Guadalupe de los Dolores Portugal Rogenhofer

Expediente 941/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
941/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato
  • Guadalupe de los Dolores Portugal Rogenhofer

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene al apoderado legal de la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído dictado el seis de diciembre anterior que desechó la demanda.

  2. Principal

    León, Guanajuato, seis de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 1447, por el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, remite copia certificada del oficio 3761; informe justificado rendido por el Juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad; original y cuatro copias de la demanda de amparo promovida por Manuel Baños Sánchez apoderado legal de Guadalupe de los Dolores Portugal Rogenhofer personalidad que se así se le tuvo por reconocida en el juicio de origen del que emana el acto reclamado; los autos originales del expediente C531/2016 en diez tomos, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad; los autos originales del toca 521/2019 en un tomo del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en esa ciudad; siete cuadernillos de amparo relativos al expediente de origen; un sobre cerrado con documentos; y, constancias de emplazamiento del tercero interesado Walter Gerahard Stoever Von Schmeling. Acúsese recibo de estilo. Lo anterior, toda vez que dicho Tribunal Colegiado se declaró legamente incompetente para conocer de la demanda en cuestión. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. En el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número de orden 941/2019-III, y acorde a las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales, no pueden digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría respectiva de este órgano jurisdiccional. SE ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento del presente asunto. En consecuencia, para los efectos legales conducentes, hágase del conocimiento la presente determinación al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en la ciudad de Guanajuato. FORMACIÓN DE TOMOS DE PRUEBAS. Asimismo, para su debida identificación fórmense diecinueve tomos de pruebas, con los autos originales del expediente C531/2016 en diez tomos, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad; los autos originales del toca 521/2019 en un tomo del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en esa ciudad; siete cuadernillos de amparo relativos al expediente de origen; un sobre cerrado con documentos; en la inteligencia de que las actuaciones que integran aquéllos, deberán conservar el sello, folio y rúbrica asentados por las responsables. SE DESECHA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del artículo transcrito se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen para así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En el presente caso, se advierte que el promovente reclama la resolución de veinticinco de octubre anterior, dictada por el Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad, en el toca 521/2019, por el cual confirmó el proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el que determinó incorrectamente substanciado los recursos de apelación interpuestos y ordenó devolver al juzgado de origen los escritos originales de agravios a fin de que sea debidamente aclarada la sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Jueza Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, por no haberse notificado debidamente al acreedor José de Jesús Muñoz Campos. En ese sentido, esta juzgadora estima que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ésta última a contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuyos dispositivos señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (. . .) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que apruebe o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiere dejado sin defensa al quejoso y transcendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (. . . ). V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte;. De la transcrita fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se obtiene que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta tratándose de actos dentro de juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente. En esa misma norma, se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. De igual manera, la fracción IV del referido numeral establece la procedencia del juicio de amparo contra actos fuera de juicio o después de concluido. Ahora bien, en esta última hipótesis, la ley de la materia no prevé que para que proceda el juicio de amparo contra actos fuera de juicio o después de concluido deban afectar derechos sustantivos. No obstante, en diversas ejecutorias se ha sostenido que, tratándose de dicha hipótesis, para que sea procedente el juicio constitucional los actos deben causar una afectación de imposible reparación. Así lo sostuvo en las siguientes jurisprudencias: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo. Una vez expuesto lo anterior, se obtiene que el acto combatido se trata de uno dictado después de concluido el procedimiento, pues ya se dictó sentencia. Asimismo, únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos, o procesales; es decir, en el caso no existe una afectación material a los derechos sustantivos del impetrante. En relación a lo anterior es necesario precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios orientadores, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis P./J. 37/2014 (10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el seis de junio de dos mil catorce, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); dicho Alto Tribunal sostuvo que: Los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así como que, tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisiones las anteriores que fueron sustancialmente reiteradas en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), Época: Décima Época, registro 2011428, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerar al acto aquí reclamado como de imposible reparación; pues no afecta de manera directa, inmediata y actual alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; y menos aún, se afectan de manera material, a grado tal que impidan el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En efecto, si dentro del asunto que nos ocupa la solicitante del amparo es parte actora dentro del juicio especial civil de donde emana el acto reclamado, aunado a que, dicho acto consiste en la resolución de veinticinco de octubre anterior, dictada por el Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad, en el toca 521/2019, por el cual confirmó el proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el que determinó incorrectamente substanciado los recursos de apelación interpuestos y ordenó devolver al juzgado de origen los escritos originales de agravios a fin de que sea debidamente aclarada la sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Jueza Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, por no haberse notificado debidamente al acreedor José de Jesús Muñoz Campos, resulta patente la improcedencia del juicio de amparo, pues la única consecuencia de ese acto es que se postergue la resolución que al efecto recaiga al recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia que puso final juicio natural, ya que el hecho de que la Sala responsable haya determinado declarar mal substanciados los recursos de impugnación interpuestos, a razón de que no fue debidamente notificada al acreedor José de Jesús Muñoz Campos la sentencia que en primera instancia se emitió; lo que de suyo ocasionó que se remitieran los aludidos recursos al juez primario hasta en tanto realizara la notificación respectiva. De ahí que, el aludido acto reclamado no trae aparejadas consecuencias jurídicas que afecten de manera directa, inmediata, actual e irremediable alguno de sus derechos fundamentales y cuyos efectos resulten de imposible reparación. Consecuentemente, el acto aquí reclamado al no afectar materialmente derechos sustantivos y al haberse emitido después de concluido el juicio natural, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con las fracciones IV y V del artículo 107 de la ley de la materia. En esas condiciones, al actualizarse la aludida causal de improcedencia, procede DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Heroico Colegio Militar 323-B, de la Colonia Andrade, en esta ciudad. AUTORIZADOS. En el presente asunto la parte quejosa no hizo designación alguna en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarios para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista con efectos de notificación personal a la parte quejosa, el proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente señala: Se registra expediente. Se acepta competencia. se forman tomos de prueba. SE DESECHA DE PLANO la demanda en estudio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio y autorizados. Se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio. Se autoriza la glosa de promociones sin acuerdo. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarios para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa.

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