Guadalupe Cruz Izquierdo

Expediente 2126/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2126/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Cruz Izquierdo

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA 10.R E S U E L V E: PRIMERO: Se niega a Guadalupe Cruz Izquierdo, por su propio derecho y en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco y por Irma Magdalena Álvarez Gaviño, por su propio derecho y en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, la suspensión definitiva que solicitaron, por las autoridades señaladas en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO: Se difiere la audiencia incidental señalada para el día de la fecha, por lo que hace a la autoridad responsable señalada en el considerando tercero y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma.

  2. Incidental

    MESA 10. VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136, 138, 139, 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión promovido por Guadalupe Cruz Izquierdo, por su propio derecho y en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco y por Irma Magdalena Álvarez Gaviño, por su propio derecho y en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tabasco y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16, 17, 27, 103, 107 y 133 constitucionales. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO Y APERCIBIMIENTO De conformidad con los artículos 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables sus informes previos, mismos que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de su notificación, debiendo expresar si son o no ciertos los actos reclamados, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibiéndolas de que en caso que omitan rendir su informe, se les presumirá cierto el acto y se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, así como la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo VI, septiembre de 1997, página 695, bajo el rubro: "INFORME PREVIO, MULTA POR NO RENDIRLO O ENVIARLO EXTEMPORÁNEAMENTE". FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINIUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente expediente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, las impetrantes de amparo señalan como actos reclamados: "[.] La ilegal multa que pretenden ejecutar las autoridades responsables y ejecutoras en nuestra contra, ya acudió una persona del sexo masculino quien dijo ser funcionario de la receptoría de rentas, a nuestro domicilio particular, quien dijo que aplicaría y cumpliría un apercibimiento decretado dentro del expediente 627/2012-S-3, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, pero como no estávamos en nuestros domicilios, esta persona dijo que regresaría, es por ello que tenemos el temor fundado que se pueda ejecutar dicho acto, sin que hayamos sido notificadas para un procedimiento coactivo de ejecución, violando mi derecho de audiencia, para poder defendernos y ofrecer nuestra pruebas. [.]" (sic). CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Con fundamento en los artículos 125, 130 y 135 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se haga efectivo el cobro de la multa impuesta a la parte quejosa, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando a esta data no se haya ejecutado dicho acto, empero, para que surta efectos la medida cautelar que se concede la parte promovente, deberá garantizar el interés fiscal de que se trata, ante la autoridad exactora, o bien, deberá acreditar haberlo hecho ante aquélla, a efectos de resguardar los derechos de las partes en el procedimiento natural, lo que deberá acreditar ante este órgano de control constitucional dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, atento a lo dispuesto por los artículos antes invocados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 148/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva". EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto y, para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Higinio García Jiménez, y al resto de las personas que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

  3. Principal

    MESA 10.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Guadalupe Cruz Izquierdo, por propio derecho y en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, personalidad que acredita en términos de la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal y regidurías de cinco de julio de dos mil dieciocho, y por Irma Magdalena Álvarez Gaviño, por propio derecho y en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Centla, personalidad que acredita en términos de la copia certificada del nombramiento de cinco de octubre de dos mil dieciocho, las cuales se les reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicitan el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16, 17, 27, 103, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 2126/2019-10. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrán remitirlo al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir los informes justificados en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitan el que les conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN Asimismo, con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como representante común de los quejosos a Guadalupe Cruz Izquierdo, sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, se reserva ordenar el emplazamiento de las personas a las que les pudiera revestir el carácter de terceros interesados en el presente juicio, hasta en tanto las autoridades rindan sus respectivos informes justificados. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado a Higinio García Jiménez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y al resto de las personas que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. Tramítese incidente de suspensión por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

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