, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto a la parte tercero interesa y su respectivo emplazamiento, en tanto obren en autos los informes justificados que rindan las autoridades responsables. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda; esto es, en las listas que se fijan en este juzgado federal. También, se tienen por autorizados con todas las facultades que confiere el dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado a las personas que indica en su escrito de demanda, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral y no es necesario acreditar tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. PRUEBAS Con fundamento en lo previsto por el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, en la forma y términos en que lo hace, así como las documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, las cuales se desahogan de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.

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