Guadalupe de Jesús Baas Priego

Expediente 124/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
124/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe de Jesús Baas Priego

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al que adjunta en diez fojas útiles el testimonio de la resolución dictada en el toca 185/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de diecinueve de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda; testimonio del cual se advierte que el Tribunal Colegiado en cita declaró infundado dicho recurso. Acúsese recibo. Se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia académica del Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/4385/2022 de tres de octubre de dos mil veintidós, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, mediante el cual informa que comunicó a la Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Oficina Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México, la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se agrega a estos autos el escrito de la quejosa Guadalupe de Jesús Baas Priego, con el que señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados, números telefónicos e interpone recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo y señala las constancias que propone deberán remitirse para la resolución del citado medio de impugnación. En mérito de lo anterior, con relación al domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a la autorización de Guadalupe Isabel Uc Romero, se hace de su conocimiento de la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós. Asimismo, se tienen a Jorge Joaquín Ramírez Balam y Felipe Arsenio Poot Can, como autorizados de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Se tienen por señalados los números telefónicos, mismos que únicamente se utilizarán con fines de localización, en caso de que no se puedan realizar las notificaciones por la vía ordinaria. Por otra parte, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase copia certificada de las constancias que integran este juicio de amparo 124/2022-II y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha Superioridad. Finalmente, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su escrito de mérito, en cuanto al señalamiento de las constancias que integran este expediente para la remisión a la citada Superioridad, con motivo del recurso de queja que interpuso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por presentado el escrito presentando por Ricardo Martín Villanueva Martínez y Deisy Rafaela García Tintore, en representación de su hijo menor J.R.V.G., quejosos en el presente asunto con el que informa que al menor quejoso, ya le fue aplicado la segunda dosis de la vacuna BioNTech Pfizer, por lo que solicita se sobresea el presente asunto. Dichas manifestaciones de la parte quejosa revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 199, 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia que determinan: "ARTICULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." "ARTICULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "ARTICULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Hipótesis las anteriores que se actualizan en el presente caso, dado que reviste el carácter de una confesión la realizada por la promovente del amparo, en el sentido de señalar que el menor quejoso ya fue inoculado con la segunda dosis de la vacuna; por tanto, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 al menor quejoso con iniciales J.R.V.G. Sin embargo, los citados representantes manifiestan expresamente en su escrito de cuenta, que al menor quejoso ya le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna BioNTech Pfizer; manifestación que le reviste el carácter de confesión y es posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el dos de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós. Finalmente, se ordena glosar copia certificada de la presente determinación al incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, con el fin de proveer lo que legalmente corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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