Guadalupe del Rocio Moran Ramos

Expediente 61/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
61/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
12/05/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe del Rocio Moran Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Guadalupe del Roció Moran Ramos, derivada del juicio de amparo 61/2017 del índice de este Juzgado Federal; de lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario de Acuerdos en funciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial ********************. Acúsese el recibo correspondiente. Infórmese a las partes que el tribunal determinó: "PRIMERO. Queda sin materia el conflicto competencial a que este tocase refiere. SEGUNDO. Se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno corresponda, por conducto de su oficina de correspondencia común." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y glósese sólo lo actuado en el cuaderno de antecedentes que obra por separado. De conformidad con el punto vigésimo, fracción III, y vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase a la Secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, comunicando el proveído de treinta y uno de enero del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de ese tribunal en el toca C.C.A 6/2017, en el que acusa recibo del oficio por el que se le envió los autos originales del juicio de amparo 55/2017 del índice de este órgano jurisdiccional para la substanciación del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República y este juzgado; asimismo, informa que lo admitió a trámite. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, a través del cual remite el juicio de amparo 214/2017 e informa que no acepta la competencia declinada por este juzgado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese el recibo correspondiente. Las consideraciones que sustentan la negativa para aceptar la competencia planteada, consisten en esencia en lo siguiente: Que el acto reclamado consiste en la omisión del Secretario de Economía, de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, párrafos primero y segundo, en relación a las obligaciones conferidas en el artículo 34, fracciones, I, II, III, VII, VIII, IX, XI, XIII y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esto es, abstenerse de fijar los precios de combustible y zonificarlos, lo que a su decir, obliga a los consumidores a pagar los precios exagerados que son desproporcionados e inequitativos. Que la naturaleza material de los actos omisivos reclamados es regulatoria, que no tiene vinculación o relación directa con el ámbito de competencia económica, puesto que no versa sobre temas relacionados con el proceso de competencia y libre concurrencia, ya sea para la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Que por tal razón no se cumple con la condición establecida en el punto cuarto transitorio del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que estableció que dichos órganos especializados conocerían de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Que la materia de competencia y de regulación aun cuando son complementarias, difieren entre sí, ya que la primera se refiere a que los mercados se desarrollen en condiciones de libre competencia y concurrencia y la segunda se encarga de analizar y determinar las mejores condiciones y estrategias para permitir competencia en los mercados y, Que derivado de esa diferencia, no se surte la hipótesis que le otorgue competencia al juzgado oficiante, ya que no se puede establecer que la omisión reclamada afecte de manera directa la libre competencia y concurrencia en los mercados, a través de prácticas que afecten su buen funcionamiento. Razonamiento que no se comparte, ya que como se estableció en proveído de diecinueve de enero del año en curso el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión por parte de la Secretaría de Economía para fijar los precios de los combustibles (gasolina y diésel) de conformidad con el numeral 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva de las facultades que le fueron otorgadas de manera expresa a la Comisión Reguladora de Energía. A efecto de verificar dicha afirmación es necesario tener en consideración el contenido del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cual establece en la parte conducente: "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. [.] El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. [.]." En términos de lo anterior, se expidió la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a efecto de establecer un marco normativo cuyo objeto sea la organización y funcionamiento de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y establecer sus competencias; entre ellos, la Comisión Regulatoria de Energía, quien en términos de los artículos 41 y 42 de la citada ley es la encargada de regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de las gasolinas y el diesel, así como promover la competencia en el sector y proteger los intereses de los usuarios. Atendiendo a dichas atribuciones, el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete establece: "DÉCIMO SEGUNDO. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. [.]." Así, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, emitido por la Comisión Reguladora de Energía a efecto de regular la flexibilización de precios bajo condiciones de mercado y, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis se publicó el Acuerdo "Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación", emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, donde se informaron las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación. De lo transcrito se advierte que ahí se contempla que la Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, los precios al público en materia de venta de combustibles (gasolina y diesel) se determinen bajo condiciones de mercado, estableciendo para ello una mecánica para el establecimiento de tales precios y una cronografía de cómo se realizará su implementación. Aspectos que se estima recaen en el campo del derecho económico, en su vertiente de la competencia económica. En tal sentido, la Juez de Distrito oficiante aduce que la materia regulatoria y la competencia económica, aun cuando son complementarias, se refieren a cuestiones distintas, ya que la segunda procura el desarrollo de mercados en condiciones de libre competencia y concurrencia, mientras que la primera únicamente se encarga de analizar y determinar las mejores condiciones y estrategias para permitir la competencia en los mercados. De lo relatado se deduce que la regulación para procurar las mejores condiciones de mercado tiene como finalidad la competencia efectiva de los agentes económicos y la libre concurrencia a éste por los consumidores, por lo que su estudio no puede analizarse de manera separada, ya que como lo afirma la juzgadora de mérito, ambas resultan complementarias entre sí al regirse por los mismos principios. Consecuentemente, el acto que se reclama se encuentra relacionado con un tema de competencia económica y libre concurrencia, que surge de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude en el artículo 28 Constitucional, cuya estudio por especialización corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y no a la administrativa genérica. En este orden de ideas, con apoyo en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se insiste que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por lo que con fundamento en el numeral 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir estos autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que lo remita al Tribunal Colegiado, en turno, con el objeto de que se sirva determinar qué juzgado de distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo. Notifíquese.

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