Guadalupe Dafne Anaid Valdes Ledesma

Expediente 360/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
360/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
04/08/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Dafne Anaid Valdes Ledesma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos de los que se advierte . . . se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO . . . archivese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    - V I S T O el escrito de cuenta, signado por la quejosa ... a contrario sensu dígasele que no ha lugar a devolver los documentos que refiere, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo ...

  3. Principal

    - Vista la razón de cuenta levantada por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa ... la sentencia dictada el once de julio de dos mil diecisiete que en lo conducente dice . . ."PRIMERO SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. . ." ... en esa virtud, notifíquese por medio de la LISTA ...que se publique en los estrados de este tribunal . . .sin perjuicio de que con posterioridad señale nuevo domicilio en esta ciudad. . . .

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 360/2017, promovido por GUADALUPE DAFNE ANAID VALDÉS LEDESMA, por derecho propio, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial Querétaro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, GUADALUPE DAFNE ANAID VALDÉS LEDESMA, por derecho propio, solicitó el amparo y protección contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial Querétaro, que hizo consistir según escrito aclaratorio presentado el diecisiete de marzo siguiente en: "ACTO RECLAMADO. Señalo como acto reclamado, todo lo actuado en el juicio ordinario civil sobre guarda, custodia y alimentos promovido por la C. Clara Medina Sánchez, en contra del C. José Darío Núñez Bárcenas, ante el Juzgado Séptimo Familiar, bajo el expediente 1126/2016, especialmente el auto de fecha 15 de junio de 2016, mediante el cual la Juez Séptimo Familiar decretó como domicilio de depósito de la parte actora, el inmueble de mi propiedad, ubicado en calle Santiago de la Cuesta número 47, colonia Jardines de Santiago en esta ciudad, así como todos los actos y omisiones realizados por dicha autoridad tendientes a continuar violando mi derecho de propiedad y posesión del citado inmueble, toda vez que dicha autoridad tuvo conocimiento de que las partes en el juicio NO ERAN propietarios del inmueble que se fijó como depósito y a pesar de ello continuó violando mis derechos sin haberme llamado a juicio para hacer valer mi derecho de audiencia y de defensa. Siendo que al percatarse que se estaban violando derechos de terceros, la autoridad responsable debió realizar el cambio de domicilio de depósito, solicitando a las partes que señalaran uno nuevo, y en su caso debió llamar a la suscrita a defender mis derechos, pero no fue así y dicha Juez se limitó a señalar que sus acuerdos no se decretaban sin perjuicio de terceros y que por ende dejaba a salvo mis derechos, dicha determinación además de incorrecta es una aberración jurídica, ya que como podrá hacer valer mis derechos si la suscrita NO TENÍA CONOCIMIENTO DE DICHOS ACTOS, ahora resulta que dicha autoridad puede decretar cualquier acto jurídico sin importar que sus actos vulneren derechos humanos, con previo conocimiento que se están violando y aun así no importarle". Actos que estiman violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Esta juzgadora previa prevención y desahogo a la misma, por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete (quien se abstuvo de intervenir); se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual quedó asentada al tenor del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia. Posteriormente, se ordenó emplazar a la tercera interesada Clara Medina Sánchez, por sí y en representación del menor Darío Jafet Núñez Medina (lo que se realizó el diecinueve de abril del año en curso); asimismo, se tuvo como representante especial del menor aludido al licenciado José Arturo Trejo Álvarez, quien en comparecencia de veintiuno de abril del año en curso, aceptó y protestó el cargo conferido. Seguido el juicio por sus trámites legales, se llevó a cabo la audiencia de ley respectiva el veintiuno de junio del actual, por lo que se procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este Juicio de Amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35 y 37, 107 fracción IV de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, Acuerdos 13/2013 y 30/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al atribuirse actos que producen efectos dentro de la jurisdicción de este Juzgado (Estado de Querétaro). SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la demanda de garantías y escrito aclaratorio se tiene que la parte quejosa hace consistir como acto reclamado, el auto de quince de junio de dos mil dieciséis, a través del cual, el Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar de esta ciudad, decretó como domicilio de depósito