Guadalupe Eloísa Peña Hernández
Expediente 524/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Martha Cecilia Aguilar Gonzalez
- Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos
- Guadalupe Eloísa Peña Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio de cuenta, mediante el cual la Sección responsable solicita los autos del recurso de revisión 387/2022 y del juicio administrativo 1208/2021, toda vez que son necesarios para poder dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, los cuales se encuentran en el amparo directo 558/2023, radicado en este tribunal. Acuerdo. En razón de lo anterior, remítanse los autos originales del recurso de revisión 387/2022 y del juicio administrativo 1208/2021, a la Sección oficiante; para que, este en aptitud de dar el trámite que corresponda, y los devuelva a la brevedad, para continuar con la substanciación del amparo directo 558/2023.
- Juicio de Amparo Directo
Sentencia de amparo. En sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, este tribunal colegiado de circuito concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la sentencia dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para los efectos jurídicos siguientes: "(.) I. Deje insubsistente la sentencia reclamada de uno de septiembre de dos mil veintidós; y, II. En su lugar, dicte una nueva en la que reitere la parte que no es objeto de la protección constitucional y, en la parte que sí lo es, examine y resuelva, con libertad de jurisdiccional, sobre el pago de los incrementos y las diferencias que reclamó la parte actora con motivo del dictamen de pensión CP/71097/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, que constituye el acto impugnado en el juicio de origen". 2. Actuaciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, una vez que la autoridad responsable recibió el testimonio de la ejecutoria constitucional procedió en los términos siguientes: Mediante oficio TJA/SS/III/3617/2023, de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, recibido en este órgano colegiado el veintidós siguiente, la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal responsable, comunicó el acuerdo de misma data y remitió copia certificada de la sentencia dictada en cumplimiento, de la que se advierte -en lo que interesa- lo siguiente: ?Dejó insubsistente la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintidós. ? Dictó nueva determinación el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. 3. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento. Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes -quejosa y tercera interesada- a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera; sólo la parte tercera interesada realizó manifestación, en la cual medularmente expresó que se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo. 4. Análisis del cumplimiento. Primeramente, es menester precisar que conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo y diversos criterios jurisprudenciales obligatorios, existen reglas y/o principios que se deben atender en la materia de estudio del cumplimiento de la sentencia que concedió la protección constitucional, como serían, verbigracia: 1. Que la materia de cumplimiento debe estar basado en los límites de la acción constitucional, así como al señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal. 2. Que en dicho análisis debe realizarse un examen comparativo general o básico, entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable (esto es, que ésta haya acatado todos los aspectos definidos en el fallo de amparo) pero, además, verificar si se incurrió, o no, en exceso o defecto. Para lo cual, debe tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente. 3. Que no es dable analizar la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo; incluso, en la hipótesis en que se haya dejado en libertad de jurisdicción a la responsable, pues es posible que el tribunal de amparo haya ordenado la reiteración de ciertos puntos o definido la manera de decidir sobre algunos aspectos. Los criterios mencionados son los de rubros siguientes: ? 1a./J. 120/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 774 del Libro 2, Enero de 2014, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO.". ? 2a./J. 9/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832 del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, intitulada: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.". ? 1506 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1707 del Tomo II, Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. SÓLO SE DEBE ANALIZAR SI ÉSTA SE CUMPLIÓ O NO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE.". ? 1a./J. 130/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487 del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, intitulada: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA EMITIDA EN AMPARO DIRECTO. PARA CONSIDERAR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO A FIN DE CONOCER SI LA FORMA DE REPONER EL PROCEDIMIENTO O LA EMISIÓN DE LA NUEVA RESOLUCIÓN ACATA TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEFINIDOS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.". ? 