Guadalupe Elizabeth Teran Barajas

Expediente 912/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
912/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Elizabeth Teran Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    I. Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la determinación dictada el seis de octubre del presente año, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (encuadra en las hipótesis previstas en el punto vigésimo primero, inciso III, párrafo tercero, de dicho Acuerdo), toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues existe el original (punto vigésimo, inciso III). - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    I. Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 912/2017-I, promovido por Guadalupe Elizabeth Terán Barajas; contra actos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Guadalupe Elizabeth Terán Barajas, solicitó el amparo contra las autoridades y acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "ÚNICA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO." ACTO RECLAMADO "A la autoridad señalada como responsable le reclamo la ilegal e inconstitucional CLAUSURA DE MI OBRA DE CONSTRUCCIÓN EN MI PROPIEDAD." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, se registró con el número 912/2017-I, por auto de trece de junio de dos mil diecisiete se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 7). CUARTO. Ampliación de demanda. Mediante auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, se dio vista a la quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del Notificador Ejecutor adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, lo que en el caso no aconteció, por lo que en diverso auto de dos de octubre siguiente se realizó la certificación correspondiente, de ahí que la presente sentencia no se ocupara de tal autoridad. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, por reclamarse un acto emitido en un procedimiento administrativo respecto del cual la quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la clausura de siete de junio de dos mil diecisiete, dirigida a la quejosa en el domicilio que defiende. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; pues aduce que no realizó ningún acto tendente a la clausura de la construcción de la ahora quejosa; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada pues precisamente de las constancias que allegó al informe en mención se advierte su existencia. Lo anterior se corrobora con el legajo de copias certificadas del procedimiento administrativo PMT/DUYOP/SUS/09/2017 (foja 21), del que se aprecia la orden de suspensión provisional de la construcción que se encuentra realizando la quejosa y la colocación de sellos respectivos; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o las que advierta de oficio el suscrito, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no agotó los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación correspondiente, la que resulta fundada. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su facción XX establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la trascripción anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra resoluciones judiciales o administrativas, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las razones que a continuación se exponen: En términos del artículo invocado, el juicio de amparo es improcedente cuando se den los siguientes supuestos: Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Lo que acontece en el presente caso, toda vez que la autoridad responsable a la que es atribuida la consecuencia legal del acto reclamado, es la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, por tanto, es evidente que no tiene el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". b) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, toda vez que contra el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la clausura de siete de junio de dos mil diecisiete, dirigida a la quejosa en el domicilio que defiende, procede el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad emisora de la orden reclamada o el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 186 y 187, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, los preceptos invocados a la letra dicen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se le atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y.." Como consecuencia de lo anterior, el acto reclamado en la presente instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto del citado acto impugnado, se debió interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad que emitió la orden reclamada, o bien, el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establece el ordinal 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que atendiendo a las consideraciones que expone la peticionaria del amparo, el acto que combate en esta vía reviste la característica de un acto administrativo, el cual fue emitido u ordenado por una autoridad municipal, tal y como lo prevé la fracción II del artículo 187 del citado ordenamiento legal. Por lo que en la especie, dicho acto reclamado pueden ser modificado, nulificado o revocado previamente al juicio de amparo. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia XVI.1o. J/16 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, página 99, Materia Común, Octava Época, con registro 210793, cuyo contenido y rubro son los siguientes: "ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo cuando el quejoso previamente a la interposición del juicio de garantías no agote los recursos ordinarios que establezcan las leyes contra los actos que combata en el amparo, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso; aun cuando el acto de autoridad haya sido deficientemente fundado y motivado, pues sólo cuando dicho acto carezca absolutamente de esos requisitos el gobernado no tendrá obligación de hacer valer previamente a la presentación del juicio constitucional los medios de defensa ordinarios por desconocer en qué ordenamientos legales se apoya el acto y por consiguiente en dónde se encuentran los medios de reparación contra los actos de autoridad que le afecten". Así como la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, Materia Común, Novena Época, con registro 187016, cuyo contenido estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". De igual manera, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/39 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1214, Materia Común, Novena Época, con registro 171803, que establece: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad". Atento a sus exposiciones, es menester precisar que el recurso administrativo de inconformidad previsto en el artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, es procedente contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, por lo que los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por lo que en ese sentido este Órgano de Control Constitucional considera que la quejosa Guadalupe Elizabeth Terán Barajas, en el presente asunto no agotó el principio de definitividad dado lo expuesto y fundado en la presente determinación; máxime que los actos reclamados en esta instancia constitucional no se ubican en ninguna de las excepciones al principio de definitividad que rigen en el juicio de amparo; de ahí que no resulten aplicables los argumentos vertidos en la demanda de amparo respecto a dicho tópico. A este respecto es importante destacar que la quejosa no es tercera extraña por equiparación, pues aunque alega afectación a su garantía de audiencia, no amplió su demanda contra la notificación al procedimiento y respecto de quien la realizó, precisando el acto materialmente administrativo que impugnó, en un procedimiento dirigido específicamente a ella. Aunado a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional considera que en el caso que nos ocupa, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque la quejosa no demostró que fuera poseedora o propietaria del inmueble clausurado el siete de junio de dos mil diecisiete. En consecuencia con fundamento en las fracciones XII y XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por todo lo anterior, no resulta jurídicamente factible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia 509, publicada en la página 335, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394465 cuyos rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Elizabeth Terán Barajas, contra la autoridad y por el acto señalado en los considerandos tercero y cuarto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe

  3. Principal

    I. Toluca, Estado de México; dos de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa Guadalupe Elizabeth Terán Barajas, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de agosto de este año, es decir, manifestar si era su deseo señalar como autoridad responsable al Notificador Ejecutor Adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se continúa con el trámite del presente juicio únicamente por lo que hace a la autoridad señalada inicialmente como responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las once horas con veinticinco minutos, como se precisó en auto de treinta de agosto del año en curso, sin embargo, trascurre el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta de agosto pasado, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto de la autoridad responsable. Consecuentemente, para dar margen a que se cumplimente lo expuesto, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del seis de octubre de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

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