provisional de Clara Medina Sánchez y el menor Dario Jafet Núñez Medina, el ubicado en calle Santiago de la Cuesta Número 47, colonia Jardines de Santiago, en esta ciudad, que alude la quejosa es de su propiedad; por lo que estima dicho acto violatorio de garantías, al no haber sido llamada al citado procedimiento al que le resulta el carácter de tercera extraña. La precisión anterior se efectúa en concordancia con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, en los términos dispuestos en la tesis número P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente refiere: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DE ACTO. Es cierto el acto reclamado pues así lo confesó el Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial Querétaro, en su respectivo informe justificado, lo que inclusive se corrobora, con la copia certificada que anexó en apoyo a éste, consistente en las constancias que integran el juicio ordinario civil 1126/2016 que sobre custodia y alimentos, promueve Clara Medina Sánchez, en contra de Dario Jafet Núñez Medina; documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, al tratarse de actuaciones judiciales, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 226 , bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO CAUSA IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que, previamente al estudio del fondo del asunto, se examina si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, a juicio de este órgano de control constitucional, se actualiza la causa de improcedencia a que alude la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone de manera textual: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado: De lo que se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se encuentre pendiente de resolver un recurso ordinario o medio de defensa ante los tribunales ordinarios, interpuesto por el quejoso en los tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Es pertinente establecer que existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que estableció que para que pueda actualizarse la causa de improcedencia en alusión, es menester que concurran las siguientes circunstancias: a) que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Tal jurisprudencia se identifica con el número 144/2000, en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En efecto, de la lectura de la demanda de garantías, se desprende que entre otras cuestiones, la parte quejosa en el capítulo de antecedentes, narró de manera textual lo siguiente: "2. Es el caso que la suscrita habite el inmueble referido, con el C. José Darío Núñez Bárcenas, mi entonces esposo, hasta el mes de marzo del año 2015, fecha en la que me separé de dicha persona, debido a que me enteré que mi entonces esposo tenía una relación sentimental con otra mujer de nombre "Clara". 3. A principios de este año, me enteré que el inmueble de mi propiedad se encontraba viviendo la C. Clara Medina Sánchez, pareja del Señor José Darío Núñez Bárcenas, sin autorización de la suscrita como copropietaria de dicho inmueble. 4. En el mes de abril del 2016, la suscrita y el C. Darío Núñez Bárcenas, presentamos jurisdicción voluntaria, sobre divorcio voluntairo, la cual se admitió bajo el expediente 1040/2016, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar en esta ciudad, misma que radicó en fecha 04 de mayo de 2016, señalándose fecha para la junta de aveniencia respectiva. 5. A finales del mes de mayo del presente año, me constituí en el inmueble materia del juicio, abriéndome la C. Clara Medina Sánchez, a quien le informé que dicho inmueble era de mi propiedad y le requerí la entrega del mismo, a lo que dicha persona me contestó que no me la entregaría y que le hiciera como pudiera. . 9. En fecha 13 de diciembre de 2016, la suscrita promoví demanda de reinvindicación en contra de la C. Clara Medina Sánchez, persona que se encontraba habitando el inmueble de mi propiedad, sin mi autorización y quien se negaba a entregármelo, demanda que se radicó ante el C. Juez Noveno de Primera Instancia Civil en esta ciudad, bajo el expediente 1814/2016. 10. En fecha 03 de enero de 2017, se realizó el emplazamiento de la demandada, misma que contestó la demanda en auto de fecha 17 de enero del 2017, la cual se previno para que exhibiera los documentos relativos a su contestación. 11. Por auto de fecha 10 de febrero de 2017, publicado en listas el día 13 del mismo mes y año, se tuvo a la demandada exhibiendo copias certificadas del expediente 1126/2016, del Juzgado Séptimo Civil, del juicio ordinario civil sobre guarda, custodia y alimentos" (lo destacado no es de origen). Circunstancias anteriores, que incluso se corroboran con la documental que remitió el Juez Noveno de Primera Instancia Civil de esta ciudad (a petición de este órgano federal), consistente en copia autorizada de las actuaciones que derivan del juicio ordinario civil número 1814/2016, que sobre reivindicación de inmueble promovió la quejosa Guadalupe Dafne Anaid Valdés, en contra de la tercera interesada Clara Medina Sánchez; la cual reviste pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y entre las que se encuentran las siguientes actuaciones: 1) Escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual Guadalupe Danfe Anaid Valdes Ledesma, demandó en la vía ordinaria civil de Clara Medina Sánchez, entre otras, la reinvindicación del inmueble ubicado en calle Santiago de la Cuesta número 47, colonia Jardines de Santiago de esta ciudad, y la declaración de que la demandante es propietaria del mismo. 