Guadalupe Elizabeth Teran Barajas

Expediente 1058/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1058/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Elizabeth Teran Barajas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que el quejoso no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3267/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

  2. Principal

    DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de la quejosa, por el cual desahoga las prevenciones realizadas en proveído de siete de julio del año en curso, y en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO. Del estudio integral de los escritos de demanda y de desahogo de las prevenciones, se aprecia que la parte quejosa reclama: - La negativa de realizar traslado de dominio respecto del inmueble que refiere la quejosa, por parte de la Dirección General de Catastro del Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. La fracción mencionada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)--------XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.-----------------------------------------------------------------------------No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. -------------------------------------------------------------Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto del precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél. Para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. ACTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que evidentemente no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; pues se trata de autoridad municipal, de ahí que se colme el primer requisito en comento. PROCEDENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra los actos reclamados proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Ahora, la ley que rige el acto reclamado es el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que en sus artículos 186 y 229, establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables.". "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación." Como consecuencia de lo anterior, el acto reclamado en la presente instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto del citado acto impugnado, se debió interponer juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establece el ordinal 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que atendiendo a las consideraciones que expone la peticionaria del amparo, el acto que combate en esta vía reviste la característica de un acto administrativo, el cual fue emitido u ordenado por una autoridad municipal, tal y como lo prevé la fracción II del artículo 229 del citado ordenamiento legal. Por otra parte, no pasa inadvertido para este Juzgador, que existen excepciones al principio de definitividad a que se ha hecho alusión con anterioridad, pues el mismo no aplica cuando conforme a las mismas leyes que rijan el acto reclamado para suspender la ejecución del mismo, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; asimismo, cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación del acto reclamado y cuando se alegue violación a la garantía de audiencia. Sin embargo, los actos que se señalan como reclamados en la presente instancia constitucional como lo es la negativa de realizar traslado de dominio respecto del inmueble que refiere la quejosa, por parte de la Dirección General de Catastro del Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, de ninguna manera constituyen una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo y con ello conlleva a la garantía de audiencia, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios. De lo que se concluye que el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento, deben agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, toda vez que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender los actos reclamados, por lo que la quejosa debió agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo y al no cumplir con dicho requisito como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, es así, en razón de que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, ya que la quejosa tiene pleno conocimiento del mismo; la ley que rige a al acto reclamado prevé medios de defensa legales, por lo que dicho acto puede ser confirmado, modificado o revocado; y, no es acto de imposible reparación que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya a lo anterior la tesis XI.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Página: 902, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Consecuentemente, si la quejosa no agotó el medio de impugnación correspondiente contra el acto reclamado, es dable concluir que el amparo es improcedente, sin que en la especie se actualice excepción alguna al principio de definitividad, por lo que la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer el aludido medio de defensa contra el acto reclamado. Sin que este juzgador desatienda, como se precisó, que la negativa de realizar traslado de dominio respecto del inmueble que refiere la quejosa, por parte de la Dirección General de Catastro del Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, constituya acto de imposible reparación; sin embargo, dicha circunstancia, por sí misma no constituye una excepción al principio de definitividad. Es aplicable, por los motivos que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 350, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo que en la especie, dicho acto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado previamente al juicio de amparo; en consecuencia, al no haberse interpuesto dicho medio de defensa ordinario, se actualiza plenamente la causa de improcedencia en estudio y procede desechar la demanda de amparo en términos del citado artículo 113 de la Ley de Amparo. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio suscrito por el Subdirector de Servicios Legales del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual informa que en su base de datos no cuenta con algún registro de la tercera interesada, Leonor Romero González. En ese orden, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto, todas las autoridades hayan desahogado el requerimiento inserto en auto de cinco de abril del año en curso.

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