Guadalupe del Carmen Ek Y Orozco

Expediente 90/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
90/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe del Carmen Ek Y Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    III-Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger el documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación en su oportunidad, será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    III- Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el dieciocho de julio de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger el documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación en su oportunidad, será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Principal

    III-Vista la certificación secretarial de cuenta y estado que guarda el presente asunto, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniere; en tal virtud, procede resolver respecto del cumplimiento dado a la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Efectos de la concesión del amparo En la ejecutoria de referencia, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Guadalupe del Carmen Ek y Orozco, para el efecto de que la autoridad responsable titular de la Delegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: "1. No se aplique a la quejosa Guadalupe del Carmen Ek y Orozco, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Como consecuencia, el titular de la Delegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación en Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, deberá dejar insubsistente los oficios No.023.302/SP/0192/2022, de veinte de enero de dos mil veintidós y folio ISSSTE 23000048830401, de veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, y, deberá reintegrar a la quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas de manera indebida y que tenga derecho a recibir su pago, siempre que no hayan prescrito o hayan sido recibidas por otro beneficiario, a partir del día siguiente del fallecimiento del trabajador esposo de la promovente del amparo." Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a las autoridades responsables, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Acciones desplegadas por las autoridades responsables En acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 529-III-CECPA-DAB-(JRM)-14224, de tres de mayo del año en curso, firmado por el director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, hizo diversas manifestaciones en las cuales expuso que los actos que le fueron atribuidos, son legislativos, por lo que no es necesaria su intervención a efecto de cumplimentar el fallo protector. En atención a lo expuesto por la autoridad oficiante, se le informó que los efectos del fallo constitucional deben ser cumplimentados por la encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por haber sido la autoridad que emitió los actos de aplicación que por esta instancia combatió la parte quejosa. Por tanto, se hizo la precisión de que este órgano jurisdiccional, se encontraba en espera de que la autoridad responsable encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, diera total cumplimiento al fallo constitucional, para estar en aptitud de resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Luego, mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio No. 023.130.600.1.UJ/JA/643/2022, de diez de mayo del año actual, suscrito por el titular de la Unidad Jurídica y en representación del Departamento de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el Ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Oficina en Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, con el cual, informó que dejó insubsistente el oficio No. 023.302/SP/0192/2022, de veinte de enero de dos mil veintidós, asimismo, remitió los oficios 023.302/SP/1311/2022 y 023.302/SP/1312/2022 ambos de cuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, con el primero de ellos, informó que no se le aplicará en lo presente ni en lo futuro el artículo 12, específicamente el segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores, Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con el segundo, hizo del conocimiento a la parte quejosa que le serían reintegradas las cantidades retenidas con motivo de la aplicación del precepto legal declarado inconstitucional, informándole que se expediría un cheque a su favor por la cantidad de $124,212.66 (ciento veinticuatro mil doscientos doce pesos, sesenta y seis centavos, moneda nacional), el cual estaría a su disposición en el domicilio de la autoridad oficiante, la primera quincena del mes de junio, para lo cual debía presentarse con su identificación oficial y su identificación de pensionista, exhibiendo las documentales con las que acreditó sus manifestaciones, por lo cual, se le tuvo en vías de cumplimiento. Por último, mediante acuerdo de treinta de mayo de este año, se recibió el oficio No. 023.130.600.2.UJ/JA/47/2022, de veintisiete de mayo del presente año, signado por la autoridad responsable titular de la Unidad Jurídica y en representación del Departamento de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el Ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Oficina en Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en el cual, remitió el oficio No. 023.302/SP/1475/2022, de veintiséis de mayo del año en curso, que contiene en copia certificada, el cheque número 3240, expedido a favor de la parte quejosa, por la cantidad de $124,212.66 (ciento veinticuatro mil doscientos doce pesos 66/100 M.N.) y la identificación oficial a nombre de la promovente de amparo, en el cual se advierte que lo recibió el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, tal como se advierte de las documentales remitidas que exhibió como sustento a sus manifestaciones. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estima pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.