2) Proveído de trece de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se admitió a trámite la referida demanda, la que se registró con el número 1814/2016. 3) Constancia de emplazamiento de Clara Medina Sánchez, practicada el tres de enero de dos mil diecisiete. 4) Escrito presentante ante el A quo, el diecisiete de enero del año que transcurre, a través del cual la demandada Clara Medina Sánchez, produjo contestación a la incoada en su contra, en cuyo punto número siete del capítulo de hechos, refirió, que por auto el quince de junio de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de Primera de lo Familiar de esta ciudad, en el expediente 1126/2016, decretó como medida provisional el depósito de su menor hijo Dario Jafet Núñez Medina, en el inmueble ubicado en calle Santiago de la Cuesta número 47, colonia Jardines de Querétaro, en esta ciudad, siendo el caso que desde el treinta de junio de esa anualidad fue recibido el citado inmueble; lo que a su vez acreditó, con la copia autorizada que exhibió ante dicha autoridad, el veinticinco de enero siguiente, de las actuaciones que conformen el citado procedimiento. Lo anterior pone de manifiesto, que la aquí quejosa Guadalupe Dafne Anaid Valdés, con antelación a la presente acción constitucional, promovió ante el Juez Noveno de Primera Instancia Civil de esta ciudad, el juicio ordinario civil número 1814/2016, como se acredita con la copia certificada remitida por el titular del citado órgano judicial, mediante oficio 1569/2017, recibido el seis de julio del actual. Medio ordinario de defensa que a la fecha en que se emite la presente resolución, se encuentra sub júdice, por tal motivo la impetrante del amparo habrá de esperar al dictado de la resolución que emita la autoridad jurisdiccional aludida, previamente a acudir al juicio de amparo, ya que a través de aquél pretende se le restituya la posesión y disfrute del inmueble ubicado en calle Santiago de la Cuesta Número 47, colonia Jardines de Santiago, en esta ciudad (que alude es de su propiedad), esto es, con la resolución emitida por la autoridad responsable puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto aquí reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/133, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, visible en la página 632, la cual es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente". En esa tesitura, si la parte quejosa promovió el medio ordinario de defensa (juicio ordinario civil), a través del cual pretende la reinvindicación del inmueble ubicado en calle Santiago de la Cuesta Número 47, colonia Jardines de Santiago, en esta ciudad, mismo que a la fecha se encuentra pendiente de resolver, y en el que la parte peticionaria del amparo, puede obtener la modificación, revocación o nulificación de la medida provisional que decretó como domicilio de depósito del menor el ubicado en el referido inmueble, ello impide a este órgano federal pronunciarse respecto del mismo, operando así la causa de improcedencia a que alude la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, precisamente por haber tramitado la inconforme ante los tribunales ordinarios, el medio de defensa aludido que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la medida provisional que por esta vía se combate. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica de razón, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2ª./J.188/2012, visible en la página 1586, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, que a la letra dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio. No impide concluir de esa manera, el hecho de que el Juez Noveno de Primera Instancia Civil de esta ciudad, hubiere remitido a este órgano federal, copia autorizada de las actuaciones que obran en el juicio ordinario civil número 1814/2016, que sobre reivindicación de inmueble promovió Guadalupe Dafne Anaid Valdes Ledesma, en contra de Clara Medina Sánchez, con posterioridad al veintiuno de junio de la anualidad que transcurre, en que se levantó la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que tal circunstancia no impide a la suscrita las tome en cuenta, dado que implican una causa de sobreseimiento en el juicio en que se actúa. Orienta a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Materia Común, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dispone lo siguiente: "PRUEBAS EXTEMPORÁNEAS, DEBEN TOMARSE EN CUENTA SI ES QUE ACREDITAN LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Aunque el artículo 155 de la Ley de Amparo