Guadalupe Cristobal de la Mora Flores

Expediente 275/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
275/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Cristobal de la Mora Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    La suscrita María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del once al veinticuatro de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de junio actual. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el seis de junio de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES DESTRUIBLE, dado que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con diez minutos del seis de junio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 275/2019. El licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito del Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes a esta audiencia. Acto seguido, el secretario realiza una lectura íntegra al escrito relativo a la demanda de amparo, y en esa guisa, procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos, al respecto, da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Gobernador del Estado de Zacatecas, por conducto de su Coordinador General Jurídico, Congreso del Estado de Zacatecas, y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (fojas 21 a 33, 39 a 59 y 77 a 120), además se da cuenta con las constancias agregadas a fojas 34 a 35, 75 y 121, aportadas por las últimas dos responsables antes señaladas, como anexos a sus informes con justificación, y en la secuela procesal, respectivamente. A continuación, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables; asimismo, y con las constancias relacionadas por el secretario, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa (fojas 10 a 11); así como con las constancias reseñadas por el secretario, documentales que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo; sin más pruebas, que relacionar se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado formuló alegatos (fojas 123 a 132), asimismo las diversas partes no formularon alegatos, por lo que, se tienen por recibidas las manifestaciones de mérito, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y sin más alegatos que relacionar se cierra dicho periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 275/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Guadalupe Cristóbal de la Mora Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente ya precisado, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que tuvo inicio en términos de lo asentado en párrafos previos, y que concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Congreso del Estado de Zacatecas y del Gobernador Constitucional de esta entidad, respectivamente, la expedición, y promulgación de: Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura. El decreto número 273, en la parte que reformó el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho, que establece el derecho por el servicio de control vehicular. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas: La aplicación de los artículos 78 a 82, y del decreto número 273, en lo ateniente al artículo 99, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que contemplan de manera respectiva, el impuesto adicional para la infraestructura y el derecho de control vehicular, materializada en el recibo de pago con número de serie/folio 594.3535.2019 2998 de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Realizada la precisión anterior, se procede a determinar sobre la existencia o no de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, consistente en el cobro por control vehicular reclamado, con base en el numeral 99 de la Ley de Hacienda previsto en el decreto número 273, publicado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, y que entró en vigor el uno de enero de dos mil dieciocho, cuya redacción se establecía en los términos siguientes: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda. $2,350.00 CONCEPTO IMPORTE a) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) b) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) c) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) d) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) e) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) f) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) I. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) II. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) III. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado. Al respecto, se precisa que el precepto 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que le fue aplicado a la parte quejosa, en atención al recibo de pago con número de serie/folio 594.3535.2019 2998 de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, exhibido como prueba por la parte quejosa (foja 10) y que no fue reclamado, fue aquel reformado mediante decreto 113 publicado en el Periódico Oficial del estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el cual entró en vigor el uno de enero del año en curso. En ese sentido, se advierte que el numeral 99 de la Ley de Hacienda vigente y que fue aplicado a la parte quejosa establece: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular para expedición de tarjeta de circulación, hologramas y engomados de identificación de vehículos con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda. $2,350.00 CONCEPTO IMPORTE a) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) b) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) c) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) d) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) e) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) f) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) I. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) II. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) III. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado." De ahí que, atendiendo a lo antes asentado es inconcuso no le fue aplicado a la parte quejosa el artículo reclamado del decreto 273, y si bien, se advierte que a la parte amparista se le cobró una cantidad menor a aquella prevista en el precepto 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas reformado mediante decreto 113, ello derivó de que le fue aplicado un apoyo y estímulo, aprobado en el Decreto de Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas de 2019, mismo que constituye un hecho notorio para el suscrito, al ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Atendiendo a ello, procede sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto atribuido al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, consistente en la aplicación del numeral 99 de la Ley de Hacienda previsto en el decreto número 273, publicado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, y que entró en vigor el uno de enero de dos mil dieciocho, al no acreditarse