  4. Principal

    III- Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el quince de junio de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: III-Vista la certificación secretarial de cuenta y estado que guarda el presente asunto, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniere; en tal virtud, procede resolver respecto del cumplimiento dado a la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Efectos de la concesión del amparo En la ejecutoria de referencia, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Guadalupe del Carmen Ek y Orozco, para el efecto de que la autoridad responsable titular de la Delegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: "1. No se aplique a la quejosa Guadalupe del Carmen Ek y Orozco, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Como consecuencia, el titular de la Delegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación en Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, deberá dejar insubsistente los oficios No.023.302/SP/0192/2022, de veinte de enero de dos mil veintidós y folio ISSSTE 23000048830401, de veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, y, deberá reintegrar a la quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas de manera indebida y que tenga derecho a recibir su pago, siempre que no hayan prescrito o hayan sido recibidas por otro beneficiario, a partir del día siguiente del fallecimiento del trabajador esposo de la promovente del amparo." Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a las autoridades responsables, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Acciones desplegadas por las autoridades responsables En acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 529-III-CECPA-DAB-(JRM)-14224, de tres de mayo del año en curso, firmado por el director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, hizo diversas manifestaciones en las cuales expuso que los actos que le fueron atribuidos, son legislativos, por lo que no es necesaria su intervención a efecto de cumplimentar el fallo protector. En atención a lo expuesto por la autoridad oficiante, se le informó que los efectos del fallo constitucional deben ser cumplimentados por la encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por haber sido la autoridad que emitió los actos de aplicación que por esta instancia combatió la parte quejosa. Por tanto, se hizo la precisión de que este órgano jurisdiccional, se encontraba en espera de que la autoridad responsable encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, diera total cumplimiento al fallo constitucional, para estar en aptitud de resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Luego, mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio No. 023.130.600.1.UJ/JA/643/2022, de diez de mayo del año actual, suscrito por el titular de la Unidad Jurídica y en representación del Departamento de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el Ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Oficina en Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, con el cual, informó que dejó insubsistente el oficio No. 023.302/SP/0192/2022, de veinte de enero de dos mil veintidós, asimismo, remitió los oficios 023.302/SP/1311/2022 y 023.302/SP/1312/2022 ambos de cuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, con el primero de ellos, informó que no se le aplicará en lo presente ni en lo futuro el artículo 12, específicamente el segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores, Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con el segundo, hizo del conocimiento a la parte quejosa que le serían reintegradas las cantidades retenidas con motivo de la aplicación del precepto legal declarado inconstitucional, informándole que se expediría un cheque a su favor por la cantidad de $124,212.66 (ciento veinticuatro mil doscientos doce pesos, sesenta y seis centavos, moneda nacional), el cual estaría a su disposición en el domicilio de la autoridad oficiante, la primera quincena del mes de junio, para lo cual debía presentarse con su identificación oficial y su identificación de pensionista, exhibiendo las documentales con las que acreditó sus manifestaciones, por lo cual, se le tuvo en vías de cumplimiento. Por último, mediante acuerdo de treinta de mayo de este año, se recibió el oficio No. 023.130.600.2.UJ/JA/47/2022, de veintisiete de mayo del presente año, signado por la autoridad responsable titular de la Unidad Jurídica y en representación del Departamento de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el Ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Oficina en Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en el cual, remitió el oficio No. 023.302/SP/1475/2022, de veintiséis de mayo del año en curso, que contiene en copia certificada, el cheque número 3240, expedido a favor de la parte quejosa, por la cantidad de $124,212.66 (ciento veinticuatro mil doscientos doce pesos 66/100 M.N.) y la identificación oficial a nombre de la promovente de amparo, en el cual se advierte que lo recibió el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, tal como se advierte de las documentales remitidas que exhibió como sustento a sus manifestaciones. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estima pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.

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