Guadalupe de Jesús Linares Ramos y Otros.
Expediente 971/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/12/2022
Partes del expediente
- Guadalupe de Jesús Linares Ramos y Otros.
- Guadalupe de Jesús Linares Ramos
- José del Carmen Vázquez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de once de noviembre de dos mil veintidós, que declaró sin materia la ejecución del fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 18, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de once de noviembre de dos mil veintidós, que declaró sin materia la ejecución del fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 18, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El treinta de septiembre de dos mil veintidós, se terminó de engrosar la sentencia constitucional en la que concedió la medida protectora solicitada por la parte quejosa. El Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, por oficio *** de doce de octubre del año en curso, remitió constancias que adujo se encuentran relacionadas con la observancia de la ejecutoria de amparo. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se declaró que la misma causó ejecutoria, por tal motivo, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con la documental antes precisada, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; la cual no fue desahogada tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional terminada de engrosar el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "(.) Deje insubsistente la resolución de seis de julio de dos mil veintidós en la que resolvió dejar sin materia el recurso de revocación en virtud de haberse recibido la cantidad consignada en depósitos y, en su lugar, dicte otra en la que siguiendo las consideraciones del presente fallo y, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a lo efectivamente deducido en el juicio." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, de las documentales que obran en autos se desprende que el once de octubre de dos mil veintidós, en el expediente ***, el Juez Tercero del Tamo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, recibió escrito signado por la parte actora Guadalupe de Jesús Linares Ramo -aquí quejosa- por el cual manifestó que previa entrega de la cantidad de $8,826.83 (ocho mil ochocientos veintiséis pesos 83/100 moneda nacional), de la suma últimamente consignada, a su satisfacción era conforme en dar por liquidadas las condenas que obran en autos, incluyendo las costas del juicio antes mencionado. En esa misma fecha, la autoridad responsable determinó poner a disposición de la parte actora la mencionada cantidad y tener por pagadas las prestaciones a que fue condenada su contraparte en sentencia definitiva e interlocutorias pronunciadas en el procedimiento de origen, además ordenó la devolución de los documentos, dejar sin efectos el embargo efectuado y el archivo del expediente como asunto concluido. En ese sentido, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), de título "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO", delimitó el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo indirecto, en la forma siguiente: En términos del numeral 192 de la Ley de Amparo vigente, el procedimiento de ejecución inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia constitucional en que se haya concedido el amparo, por lo que, el órgano jurisdiccional ordenara notificar la resolución a las partes. En el mismo auto debe requerir a la responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda para continuar con el trámite de inejecución. De igual forma, debe requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última cumplir con el fallo, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Posteriormente, de conformidad con el diverso artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la responsable informe al órgano judicial de amparo que ya se cumplió la ejecutoria, deberá darse vista la parte quejosa y tercero interesada para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con la finalidad de alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Transcurrido el referido plazo, el juez de distrito deberá pronunciar si la sentencia se encuentra o no cumplida, se incurrió en exceso o defecto, o bien, si existe imposibilidad para cumplirla. En caso de considerar cumplida la ejecutoria, se podrá ordenar el archivo del expediente, pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo, por exceso o defecto en su observancia, o en su caso, considera de imposible cumplimiento, ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que se siga el procedimiento previsto en el numeral 193 de la ley de la materia. Por tanto, el Juez de Distrito una vez que la responsable informe lo relativo al cumplimiento de la sentencia constitucional, puede emitir resolución conforme a lo siguiente: a) Que la sentencia de amparo está cumplida y ordene el archivo del asunto; b) Que no está cumplida; c) Que no está cumplida totalmente; d) Que no lo está correctamente, por exceso o defecto; o, e) Que existe imposibilidad para cumplir el fallo. No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa no acontece ninguna de las circunstancias anteriormente reseñadas, en virtud que si bien, la autoridad responsable se encuentra en aptitud de dejar insubsistente la resolución de seis de julio de dos mil veintidós, emitida en el expediente ***, y en su lugar dictar una nueva siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo constitucional, cierto es que, la parte actora -aquí quejosa- se ha dado por pagado de lo reclamado en primera instancia. De ahí que, no pueda alegarse la existencia de una violación de derechos fundamentales, ya que en el procedimiento de ejecución de sentencia ha desaparecido la parte agraviada en el juicio de amparo, pues al haberse logrado la satisfacción de la condena y archivarse el juicio como asunto concluido desaparecieron los derechos subjetivos respecto de los que alegó violación en el juicio de origen, y con ello tampoco se cumple con el principio de parte agraviada en el juicio de amparo estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 5 de la Ley de Amparo. En suma, la desaparición de la intención de preservar el procedimiento de origen al haberse dado por pagada de lo condenado en esa instancia, se traduce en la desaparición de la intención que se revierta su sentido, lo que implica declarar sin materia la ejecución de la sentencia constitucional, por haber desaparecido su objeto, que es precisamente restituir a la parte agraviada en el ejercicio de sus derechos subjetivos, en el expediente ***, del índice de la responsable. En esa tesitura, las actuaciones reseñadas evidencian que por voluntad de la parte aquí quejosa cambió la situación jurídica, que torna a dejar sin materia el objeto de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la tesis III.4o.T.17 K (10a.), pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del contenido siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo" Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: El cumplimiento de la ejecutoria de amparo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, ha quedado sin materia. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
Síntesis: CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, en virtud que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en su contra. De igual forma, se desprende que en auto de catorce de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó proveer con relación al oficio signado por la autoridad responsable 1. Juez Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, hasta en tanto el fallo protector quedara firme, lo que en caso ya aconteció, por ello se acuerda: Toda vez que el amparo solicitado en esta instancia se concedió para el efecto de que el Juez responsable "deje insubsistente la resolución de seis de julio de dos mil veintidós en la que resolvió dejar sin materia el recurso de revocación en virtud de haberse recibido la cantidad consignada en depósitos y, en su lugar, dicte otra en la que siguiendo las consideraciones del presente fallo y, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a lo efectivamente deducido en el juicio." Atento a ello, la responsable remitió el oficio que ahora se provee, al que adjuntó copia certificada del proveído de once de octubre de dos mil veintidós, del que se desprende que en atención a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa relativas a que, previa entrega que se le haga de la cantidad de ocho mil ochocientos veintiséis pesos 83/100 Moneda Nacional, de la suma últimamente consignada, a su satisfacción es conforme en darse por liquidada de las condenas que obran en autos, incluyendo las costas del juicio, la autoridad responsable dejó a su disposición la suma de referencia, por lo que se le tuvo por pagada de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada en el juicio de origen, sentencia definitiva e interlocutorias pronunciadas. Por lo que, procedió a ordenar la devolución del documento base de la acción a la parte demandada, así como a dejar sin efectos el embargo trabado en diligencia de dos de agosto de dos mil veintiuno y decretó el archivo del expediente mercantil como asunto concluido. VISTA DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio de folio 16732 y anexo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la legal notificación que se les practique del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable refiere haber dado a la ejecutoria emitida en autos; en el entendido que transcurrido dicho término, desahogada o no la vista otorgada, este órgano judicial emitirá la resolución correspondiente. Resulta aplicable la tesis I.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Finalmente, en atención a que en el presente sumario obra copia certificada del expediente *** (un tomo), remitido por la autoridad 1. Juez Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, al oficio que al efecto se libre, devuélvasele dicha constancia, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que en la diligencia de entrega respectiva se deberá hacer constar su devolución. Notifíquese.
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