ordena que abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden las pruebas y alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público y que a continuación se dictará el fallo que corresponda, la infracción que pudiera producirse a tal precepto, por tomarse en cuenta en la resolución definitiva un documento recibido fuera de tiempo, no puede considerarse violatoria de garantías si es que él o los documentos que se le presenten concluido el período probatorio correspondiente, sirvieran para poner en conocimiento una causa de improcedencia, dado que en esta hipótesis es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74 fracción III de la invocada Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 del pacto federal, que establece que aquél procede cuando durante el juicio apareciera o sobreviniese alguna causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público". Así como el diverso, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis II.1º.P.33 K, visible en la página 664, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público". Consecuente a lo expuesto, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa. Así, dado el sentido de la resolución que se revisa, no causa perjuicio a la quejosa el hecho de que no se aborde el estudio del fondo del asunto, en virtud de que el sobreseimiento decretado pone fin al juicio, lo cual impide su análisis, acorde al criterio contenido en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se localiza en la página 708, Tomo VI, Materia Común, que comprende los años de 1917 a 1995, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Finalmente cabe precisar que en el caso, resulta innecesario dar vista a la quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en virtud de que acorde al artículo 64 de la Ley de Amparo, ello únicamente procede a los órganos encargados de resolver los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia; acorde al criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Jurisprudencia I.11º.C.J/2 (10ª), del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Sin que el sentido de la presente resolución, vulnere en perjuicio de la impetrante, el principio pro persona o pro homine que dispone el artículo 1º de la Constitución General de la República, que consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, en virtud de que ello no significa que el órgano jurisdiccional deba admitir todas las demanda de amparo aunque resulten improcedentes, ya que el derecho de instar el juicio constitucional es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica al gobernado. Orienta a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la tesis aislada XI. 1º. A. T.3 K (10ª), visible en la página 1494, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Materia Constitucional, Décima Época, que a la letra dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Y por las razones que lo informan el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis asilada 1ª.LXXXIV/2013, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Tampoco el sobreseimiento decretado en el juicio en que se actúa, cancela y deja sin efecto el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el hecho de que se resuelva en tal sentido, no implica denegar acceso a la justicia ni genera violación a los derechos constitucionales y procesales establecidos a su favor, pues, el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, debe ser interpretado como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, accedan de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que dentro de un proceso, donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, esto es, la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, pues, el trámite de los mismos debe ser acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, y si en el caso concreto, el legislador previó dentro del juicio de amparo las causas de improcedencia y de sobreseimiento, al fundarse el juzgador o tribunal de amparo en una de ellas para desechar o sobreseer en el juicio, imparte justicia, dado que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, porque de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, decidiendo así el derecho y permitiendo que impere y se conserve el orden jurídico. QUINTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE (SISE). Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73 a 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías, promovido por GUADALUPE DAFNE ANAID VALDÉS LEDesma, respecto del acto que atribuye al Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial Querétaro, que quedó precisado en el considerando segundo de esta resolución y en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. A S Í lo resuelve y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, hasta el día de hoy, once de julio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante la licenciada Gloria Patricia Uehara Guerrero, secretaria que autoriza. Doy fe.

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