Guadalupe Elizabeth Hurtado Salceda

Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
564/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Guadalupe Elizabeth Hurtado Salceda

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veinte. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada con fecha cuatro de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... Agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido vía electrónica -, en cuanto apoderado de la parte quejosa -, mediante el cual pretende cumplir con la prevención de fecha veintiuno de septiembre del año en curso. Ahora, del libelo constitucional, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- La orden de desalojo que ha sido dictada por la responsable dentro del Juicio ordinario civil reivindicatorio número ********************, con fecha seis de agosto del presente año.". Acto, respecto del cual se estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional, que conozca del juicio de amparo, por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben ser estudiadas por el juzgador de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución que se emita en un procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo anterior, en casos como el indicado al principio resulta necesario declarar la improcedencia del juicio de garantías, tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, de la que se advierte que la parte quejosa es demandada dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el cual, luego de seguir por todos sus cauces legales se dictó sentencia definitiva, declarando procedente la acción, condenando a la demandada aquí quejosa a la desocupación y entrega del inmueble, posteriormente a petición del actor, se dictó una orden de desalojo el seis de agosto de dos mil veinte, resolución de la cual tuvo conocimiento el día veintiséis de agosto del mismo año, razón por la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Los antecedentes reseñados, ponen de relieve que, el acto que la parte promovente pretende reclamar consistente en el auto emitido el seis de agosto pasado, en el que se ordenó llevar a cabo una diligencia de entrega de posesión de inmueble en favor de la parte actora dentro del juicio de origen, y en perjuicio de la aquí quejosa, dicha orden fue dictada en la etapa de ejecución de la sentencia correspondiente. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución de lo sentenciado, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, el promovente pretende combatir el proveído emitido el seis de agosto del presente año, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número ********************, en el cual como ya se dijo, se ordenó llevar a cabo la diligencia de entrega de posesión del inmueble materia del juicio, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir en concepto del suscrito, la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo; ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el juicio ordinario civil mencionado, lo que le daría al impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción IV, segundo párrafo, en concordancia con el 62 todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el auto en el que se ordena la diligencia de entrega de posesión del inmueble materia del juicio, al no efectuarse de manera voluntaria, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución, por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia se trata de un acto que solo podrá verse reparado de serle favorable en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Al respecto, son de citarse las tesis jurisprudenciales números 49 y 139, publicadas en las páginas 721 y 257, Tomo X, Agosto de 1999 y, Tomo XIV Septiembre de 1994, sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena y Octava Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente". "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO EL ACTO COMBATIDO NO ES LA ULTIMA RESOLUCIÓN QUE PUEDE DICTARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. De acuerdo con lo establecido en la fracción III, del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, el juicio indirecto procede ante el juez de Distrito, si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero en esta hipótesis sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo impugnarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante esa secuela y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en esa virtud, cuando el acto combatido lo constituye el auto mediante el cual se previene al inconforme para que dentro del término de tres días, formule el inventario de bienes de la sociedad conyugal, así como las cuentas de administración inherentes a la misma, apercibiéndolo con aplicar las medidas de apremio para el caso de no acatarlo, es de estimarse que tal acto no es la última resolución que pueda dictarse con motivo de la ejecución de la sentencia pronunciada en el procedimiento, instaurado para liquidarse la sociedad conyugal, ya que sólo se requirió al agraviado para que formulara el inventario de los bienes correspondientes a la misma y aportara las cuentas relativas a su administración, las cuales incluso están supeditadas a aprobarse de parte de la autoridad; por lo tanto al no constituir ese acto la última resolución emitida con motivo de la ejecución del fallo en cita, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral en mención, lo que hace improcedente el amparo biinstancial". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo formulada por ******************** por conducto de su apoderado jurídico. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad el que indica en su libelo constitucional únicamente para imponerse de los autos, así como oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales como se desprende de la constancia secretarial de cuenta. Notifíquese personalmente. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido vía electrónica -, en cuanto apoderado de la parte quejosa -, mediante el cual pretende cumplir con la prevención de fecha veintiuno de septiembre del año en curso. Ahora, del libelo constitucional, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- La orden de desalojo que ha sido dictada por la responsable dentro del Juicio ordinario civil reivindicatorio número ********************, con fecha seis de agosto del presente año.". Acto, respecto del cual se estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional, que conozca del juicio de amparo, por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben ser estudiadas por el juzgador de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución que se emita en un procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo anterior, en casos como el indicado al principio resulta necesario declarar la improcedencia del juicio de garantías, tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, de la que se advierte que la parte quejosa es demandada dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el cual, luego de seguir por todos sus cauces legales se dictó sentencia definitiva, declarando procedente la acción, condenando a la demandada aquí quejosa a la desocupación y entrega del inmueble, posteriormente a petición del actor, se dictó una orden de desalojo el seis de agosto de dos mil veinte, resolución de la cual tuvo conocimiento el día veintiséis de agosto del mismo año, razón por la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Los antecedentes reseñados, ponen de relieve que, el acto que la parte promovente pretende reclamar consistente en el auto emitido el seis de agosto pasado, en el que se ordenó llevar a cabo una diligencia de entrega de posesión de inmueble en favor de la parte actora dentro del juicio de origen, y en perjuicio de la aquí quejosa, dicha orden fue dictada en la etapa de ejecución de la sentencia correspondiente. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución de lo sentenciado, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, el promovente pretende combatir el proveído emitido el seis de agosto del presente año, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número ********************, en el cual como ya se dijo, se ordenó llevar a cabo la diligencia de entrega de posesión del inmueble materia del juicio, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir en concepto del suscrito, la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo; ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el juicio ordinario civil mencionado, lo que le daría al impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción IV, segundo párrafo, en concordancia con el 62 todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el auto en el que se ordena la diligencia de entrega de posesión del inmueble materia del juicio, al no efectuarse de manera voluntaria, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución, por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia se trata de un acto que solo podrá verse reparado de serle favorable en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Al respecto, son de citarse las tesis jurisprudenciales números 49 y 139, publicadas en las páginas 721 y 257, Tomo X, Agosto de 1999 y, Tomo XIV Septiembre de 1994, sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena y Octava Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente". "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO EL ACTO COMBATIDO NO ES LA ULTIMA RESOLUCIÓN QUE PUEDE DICTARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. De acuerdo con lo establecido en la fracción III, del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, el juicio indirecto procede ante el juez de Distrito, si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero en esta hipótesis sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo impugnarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante esa secuela y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en esa virtud, cuando el acto combatido lo constituye el auto mediante el cual se previene al inconforme para que dentro del término de tres días, formule el inventario de bienes de la sociedad conyugal, así como las cuentas de administración inherentes a la misma, apercibiéndolo con aplicar las medidas de apremio para el caso de no acatarlo, es de estimarse que tal acto no es la última resolución que pueda dictarse con motivo de la ejecución de la sentencia pronunciada en el procedimiento, instaurado para liquidarse la sociedad conyugal, ya que sólo se requirió al agraviado para que formulara el inventario de los bienes correspondientes a la misma y aportara las cuentas relativas a su administración, las cuales incluso están supeditadas a aprobarse de parte de la autoridad; por lo tanto al no constituir ese acto la última resolución emitida con motivo de la ejecución del fallo en cita, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral en mención, lo que hace improcedente el amparo biinstancial". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo formulada por ******************** por conducto de su apoderado jurídico. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad el que indica en su libelo constitucional únicamente para imponerse de los autos, así como oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales como se desprende de la constancia secretarial de cuenta. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte...Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por - por conducto de su apoderado jurídico, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, y Secretario de su adscripción; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número l-564/2020-D; y previo a admitirla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, señale lo siguiente: Precise si la aquí quejosa forma parte o no dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número -, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y, Precise la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que en su escrito de demanda refiere que el auto de desalojo es de fecha seis de agosto del presente año, sin embargo no señala específicamente la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto. Para que de su escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se necesita, una para cada autoridad responsable, una para la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y dos más para los cuadernos incidentales. Atento a lo anterior, se requiere a la parte promovente para que manifieste y precise bajo protesta de decir verdad, los puntos señalados en párrafos precedentes. En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 29 fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Por otra parte, se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizando para tal efecto a las personas que señala, así como por señalando los teléfonos y correos electrónicos que precisa, los cuales únicamente se tendrán para establecer contacto en caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos?22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional,?se exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Asimismo, ?se invita? a las partes para que?propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.??? De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles, en caso de que exista alguna imposibilidad para llevar acabo la diligencia. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

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