Guadalupe de las Mercedes Alcocer Cecilio
Expediente 940/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 48 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 940/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Guadalupe de las Mercedes Alcocer Cecilio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto: glósese a este expediente el escrito de Enrique Priego Villanueva, autorizado de la quejosa Guadalupe de las Mercedes Alcocer Cecilio, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual interpone RECURSO DE INCONFORMIDAD, en contra del proveído de seis de diciembre del año en curso, por medio del cual se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 80, en relación con el 201, 202 y 203 de la Ley de la Amparo, remítase el original del citado escrito, así como este expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. Lo anterior, con apoyo en la tesis con Registro No. 172502, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, Página: 2101, Tesis: XIX.2o.A.C.45 K Tesis Aislada Materia(s): Común, que dice: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE EFECTUAR SU EXAMEN OFICIOSO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS O AGRAVIOS POR QUIEN LA HACE VALER. De acuerdo con la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 1a./J. 56/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la inconformidad prevista por el artículo 108 de la Ley de Amparo, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 229, voz: "INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ INEXISTENTE O INFUNDADA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA SUPREMA CORTE DEBE EFECTUAR UN EXAMEN OFICIOSO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS O AGRAVIOS POR PARTE DE QUIEN LA HACE VALER.", en relación con la facultad delegada por el Pleno de dicho Alto Tribunal del país, en el Acuerdo General 5/2001, punto quinto, fracción IV; el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de la inconformidad que prevé el artículo 105 de la preinvocada ley reglamentaria, interpuesta contra la resolución del Juez de Distrito que declara cumplida una ejecutoria protectora, debe revisar oficiosamente dicha determinación, en principio, porque en esos casos no priva el derecho estricto, pues de lo que se trata es del cumplimiento de la sentencia de amparo, que es una cuestión de orden público; máxime que el envío del expediente al órgano revisor sólo requiere de que el agraviado lo solicite, sin la exigencia de que adicionalmente se formulen argumentos o agravios, ya que al no ser técnicamente un recurso no lo requiere." En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto: de autos se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la quejosa Guadalupe de las Mercedes Alcocer Cecilio con lo informado por el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, domiciliado en esta ciudad, en representación del Subdelegado, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El auto de mérito se notificó a la quejosa el veintinueve de noviembre del año en curso, por medio de la lista de estrados de este Juzgado Federal. Ante ello, el autorizado de la peticionaria del amparo, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, presentó el escrito de esa misma fecha (veintinueve de noviembre), en el que realizó diversas manifestaciones con relación a dicho cumplimiento; mismo que se reservó para ser acordado en el momento procesal oportuno. Por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, al estimarse sustancialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en su demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado inconstitucional no le fuera aplicado; y, por tanto, para que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejara sin efectos el acto de aplicación consistente en el oficio ISS.100.31.300.1.1568.08.2018, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como los descuentos que se le pretendían realizar o se hubiesen efectuado a la pensión que por viudez y jubilación correspondían a la quejosa, bajo los conceptos "48" y "54"; lo que implicaba que el pago de las pensiones a que tuviera derecho le fueran pagadas conforme procediera; debiéndose cubrir retroactivamente las que hubiese dejado de recibir, con motivo de la aplicación de la norma. Y, además, debería determinar lo que en derecho correspondiera, sin la aplicación del numeral declarado inconstitucional ni en el presente o en el futuro. En contra de dicha sentencia, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad y la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y este a su vez, en representación del Presidente de la República, interpusieron recurso de revisión, los que fueron resueltos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en sesión de treinta y uno de mayo del año que transcurre, en el cuaderno auxiliar 494/2019, relativo al amparo en revisión 29/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, que confirmó la sentencia recurrida. Por auto de diecisiete de junio del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, su cumplimiento. Es importante señalar que para cumplir con la citada ejecutoria de amparo la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad México, no tenía que ejecutar acto alguno pues se le reclamó la promulgación del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve; el cual, no podía quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Lo anterior con base en la jurisprudencia 2ª.CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERÓN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por tanto, resultaba ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dicha autoridad a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, pues como ya se dijo, los efectos de la concesión del amparo en este caso, fueron para que no se aplicara en perjuicio de la quejosa, la disposición declarada como inconstitucional. