Guadalupe del Socorro Acevedo Azarcoya

Expediente 1503/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1503/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
  • Guadalupe del Socorro Acevedo Azarcoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1503/2019-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables, y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, doy cuenta al Juez con el alegato ministerial 787/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el cual quedó registrado en el libro de correspondencia con el número 23208. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes y agréguese a estos autos el alegato de cuenta. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con las documentales y la presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo y con la instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto legal y humana y documentales ofrecidas y remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable, mismas que adjuntó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaría da cuenta que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, formuló el alegato ministerial 787/2019, con el que solicitó se niegue el amparo y protección de la justicia federal, o en su caso, se sobresea en el presente juicio de amparo; por lo que el Juez acuerda que se tenga por formulado el pedimento de mérito; con lo anterior se cierra ese periodo. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1503/2019-V, promovido por Guadalupe del Socorro Acevedo Azarcoya, contra actos que reclama a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán y otras autoridades, por violación al artículo 8 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veintitrés de octubre del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Guadalupe del Socorro Acevedo Azarcoya, solicitó el amparo y protección contra actos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, del Director Jurídico de la citada Secretaría y del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se solicitó a la autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y previo diferimiento, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se realizó al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos omisivos que carecen de ejecución, pero que se atribuye a autoridades con residencia en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción este Órgano Constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa, reclama a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, la falta de respuesta al escrito de trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual solicita la devolución íntegra de todos los descuentos realizados en concepto de 4% de su sueldo como jubilado por aportaciones de seguridad social desde la fecha en que se le concedió su pensión por jubilación por años de servicio. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su carácter de representante del Gobernador, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, negó el acto reclamado por el quejoso, consistente en la falta de respuesta al escrito de trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual solicita la devolución íntegra de todos los descuentos realizados en concepto de 4% de su sueldo como jubilado por aportaciones de seguridad social desde la fecha en que se le concedió su pensión por jubilación por años de servicio, aduciendo, que si bien es cierto que con fecha dieciséis de agosto del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, una copia del escrito de trece de agosto del año en curso de la parte quejosa, del mismo se advierte que solo hace de su conocimiento diversos hechos, sin realizar alguna petición al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Por lo tanto, al no haber realizado alguna solicitud la parte quejosa a la autoridad referida, resulta evidente que ésta no debe realizar pronunciamiento alguno al respecto, máxime que tampoco se advierte que dicho escrito hubiese sido presentando y dirigido directamente a la señalada responsable; de ahí que ante la inexistencia del señalado acto omisivo atribuido al Gobernador del Estado, sobre el particular procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable y en la Tesis Jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYEN Y EL QUEJOSO NO DESVIRTÚA ESTA NEGATIVA PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, por sí y en representación de la citada Secretaría, autoridades responsables en el presente asunto, al rendir su informe justificado refirió que es cierto el acto reclamado, consistente en la falta de respuesta al escrito de trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual solicita la devolución íntegra de todos los descuentos realizados en concepto de 4% de su sueldo como jubilado por aportaciones de seguridad social desde la fecha en que se le concedió su pensión por jubilación por años de servicio; por lo tanto, se tiene por cierto el citado acto reclamado a esas autoridades. Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la falta de respuesta al escrito de trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual solicita la devolución íntegra de todos los descuentos realizados en concepto de 4% de su sueldo como jubilado por aportaciones de seguridad social desde la fecha en que se le concedió su pensión por jubilación por años de servicio. Ahora bien, respecto de dicho acto omisivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, en su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que mediante oficio de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se dio contestación al escrito de trece de agosto de dos mil diecinueve, informándole los motivos por los cuales no procedía la devolución íntegra de todos los descuentos realizados en concepto de 4% de su sueldo como jubilado por aportaciones de seguridad social desde la fecha en que se le concedió su pensión por jubilación por años de servicio. Determinación que se hizo del conocimiento de la aquí parte quejosa, al habérsele puesto a la vista las constancias remitidas por la autoridad responsable en el presente juicio, mediante acuerdo de cinco de noviembre del presente año, el cual le fue notificado personalmente. En esas condiciones, al haberse dado respuesta a la solicitud realizada por la parte quejosa, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, y posteriormente hacerlo de su conocimiento el once de noviembre del año en curso, cuando se le puso a la vista el referido oficio; esto último con posterioridad a la presentación de la demanda que lo fue el veintitrés de octubre de esta anualidad, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo respecto del acto reclamado, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia aplicable. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". No es óbice a lo anterior el hecho de que no se hubiese dado vista a la parte quejosa en relación a la contestación que emitieron las autoridades responsables con motivo de la petición formulada, pues ello se estima innecesario, ya que la ampliación que en su caso pudiera promoverse en contra de ese nuevo acto resultaría improcedente, pues previo a la promoción del juicio de amparo, tendría que agotar el medio ordinario de defensa previsto en la legislación correspondiente, dada la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emitió. Por tal motivo, a criterio del suscrito Juzgador, en el caso no resulta aplicable la jurisprudencia 136/2011, aprobada en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 160116, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe del Socorro Acevedo Azarcoya, contra actos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, del Director Jurídico de la citada Secretaría y del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su carácter de representante del Gobernador, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, fue puesto a la vista de las partes en auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, notificado el veintiuno del mismo mes y año, por tanto aún está transcurriendo el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para su celebración las doce horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no obran las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio; en tales condiciones, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo prevéngase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: ". la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de conformidad con el numeral 17 Constitucional, de inmediato proceda a enviar el correspondiente exhorto a la Presidenta Titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y esta última notifique y emplace al demandado Fernando Castañón Morell, dentro de los autos del juicio de origen 684/2012, para que se encuentre en aptitud de celebrar la audiencia de ley". Debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO QUEJOSA ..Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por uno de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio, se concedió el amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. De conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento a la parte quejosa, que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger los diversos documentos que exhibió como prueba en el presente juicio, apercibida que de no hacerlo los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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