Guadalupe de Jesús Carreón Mireles
Expediente 285/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/07/2019
Partes del expediente
- Guadalupe de Jesús Carreón Mireles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, asentada por la Actuaria Judicial adscrita, de la que se advierte que no le fue posible entregar el oficio 14577/2019, que contiene inserto el acuerdo de dieciséis de los corrientes, dirigido al Administrador de la Aduana, con sede en esta ciudad, toda vez que al constituirse en su recinto oficial, pudo percatarse que el mismo se encuentra cerrado, porque el personal que allí labora, está disfrutando de su período vacacional, y reanudarán labores el veintinueve del presente mes y año; en consecuencia, se ordena a la Fedataria Judicial de la adscripción, se constituya de nueva cuenta en dicho local en la fecha mencionada, a fin de entregar el referido comunicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que las autoridades responsables, hayan sido notificadas del citado veredicto y no se haga el cómputo respectivo, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que se le reclamó. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en cuenta que: a) Se decretó el sobreseimiento. b) La naturaleza del acto reclamado en este juicio. c) No ser asunto considerado de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario y; d) No existen documentos originales. Por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, diez de julio de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, téngase por recibido el oficio 600-61-00-00-00-2019-0820 signado por el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "4", con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual rinde su informe justificado; en consecuencia, agréguese sin mayor determinación, toda vez que el pasado veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se resolvió el presente juicio de garantías. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 285/2019-II, promovido por la parte quejosa Guadalupe de Jesús Carreón Mireles, contra actos del Administrador de la Aduana en Matamoros, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el uno de abril de dos mil diecinueve, ante este Juzgado Federal, Guadalupe de Jesús Carreón Mireles promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Administrador de la Aduana en Matamoros. Administración Desconcentrada de Recaudación Tamaulipas "2" con sede en esta ciudad. Administración Desconcentrada de Recaudación Tamaulipas "2" con sede en Reynosa, Tamaulipas. ACTOS RECLAMADOS: "La falta de resolución definitiva dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM17018399, inicidado en contra del suscrito con motivo del embargo precautorio de mercancía de comercio exterior; ya que la Aduana en Matamoros no ha cumplido con su obligación de efectuar la determinación del crédito fiscal dentro del plazo de cuatro meses. La falta de notificación de la resolución definitiva aquí reclamada, con las formalidades esenciales que la ley de la materia establece, ya que hasta el día de hoy la Administración Desconcentrada de Recaudación Tamaulipas "2" con sede en esta ciudad, jamás me notificó la resolución en materia de comercio exterior ni mucho menos la Administración Desconcentrada de Recaudación Tamaulipas "2" con sede en Reynosa, Tamaulipas ha notificado al suscrito ningún tipo de acto ni documento." (sic) Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1 y 17 constitucionales. SEGUNDO. En auto de dos de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 285/2019-II; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 11 a 13), la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe acotarse que Guadalupe de Jesús Carreón Mireles, reclama la omisión de emitir la resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera AVM17018399, y la falta de notificación de la misma. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el arábigo 1347, en la página 1511 del Tomo II, Materia Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, ilustra sobre el particular, la tesis VI/2004, del propio Pleno del Tribunal Constitucional, localizable en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. El Jefe de Departamento en suplencia por ausencia del Administrador y los Subadministradores, todos de la Aduana de Matamoros, con residencia en esta ciudad, y la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en representación del Administrador Desconcentrado de Recaudación Tamaulipas "2", con sede en Reynosa, Tamaulipas, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamaron, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tales negativas. Para robustecer sus dichos, las aludidas autoridades remitieron diversas constancias al momento de rendir sus informes justificados, de las cuales se desprende que el acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de emitir la resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera AVM17018399, y la falta de notificación de la misma, resultaba inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías; por ende, debe tenerse como inexistente el acto que se reclamó de la aludida autoridad y, en términos de lo establecido por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 433, Tomo: VI, Julio de 1997, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." También, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En efecto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se desprende que mediante el oficio 800-51-00-03-02-2018-7827 de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se emitió la sentencia definitiva dentro del aludido procedimiento, resultando un crédito fiscal a cargo del quejoso Guadalupe de Jesús Carreón Mireles; asimismo, informó como debía de llevar a cabo dicho pago y remitiendo dicha resolución a la Administración Desconcentrada de Recaudación correspondiente para la notificación, control y cobro de la misma. De igual forma, la Administradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador Desconcentrado de Recaudación Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, al rendir su informe justificado adjuntó actas circunstanciadas de fechas nueve, diez y once de octubre de dos mil dieciocho, a través de las cuales se señaló que el verificador, notificador y ejecutor de la Administración Desconcentrada de Recaudación Tamaulipas "2", con sede en esta ciudad, se presentó en diversas ocasiones en el domicilio ubicado en calle Loma Azul número 82, fraccionamiento Lomas de San Juan, código postal 87455, de esta ciudad, a fin de notificar al agraviado de la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que de conformidad en lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación se notificó por estrados, mediante cédulas de notificación de veintidós de octubre y catorce de noviembre, ambos de dos mil dieciocho. A dichas constancias, este Juzgador le otorga el carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2°, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por ende, si la resolución que se reclama fue emitida el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho y la notificación de la misma se llevo a cabo el veintidós de octubre y catorce de noviembre de dos mil dieciocho dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera AVM17018399 y la demanda de garantías que nos ocupa, fue presentada el uno de abril del año que transcurre, según el sello que se encuentra estampado en dicho proemio (foja 1), se deduce que al momento de su presentación el acto tildado de inconstitucional había concluido; por tanto, este juicio de garantías debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 36/1998, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 57/95, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible a página 5, del Tomo VII, Junio de 1998, Materias: Común y Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Consiguientemente, como ya se dijo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. No pasa desapercibido para este juzgador que la parte quejosa señaló a la Administración Desconcentrada de Recaudación Tamaulipas "2", con sede en esta ciudad, como autoridad responsable, y no rindió su informe justificado; pero, de autos se advierte que dicha autoridad dejó de existir en esta localidad y en su representación sería la Administración Desconcentrada de Recaudación Tamaulipas "2" con sede en Reynosa, Tamaulipas, la cual rindió su informe respectivo el pasado diez de mayo de este año (fojas 97 a 129), por lo que es innecesario que lo rinda de nueva cuenta. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente; se, RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio constitucional promovido por Guadalupe de Jesús Carreón Mireles, respecto del acto que reclamó de las autoridades que se precisaron en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en dicho apartado. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.
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