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio sin número de fecha treinta de julio del año actual (foja 483), el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; pues de éste se desprende que dejó insubsistente el oficio ISS.100.31.300.1.1568.08.2018, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como determinó que no se aplicaría a la quejosa en el presente y en lo futuro, el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además que, la quejosa vería reflejada en la pensión por jubilación con número 695697, en el mes de agosto de dos mil diecinueve, la cantidad de $13,372.20 (son: trece mil trescientos setenta y dos pesos, con veinte centavos, moneda nacional) del periodo del uno al treinta de agosto de dos mil dieciocho. Aclarándole, que por lo que correspondía a los descuentos efectuados bajo los conceptos 48 y 54 en las pensiones de jubilación y viudez con números 695697 y 394337, por el período del uno al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, éste le fue pagado en el mes de octubre de ese mismo año; siendo que en su pensión por jubilación con número 695697, se aprecia la cantidad de $14,277.60 (son: catorce mil doscientos setenta y siete pesos, con sesenta centavos, moneda nacional), y en la pensión por viudez, la cantidad de $2,745.30 (son: dos mil setecientos cuarenta y cinco pesos, con treinta centavos, moneda nacional), bajo el concepto 05. "pensión retroactiva". En atención a lo expuesto y con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la sentencia y su observancia puntual y satisfactoria a los intereses de la quejosa en el juicio de amparo indirecto, este Juzgador, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicable al caso, en resolución de diecinueve de agosto del año en curso, determinó que el acto del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, daba cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, pero con defecto. Y se le explicó a esa autoridad que el mismo consistía en que en su oficio de cumplimiento únicamente hacía referencia al pago retroactivo de las pensiones por los períodos del uno al treinta de agosto de dos mil dieciocho y del uno al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. Pero obvió considerar, que los efectos de la sentencia ejecutoria fueron, para que las pensiones a que tuviera derecho la quejosa se le pagaran conforme procediera, debiéndose cubrir retroactivamente las que hubiera dejado de recibir con motivo de la aplicación de la norma inconstitucional y hasta que se diera cumplimiento al fallo constitucional. Lo que no acreditó, pues como se le indicó en el citado proveído, sólo hizo referencia a los períodos del uno al treinta de agosto de dos mil dieciocho y del uno al treinta de septiembre de dos mil dieciocho; pero no a partir de la época en que se le aplicó a la quejosa el artículo declarado inconstitucional. Por esa razón, se requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del plazo de tres días concedido en dicho acuerdo, cumpliera a cabalidad con la ejecutoria en análisis, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.". Aclarándose, que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo. Sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, incluso con el uso de las medidas de apremio para ello previstas en el artículo 237 de la citada Ley de Amparo. Por ese motivo, también se consideró innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto de las alegaciones vertidas por la parte quejosa en los escritos que se encontraban reservados hasta ese momento para ser acordados. Luego, la autoridad responsable, mediante oficio sin número recibido en proveído de trece de septiembre del año que transcurre, de nueva cuenta informó el cumplimiento que había dado a la ejecutoria de amparo (foja 524 a 546). Una vez analizada la misma, el suscrito Juzgador, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, estimó de nueva cuenta que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, dio cumplimiento a la ejecutoria pero con defecto. Ello en razón de que como se le explicó en su oportunidad, el efecto del amparo otorgado, era para que dejara sin efecto el oficio ISS.100.31.300.1.1568.08.2018 de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como los descuentos que se pretendieran realizar o se hubiesen realizado a la pensión que corresponden a la quejosa por viudez y jubilación contempladas en los conceptos "48" y "54". Situación que implicaba que el pago de las pensiones a que tenía derecho la quejosa se le pagaran conforme procediera, debiéndose cubrir retroactivamente las que hubiese dejado de recibir con motivo de la aplicación de la norma inconstitucional y hasta que se diera cumplimiento al fallo constitucional. Es decir, que se le restituyeran a la quejosa aquellas cantidades que le fueron retenidas desde el momento que se le aplicara la norma ya declarada inconstitucional. Lo que no realizó la responsable, ya que en su oficio de cumplimiento señaló que solamente se reintegraban a la quejosa cinco años previos al acto reclamado, de conformidad con el artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual refiere que las pensiones que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieran sido exigibles, prescribirían a favor del Instituto. Ante ello, el suscrito consideró que dicho precepto no era aplicable al caso, ya que la fecha en la que esas pensiones fueron exigibles, era el ocho de agosto de dos mil ocho, cuando precisamente hicieron del conocimiento de la promovente, de dónde derivaban los descuentos a su pensión, lo que provocara que se hubiese inconformado a través de la promoción del juicio de amparo que presentara con relación a esos hechos. Entonces, de conformidad con lo inferido por el suscrito Juzgador en el indicado acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, se le hizo saber a la autoridad responsable que no cumplía con lo ordenado por este Juzgado Federal en el amparo y se le requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por oficio sin número del Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, domiciliado en esta ciudad, suplente por ausencia del Subdelegado, recibido en este órgano jurisdiccional por acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso, se tuvo a la responsable informando en cumplimiento de la ejecutoria, que se habían expedido dos cheques a nombre de la promovente del amparo, uno por la cantidad de ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos diecisiete pesos, con dos centavos, moneda nacional; y otro por la cantidad de un millón, cuarenta mil quinientos ochenta y cuatro pesos, con cincuenta centavos, moneda nacional; los que ya habían sido entregados a la quejosa, lo que acreditó con las constancias que adjuntó a su oficio de mérito. Siendo que al poner a la vista de la quejosa dicho oficio de cumplimiento y sus anexos correspondientes, ésta, por conducto de su autorizado, se inconformó nuevamente con el referido cumplimiento, argumentando que existe un remanente de ciento quince mil cuatrocientos cuarenta pesos que se le adeudan, en pago retroactivo de los conceptos 48 y 54 de sus pensiones de viudez y por jubilación, por los descuentos que se le realizaron durante el período comprendido de octubre de dos mil cuatro a octubre de dos mil cinco, mismas manifestaciones que no pueden ser tomadas en consideración en razón de que desde el veintisiete de septiembre último, se le comunicó los períodos que la responsable se encontraba obligada a reembolsarle con motivo de la concesión del amparo, sin que hubiese vertido manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio reclamado, esto es el ISS.100.31.300.1.1568.08.2018 de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como a ordenar que no se aplicaran los descuentos que se pretendían realizar o se hubiesen realizado a la pensión que por viudez y jubilación corresponden a la quejosa bajo los conceptos "48" y "54", lo que implicaba que el pago de las pensiones a que tenía derecho, se le pagaran conforme procediera, lo que efectivamente realizó como se advierte del oficio sin número de fecha diecinueve de noviembre último. Por tanto, se estima que las autoridades responsables, de acuerdo con sus funciones, cumplieron con lo ordenado en la ejecutoria de amparo; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las mismas y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, consagrados en el artículo 123 apartado B, fracción XI, inciso a) Constitucional; lo anterior, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto: de autos se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la quejosa Guadalupe de las Mercedes Alcocer Cecilio con lo informado por el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, domiciliado en esta ciudad, en representación del Subdelegado, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El auto de mérito se notificó a la quejosa el veintinueve de noviembre del año en curso, por medio de la lista de estrados de este Juzgado Federal. Ante ello, el autorizado de la peticionaria del amparo, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, presentó el escrito de esa misma fecha (veintinueve de noviembre), en el que realizó diversas manifestaciones con relación a dicho cumplimiento; mismo que se reservó para ser acordado en el momento procesal oportuno. Por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, al estimarse sustancialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en su demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado inconstitucional no le fuera aplicado; y, por tanto, para que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejara sin efectos el acto de aplicación consistente en el oficio ISS.100.31.300.1.1568.08.2018, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como los descuentos que se le pretendían realizar o se hubiesen efectuado a la pensión que por viudez y jubilación correspondían a la quejosa, bajo los conceptos "48" y "54"; lo que implicaba que el pago de las pensiones a que tuviera derecho le fueran pagadas conforme procediera; debiéndose cubrir retroactivamente las que hubiese dejado de recibir, con motivo de la aplicación de la norma. Y, además, debería determinar lo que en derecho correspondiera, sin la aplicación del numeral declarado inconstitucional ni en el presente o en el futuro. En contra de dicha sentencia, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad y la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y este a su vez, en representación del Presidente de la República, interpusieron recurso de revisión, los