Guadalupe de la Rosa Romero
Expediente 1154/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guadalupe de la Rosa Romero
- Verónica Camacho Parra
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, once de noviembre de dos mil veintidós. ATIENDE SOLICITUD Se agrega a los autos el oficio signado en forma electrónica por el Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con un anexo consistente en el escrito de ************ en su carácter de defensora particular de Verónica Camacho Parra, por el que interpone recurso de queja en contra del auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós; visto su contenido, se acuerda: SE DA TRÁMITE A RECURSO DE QUEJA Se tiene por presentado el escrito de ************** en su carácter de defensora particular de ************* por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, desechó la demanda de amparo promovida por *************** en su carácter de defensora particular de Verónica Camacho Parra, contra los actos que reclamó al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla, Puebla. En ese sentido, toda vez que en el caso se trata de un auto por el que se desechó la demanda de amparo, resulta innecesario requerir a las partes las constancias las constancias correspondientes para la sustanciación del recurso de mérito. Por lo anterior, remítanse al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, los autos del amparo en que se actúa, el informe con justificación respectivo al cual deberán anexarse el recurso, lo anterior, para que se continúe con la tramitación del recurso de mérito en los autos del toca 191/2022 de los del índice de dicho tribunal. Se ordena la formación del cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintidós. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto queda firme. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. CLASIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad.. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ************* en su carácter de defensora particular de ***************, dentro de la causa penal ********** de en Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1154/2022. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. CONSIDERACIONES PREVIAS Con relación al precepto previamente citado, debe precisarse que quien promueve la demanda de amparo reclama a la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, dentro de la causa penal 1085/2017: La determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós durante la audiencia intermedia dentro de la causa penal 1085/2017 en la que excluyó medios de pruebas por haberse descubierto de manera extemporánea. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO En esa tesitura, se concluye que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, es improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto del acto que el quejoso reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable por analogía la jurisprudencia siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, Dulce María Ramirez Graciano en su carácter de defensora particular de Verónica Camacho Parra, reclama a la jueza de Control la resolución dictada dentro de la causa penal 1085/2017 el veintitrés de septiembre del año en curso, durante la audiencia intermedia por la que excluyó los medios de prueba, por haberse descubierto extemporáneamente. Entonces, la problemática que permea en este asunto, es la concerniente a la admisión de pruebas y tal resolución no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación y que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal determinación y sus consecuencias únicamente producen el efecto de que se acumule el acervo probatorio en el proceso, lo cual, en sí no le genera una afectación real ni actual reclamable en este juicio, pues con independencia de que tales probanzas se desahogaran, se desconoce el alcance probatorio que tendrían y si le será desfavorable. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), con registro digital 2023906, emitida por la Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Penal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO." Por tanto, no es dable emprender el análisis de la legalidad del acto reclamado a través del amparo biinstancial; en tanto que, se insiste, la cuestión medular que subyace como consecuencia de la inadmisión de diversos medios de prueba ello no genera por sí una afectación material a alguno de los derechos sustantivos tutelados constitucional y convencionalmente en favor de la quejosa. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia del juicio de amparo, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Se tienen por proporcionados los usuarios SERHIOMX82 y dulce2013 para la consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas deducidas de la tramitación del presente sumario, lo anterior, con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, no ha lugar a tener señalado domicilio para recibir notificaciones el que se precisa de la demanda de amparo. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento del teléfono y correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto a tener por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Arturo Momox Ramirez, su petición se acuerda de manera favorable toda vez que de la consulta al sitio Internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, se localizó que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, misma que se obtiene una impresión y se agrega a los presentes autos para constancia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa de manera indistinta a través los usuarios proporcionados.
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