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO.". Aunado a lo anterior se debe tomar en consideración, que el análisis que se emprenda en el análisis de cumplimiento para comprobar si fue correcta o no la determinación que emitió la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no debe limitarse a las manifestaciones que en su caso, pudieron hacer valer las partes, pues el órgano terminal cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada, en su caso, si es congruente con la litis del controvertido y los efectos del fallo protector. En ese sentido, se consideran que existe defecto en el cumplimiento de la sentencia, ya que la autoridad responsable no cumplió en sus términos la ejecutoria de amparo. Precisa señalar, que en la ejecutoria de amparo se estableció -en esencia- lo siguiente: ".En la especie, la sentencia reclamada no cumplió con aquellos principios de congruencia y exhaustividad, porque omitió resolver sobre el pago de las diferencias e incrementos que también demandó la parte actora. En efecto, del examen del escrito inicial de demanda que dio origen al juicio administrativo 1208/2021, se advierte que, en los puntos cuarto y sexto, del capítulo de "PRETENSIONES DEDUCIDAS", la parte actora pidió el incremento de la pensión y el pago de diferencias, en los términos que se reproducen a continuación: . Como puede advertirse de la reproducción que antecede, en el punto cuarto del capítulo de pretensiones, la entonces actora pidió el incremento de la pensión en términos de los incrementos que año con año otorga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a partir del año dos mil doce, en que fue otorgada la pensión y hasta el año dos mil veintiuno y posteriores. Por su parte, en el punto sexto del propio capítulo de pretensiones, la actora pidió el pago de las diferencias generadas entre el monto de la pensión determinado en el dictamen de pensión CP/71097/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, en cantidad de $323.51 (trescientos veintitrés pesos 51/100 moneda nacional), y el monto de la pensión establecido en el dictamen de pensión CP/870/13, de uno de febrero de dos mil trece, en cantidad de $312.98 (trescientos doce pesos 98/100 moneda nacional). Incluso, la actora realizó operaciones aritméticas para establecer la cantidad de pago que por concepto de diferencias reclamó. . De acuerdo con la reproducción que antecede, lo decidido con apoyo en la cosa juzgada sirvió también para desestimar las pretensiones de la parte actora sobre el pago de las diferencias que reclamó con motivo de la modificación del monto de pensión. En cambio, sobre los incrementos de la pensión en términos de los incrementos que otorga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no existió pronunciamiento al respecto. Sin embargo, es evidente que ambos temas no fueron objeto de decisión en la sentencia dictada en el anterior juicio administrativo 350/2020, pues, como quedó demostrado con anterioridad, en ese juicio lo que quedó resuelto fue que el cálculo de la pensión se debe efectuar en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en vigor, considerando el promedio del sueldo sujeto a cotización de los últimos ocho meses, así como que en dicha Ley no se contempla el beneficio de años adicionales, que es lo que en todo caso adquirió la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, no existió pronunciamiento, ni podía haberlo, sobre los incrementos y pagos de diferencias, porque para entonces no podían existir, debido a que lo único que entonces se cuestionó fue el otorgamiento de la pensión contenida en el dictamen de pensión CP/870/13, de uno de febrero de dos mil trece, mientras que los reclamos de incrementos y pagos de diferencias se realizó en el nuevo juicio administrativo, con motivo del nuevo dictamen de pensión CP/71097/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, a partir del otorgamiento de la pensión en dos mil doce. Por tanto, la sentencia reclamada no cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, porque omitió examinar y pronunciarse sobre el pago de los incrementos y las diferencias que reclamó la parte actora con motivo del nuevo dictamen de pensión CP/71097/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, impugnado en el juicio de origen, violando de ese modo en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano." Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: ? Dejó insubsistente la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintidós. ? Dictó nueva determinación el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la siguió los lineamientos de la ejecutoria, reiteró lo que no fue materia de la ejecutoria. ?Analizó y resolvió, con libertad de jurisdiccional, sobre el pago de los incrementos y las diferencias que reclamó la parte actora con motivo del dictamen de pensión CP/71097/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, estableciendo -en esencia- lo siguiente: ".No obstante, del análisis a las pretensiones de la particular, se desprende que sobre tal cuestión debe sobreseer de igual forma, de conformidad con lo previsto por los numerales 267, fracción VII y 268, fracción II, del código adjetivo de la materia, dado que si en la especie la parte actora considera que las autoridades recurrentes no han realizado los incrementos correspondientes de su monto diario de pensión conforme a los que otorga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y se le deben de pagar las diferencias resultantes por el nuevo monto diario de pensión; lo cierto es que la actora tiene que solicitar directamente ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios si aquél ha aplicado los incrementos correspondientes y si existen diferencias a pagar por el cambio del monto diario de pensión, situación que no aconteció en el presente asunto, pues la atora acudió directamente en primera instancia ante este órgano jurisdiccional a solicitar los incrementos de su monto diario de pensión al considerar que las autoridades no lo habían realizado; además de solicitar el pago de diferencias por el cambio del monto diario de pensión. En consecuencia, se concluye que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para realizar pronunciamiento alguno sobre los incrementos y diferencias que reclama, pues como ya se mencionó con anterioridad, en primer término, lo procedente es que la parte actora acuda ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios para solicitar los incrementos y diferencias de su monto diario de pensión por los años de dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y subsecuentes, agotando de esta manera el principio de decisión previa. Siguiendo la línea de ideas, independientemente que la actora señale como acto impugnado el dictamen de pensión de nueve de julio de dos mil veintiuno, lo cierto es que pretende que se realicen los incrementos de su pensión