Guadalupe del Socorro Padilla Casanova

Expediente 2531/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2531/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe del Socorro Padilla Casanova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por otra parte, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario constitucional, coincide con el expediente electrónico correspondiente en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en lo siguiente: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 534/2019. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente [promoción 26204]; señaló que sí es cierto el acto reclamado, pero que el diez de noviembre del año en curso cerró la etapa de instrucción. Lo que se corrobora de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de donde se advierte que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de octubre de dos mil veintidós), la autoridad en efecto no estaba en posibilidad de actuar en los términos precisados por la parte quejosa en su ocurso constitucional. Lo anterior, se confirma, dado que de las constancias de autos se observa: El acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se concedió a las partes el plazo de tres días para formular alegatos, con el apercibimiento de que una vez transcurrido ese término, se ordenaría el cierre de instrucción y se turnarían los autos a los Magistrados de ese Tribunal para el dictado de la resolución correspondiente dentro del término de treinta días con fundamento en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. El acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual, los Magistrados del Tribunal responsable, declararon cerrada la instrucción del juicio y turnaron los autos para el dictado de la resolución correspondiente dentro del plazo de treinta días con base a los dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. Lo anterior, permite advertir que la fase de instrucción del procedimiento laboral formalmente no había concluido cuando se presentó la demanda de amparo, que fue el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, tal como se observa de la boleta de turno correspondiente y del sello respectivo, por lo que la autoridad responsable aún no se encontraba en el momento procesal oportuno para dictar laudo en el expediente laboral de origen; lo que conduce a tener por inexistente el acto reclamado. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con Registro 2018110, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I Materia Común, Tesis 2a./J. 99/2018 (10a.), página 926, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio respecto del citado acto que se le reclama a la autoridad responsable. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Descarga de las constancias que integran el presente juicio. Con fundamento en el a artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que para la obtención de las constancias conducentes que integran el presente juicio, se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargarlas, en el entendido que las que cuentan con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas. NOVENO. Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19. Se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra del acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para los efectos y por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense los oficios firmados por el Presidente y el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, por medio de los cuales, en cumplimiento al requerimiento de quince de noviembre de este año, informan los actos que se encuentran llevando a cabo respecto a obtener recursos para lograr el cumplimiento del laudo emitido en el juicio natural, entre ellos, elaborar y proponer el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Circunstancias de las que se toman conocimiento para los efectos legales procedentes. Ahora bien, virtud a lo anterior y a que el Presidente Municipal antes indicado solicita prórroga para que el Cabildo de aquel municipio dé cumplimiento al requerimiento indicado en el párrafo precedentes, se requiere al Tesorero Municipal, al Presidente y al Cabildo, todos del Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de que reciban la notificación del presente acuerdo, informen los actos que se han gestionado para obtener recursos para hacer pago liso y llano a la parte quejosa del laudo dictado en el juicio de origen y, en su caso, informen el estado del trámite para la aprobación del presupuesto municipal para el año dos mil veintitrés. Apercibidas que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con el fin de que las indicadas autoridades se encuentren en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento aquí formulado, remítanse los oficios resultantes de esta determinación de manera urgente por el servicio postal privado Estafeta. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por quien representa a la Directora del Hospital General Regional número uno, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento a la sentencia dictada en los presentes autos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de mérito y con el remitido por el Director Médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad: Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez" en Mérida, Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, agregado en auto de dieciséis de los corrientes, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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