Guadalupe del Rosario Rocha Zazueta
Expediente 3/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guadalupe del Rosario Rocha Zazueta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual el presente juicio de amparo sobreseyó; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregados los acuses de recibo de las autoridades responsables foráneas, en el cual se haga constar que fueron debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, donde se sobreseyó el mismo, en virtud de que resulta innecesario, pues carece de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando este haya sido emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional, esto en términos del artículo 87, segundo Párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, toda vez que el objetivo de la actividad judicial, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes contendientes; además la función del juzgador ordinario de velar por el interés público está limitada a su actuación como rector del proceso, sin que trascienda al juicio de amparo, en el que tal deber corresponde a los órganos encargados de la protección de los derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P/J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2033, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído mediante el cual se concedió la suspensión del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Único. Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Guadalupe del Rosario Rocha Zazueta, por los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados unos y otras en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes para que surta los efectos legales que corresponda el oficio que suscribe el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, actuando en Representación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y del Director de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, todos con residencia en Culiacán, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado en proveídos de dieciocho de enero y quince de febrero, respectivamente, del año en curso, comunica que ya rindió los informes que le fueron solicitados. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que le está transcurriendo el término concedido a las partes, para que se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, actuando en Representación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y del Director de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, todos con residencia en Culiacán, los cuales se agregaron a los presentes autos el pasado tres de marzo del año en curso; por tanto, a fin de que se impongan del contenido de los informe justificados rendidos por las autoridades responsables en comento, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las diez horas con ocho minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno. Por similitud Jurídica, cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.".
- Incidental
PRIMERO.- Se NIEGA la suspensión definitiva que solicita el quejoso Guadalupe del Rosario Rocha Zazueta, respecto de los actos de las autoridades responsables que se precisan en los considerandos tercero y cuarto, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva al quejoso Guadalupe del Rosario Rocha Zazueta en relación al acto y autoridades a que se alude en el considerando cuarto y por las razones y para los efectos que se precisan en el considerado sexto de la presente interlocutoria.
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