que fueron resueltos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en sesión de treinta y uno de mayo del año que transcurre, en el cuaderno auxiliar 494/2019, relativo al amparo en revisión 29/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, que confirmó la sentencia recurrida. Por auto de diecisiete de junio del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, su cumplimiento. Es importante señalar que para cumplir con la citada ejecutoria de amparo la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad México, no tenía que ejecutar acto alguno pues se le reclamó la promulgación del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve; el cual, no podía quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Lo anterior con base en la jurisprudencia 2ª.CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERÓN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por tanto, resultaba ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dicha autoridad a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, pues como ya se dijo, los efectos de la concesión del amparo en este caso, fueron para que no se aplicara en perjuicio de la quejosa, la disposición declarada como inconstitucional. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio sin número de fecha treinta de julio del año actual (foja 483), el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; pues de éste se desprende que dejó insubsistente el oficio ISS.100.31.300.1.1568.08.2018, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como determinó que no se aplicaría a la quejosa en el presente y en lo futuro, el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además que, la quejosa vería reflejada en la pensión por jubilación con número 695697, en el mes de agosto de dos mil diecinueve, la cantidad de $13,372.20 (son: trece mil trescientos setenta y dos pesos, con veinte centavos, moneda nacional) del periodo del uno al treinta de agosto de dos mil dieciocho. Aclarándole, que por lo que correspondía a los descuentos efectuados bajo los conceptos 48 y 54 en las pensiones de jubilación y viudez con números 695697 y 394337, por el período del uno al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, éste le fue pagado en el mes de octubre de ese mismo año; siendo que en su pensión por jubilación con número 695697, se aprecia la cantidad de $14,277.60 (son: catorce mil doscientos setenta y siete pesos, con sesenta centavos, moneda nacional), y en la pensión por viudez, la cantidad de $2,745.30 (son: dos mil setecientos cuarenta y cinco pesos, con treinta centavos, moneda nacional), bajo el concepto 05. "pensión retroactiva". En atención a lo expuesto y con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la sentencia y su observancia puntual y satisfactoria a los intereses de la quejosa en el juicio de amparo indirecto, este Juzgador, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicable al caso, en resolución de diecinueve de agosto del año en curso, determinó que el acto del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, daba cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, pero con defecto. Y se le explicó a esa autoridad que el mismo consistía en que en su oficio de cumplimiento únicamente hacía referencia al pago retroactivo de las pensiones por los períodos del uno al treinta de agosto de dos mil dieciocho y del uno al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. Pero obvió considerar, que los efectos de la sentencia ejecutoria fueron, para que las pensiones a que tuviera derecho la quejosa se le pagaran conforme procediera, debiéndose cubrir retroactivamente las que hubiera dejado de recibir con motivo de la aplicación de la norma inconstitucional y hasta que se diera cumplimiento al fallo constitucional. Lo que no acreditó, pues como se le indicó en el citado proveído, sólo hizo referencia a los períodos del uno al treinta de agosto de dos mil dieciocho y del uno al treinta de septiembre de dos mil dieciocho; pero no a partir de la época en que se le aplicó a la quejosa el artículo declarado inconstitucional. Por esa razón, se requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del plazo de tres días concedido en dicho acuerdo, cumpliera a cabalidad con la ejecutoria en análisis, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.". Aclarándose, que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo. Sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, incluso con el uso de las medidas de apremio para ello previstas en el artículo 237 de la citada Ley de Amparo. Por ese motivo, también se consideró innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto de las alegaciones vertidas por la parte quejosa en los escritos que se encontraban reservados hasta ese momento para ser acordados. Luego, la autoridad responsable, mediante oficio sin número recibido en proveído de trece de septiembre del año que transcurre, de nueva cuenta informó el cumplimiento que había dado a la ejecutoria de amparo (foja 524 a 546). Una vez analizada la misma, el suscrito Juzgador, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, estimó de nueva cuenta que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, dio cumplimiento a la ejecutoria pero con defecto. Ello en razón de que como se le explicó en su oportunidad, el efecto del amparo otorgado, era para que dejara sin efecto el oficio ISS.100.31.300.1.1568.08.2018 de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como los descuentos