otorgada en dos mil doce, para los años subsecuentes y se realice el pago de diferencias derivado de la modificación del monto diario de pensión. . Por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por nuestro máximo órgano jurisdiccional, para que proceda el juicio contenciosos administrativo contra la omisión de actualizar y calcular los incrementos a la pensión jubilatoria, se requiere que el particular, previamente, lo haya solicitado a la autoridad administrativa, para que esté en condiciones de exhibir, obligatoriamente, la resolución expresa o ficta recaída en el asunto. . Como ya se mencionó anteriormente, la causa de pedir de la parte actora se encuentra vinculada directamente con la omisión por parte del instituto de efectuar los incrementos de su pensión y pago de diferencias derivado de la modificación de su monto diario de pensión, resulta evidente que debió acudir ante la autoridad a solicitar ello antes de instar juicio administrativo. Pues, si se atiende a lo solicitado por la parte actora en esta instancia, se desnaturalizaría la acción contenciosa administrativa, en virtud de que el juicio administrativo, procede contra las resoluciones administrativas definitivas, que constituyen el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa, la cual se expresa de dos maneras, primero, como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, segundo como una manifestación aislada, que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos. En conclusión, las pretensiones expuestas por la recurrente resultan improcedentes, del análisis de las constancias que obran en el juicio administrativo 1208/2021, no obra documental mediante la cual la parte actora demostrase que se agotó el principio de decisión previa, que lo obliga a recurrir ante los mecanismos previstos en la ley de la materia, con la finalidad de adquirir una sentencia definitiva, esto para poder instar juicio contencioso administrativo en contra de dicha determinación, por lo que resulta evidente que en el presente asunto se advierta la actualización de la causal de improcedencia contenida en el numeral 267, fracción VII, en relación con el artículo 268, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.". De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable no atendió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues lo que debió centrar su nuevo fallo consistía en emitir pronunciamiento de fondo sobre el pago de los incrementos y las diferencias que reclamó la parte actora con motivo del nuevo dictamen de pensión CP/71097/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, esto es, el incremento de la pensión en términos de los incrementos que año con año otorga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a partir de dos mil doce -año en que fue otorgada la pensión- hasta dos mil veintiuno y posteriores; y, las diferencias generadas entre el monto de la pensión determinado en el dictamen de pensión CP/71097/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $323.51 (trescientos veintitrés pesos 51/100 moneda nacional), y el monto de la pensión establecido en el dictamen de pensión CP/870/13, de uno de febrero de dos mil trece, en cantidad de $312.98 (trescientos doce pesos 98/100 moneda nacional). Por lo anterior, la Presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que la autoridad responsable incurrió en defecto al no cumplir en la totalidad con los lineamientos de la ejecutoria de amparo En ese sentido, debe precisarse que las autoridades deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos dictados en las ejecutorias, conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas porque son precisamente las consideraciones y los lineamientos las que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen por virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Partiendo de tales hipótesis la Presidencia de este Tribunal Colegiado, como ya se adelantó, aprecia que la autoridad responsable, ha cumplido de forma defectuosa la ejecutoria de amparo. 5. Decisión. Con base en lo anterior, la Presidencia de este tribunal colegiado observa que la autoridad responsable no atendió las directrices de la ejecutoria, por las razones mencionadas en el apartado previo del presente acuerdo. En tal virtud, se declara que el fallo protector no ha quedado cumplido para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Motivo por el cual, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, es procedente requerir a la autoridad responsable a efecto de que en el término de tres días legalmente computados a partir del día siguiente al en que le sea notificado el presente proveído, informe a este tribunal, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo o los trámites que se encuentre realizando para tal efecto. Por otra parte, es que de las manifestaciones de la parte tercero interesada -Presidenta del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios- donde solicitó se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo no ha lugar, por las consideraciones ya expuestas en párrafos anteriores. 6. Medio de impugnación contra la presente resolución. Infórmese a las partes, que conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. 7. Notificaciones. Para los fines antes indicados, notifíquese -por lista- a la parte quejosa y - por oficio- a la parte tercero interesada. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes.
- Amparo en revisión
Archivo y valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas anotaciones que se hagan en el libro de control.
- Juicio de Amparo Directo
Manifestaciones. Consecuentemente, atento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, y toda vez que realiza las manifestaciones dentro del plazo previsto para ello, ténganse a la vista las mismas, pues se tomaran en consideración al momento de emitir la resolución de cumplimiento. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 63/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo."
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