que se pretendieran realizar o se hubiesen realizado a la pensión que corresponden a la quejosa por viudez y jubilación contempladas en los conceptos "48" y "54". Situación que implicaba que el pago de las pensiones a que tenía derecho la quejosa se le pagaran conforme procediera, debiéndose cubrir retroactivamente las que hubiese dejado de recibir con motivo de la aplicación de la norma inconstitucional y hasta que se diera cumplimiento al fallo constitucional. Es decir, que se le restituyeran a la quejosa aquellas cantidades que le fueron retenidas desde el momento que se le aplicara la norma ya declarada inconstitucional. Lo que no realizó la responsable, ya que en su oficio de cumplimiento señaló que solamente se reintegraban a la quejosa cinco años previos al acto reclamado, de conformidad con el artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual refiere que las pensiones que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieran sido exigibles, prescribirían a favor del Instituto. Ante ello, el suscrito consideró que dicho precepto no era aplicable al caso, ya que la fecha en la que esas pensiones fueron exigibles, era el ocho de agosto de dos mil ocho, cuando precisamente hicieron del conocimiento de la promovente, de dónde derivaban los descuentos a su pensión, lo que provocara que se hubiese inconformado a través de la promoción del juicio de amparo que presentara con relación a esos hechos. Entonces, de conformidad con lo inferido por el suscrito Juzgador en el indicado acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, se le hizo saber a la autoridad responsable que no cumplía con lo ordenado por este Juzgado Federal en el amparo y se le requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por oficio sin número del Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, domiciliado en esta ciudad, suplente por ausencia del Subdelegado, recibido en este órgano jurisdiccional por acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso, se tuvo a la responsable informando en cumplimiento de la ejecutoria, que se habían expedido dos cheques a nombre de la promovente del amparo, uno por la cantidad de ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos diecisiete pesos, con dos centavos, moneda nacional; y otro por la cantidad de un millón, cuarenta mil quinientos ochenta y cuatro pesos, con cincuenta centavos, moneda nacional; los que ya habían sido entregados a la quejosa, lo que acreditó con las constancias que adjuntó a su oficio de mérito. Siendo que al poner a la vista de la quejosa dicho oficio de cumplimiento y sus anexos correspondientes, ésta, por conducto de su autorizado, se inconformó nuevamente con el referido cumplimiento, argumentando que existe un remanente de ciento quince mil cuatrocientos cuarenta pesos que se le adeudan, en pago retroactivo de los conceptos 48 y 54 de sus pensiones de viudez y por jubilación, por los descuentos que se le realizaron durante el período comprendido de octubre de dos mil cuatro a octubre de dos mil cinco, mismas manifestaciones que no pueden ser tomadas en consideración en razón de que desde el veintisiete de septiembre último, se le comunicó los períodos que la responsable se encontraba obligada a reembolsarle con motivo de la concesión del amparo, sin que hubiese vertido manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio reclamado, esto es el ISS.100.31.300.1.1568.08.2018 de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como a ordenar que no se aplicaran los descuentos que se pretendían realizar o se hubiesen realizado a la pensión que por viudez y jubilación corresponden a la quejosa bajo los conceptos "48" y "54", lo que implicaba que el pago de las pensiones a que tenía derecho, se le pagaran conforme procediera, lo que efectivamente realizó como se advierte del oficio sin número de fecha diecinueve de noviembre último. Por tanto, se estima que las autoridades responsables, de acuerdo con sus funciones, cumplieron con lo ordenado en la ejecutoria de amparo; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las mismas y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, consagrados en el artículo 123 apartado B, fracción XI, inciso a) Constitucional; lo anterior, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto: glósese a este expediente el escrito de Enrique Priego Villanueva, autorizado de la quejosa Guadalupe de las Mercedes Alcocer Cecilio, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual realiza diversa manifestaciones con relación a la vista que se le dio por acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso, con motivo del cumplimiento informado por la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria del amparo. Al efecto, se reserva acordar lo conducente al momento en que este Juzgado se pronuncie sobre si la citada sentencia ejecutoriada se encuentra o no cumplida. Notifíquese.
Quedan 44 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Guadalupe Concepción Aké Ley334/2021
- Guadalupe Concepción Zapata Cervera1394/2021
- Guadalupe Dayre Catzín Uc y Otros.758/2019
- Guadalupe de Jesús Montero Martínez401/2017
- Guadalupe de Jesus Peraza Kantun934/2019
- Guadalupe de la Soledad Puerto Serrano1661/2022
- Guadalupe de los Ángeles Bojorquez Leon864/2022
- Guadalupe del Pilar Montero Quintal591/2018
- Guadalupe del Rosario Canto Ale961/2022
- Guadalupe del Rosario Castillo Salazar1446/2017
- Guadalupe del Rosario Ordóñez Pacheco1221/2017
- Guadalupe del Rosario Puch Cetina1454/2019