su existencia. Dicho sobreseimiento se hace extensivo en relación a los actos reclamados al Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del estado de Zacatecas consistentes en la expedición y promulgación del decreto número 273, en la parte que reformó el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, toda vez que su análisis no puede desvincularse, pues el acto de aplicación del artículo en cita es precisamente lo que le da la oportunidad a la parte quejosa para combatir la ley en comento de forma heteroaplicativa. Sirve de apoyo a lo antes precisado la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se ha hecho referencia previamente, con registro 232028, que a continuación se transcribe: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Legislatura del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la expedición de los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura (fojas 77 a 120 del juicio de amparo). Por otra parte, el Gobernador del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la promulgación de los artículos reclamados en cita (fojas 39 a 59 del juicio de amparo). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 65/2000, con registro 191452, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, con registro 209107, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó el cobro del impuesto adicional para la infraestructura (fojas 21 a 33). Lo anterior se corrobora con el recibo de pago con número de serie/folio 594.3535.2019 2998 de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo (foja 10), expedido por la Secretaría de referencia; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados establecidos en este considerando. QUINTO. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente. La Legislatura y el Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues, aducen sustancialmente que los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto adicional para la infraestructura, iniciaron su vigencia el uno de enero de dos mil diecisiete, sin que fueran modificados con motivo de la expedición del artículo 99 del citado ordenamiento legal; aducen las responsables que del comprobante de pago exhibido por la parte quejosa, se advierte que éste pagó el impuesto adicional relativo al ejercicio dos mil diecinueve, por lo que puede colegirse válidamente que la solicitante del amparo pagó el impuesto aludido en los ejercicios fiscales previos, de lo que se advierte que la aquí parte disidente no impugna el primer acto de aplicación de los citados artículos, de ahí que se concluya que la demanda se presentó fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por ende, consintió tácitamente los actos que hoy reclama. A su vez, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su informe justificado, y en específico a fojas 31 a 32, señala que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, respecto del impuesto adicional para la Infraestructura, porque la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de la contribución reclamada en ejercicios fiscales anteriores al año dos mil diecinueve. Al respecto adjuntó a su informe con justificación el ticket con número de folio X 434049 (foja 34), así como el comprobante fiscal digital con número de folio X-470789 (foja 35), correspondientes al pago de contribuciones de los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, efectuados en veinte de junio de dos mil dieciocho, por la parte peticionaria del amparo. Lo anterior resulta fundado por las siguientes consideraciones: Con el ánimo de exponer la conclusión alcanzada, es menester tener presente que los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Asimismo, cabe puntualizar que de conformidad con la técnica del juicio de amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo, como la que ahora nos ocupa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de su aplicación, ya que, en principio el juzgador está compelido a examinar si el juicio constitucional resulta procedente contra el acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio de la parte quejosa, y si en relación con él no se justifica una diversa causa de improcedencia; de no ser así procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; empero, de resultar procedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad de la disposición impugnada y resolverse lo conducente y, sólo en el caso de que se determine negar la protección de la Justicia de la Unión, procede abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto de aplicación; por ende, por regla general, no es factible analizar cuestiones de legalidad antes de la constitucionalidad de la norma reclamada. Al caso, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, registro 191311, cuyo contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En relación al comprobante fiscal digital con número de folio X-470789 adjuntado como prueba por la autoridad responsable mencionada, se le otorga valor probatorio en términos de lo establecido por el numeral 29-A del Código Fiscal de la Federación, en correlación con el precepto 210-A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual debe atenderse preponderadamente a la fiabilidad del método en que haya sido generado y si el contenido de la información es atribuible a las personas obligadas. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de 2ª./J. 24/2008, con registro 170349, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Así, de dicho comprobante digital se advierten diversas características que aportan elementos eficaces de convicción, tales como la cadena de caracteres denominados sello digital y cadena original de certificación digital, ambos validados por el Sistema de Administración Tributaria, así como el registro federal de contribuyentes de la parte quejosa, la fecha y hora de pago, la forma de pago, el periodo, el impuesto y la cantidad que se pagó, llegando a la conclusión de que el mismo es idóneo para determinar que la parte quejosa en veinte de junio de dos mil dieciocho, pagó el impuesto adicional para la infraestructura respecto de los ejercicios fiscales de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Lo cual se adminicula estrechamente con la copia certificada del ticket con número de folio X 434049, que adjuntó la responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, como anexo a su informe de derecho (foja 34), de cuyo contenido se advierte la firma de recibido del funcionario que en representación de la autoridad exactora recabó el pago de los tributos consignados en dicho documento, así como el sello de pagado por parte de la oficina recaudadora, y en el que se establecieron idénticos datos relativos a la fecha, número de recibo y cantidades erogadas en veinte de junio de dos mil dieciocho por el contribuyente, ahora parte quejosa, respecto del impuesto adicional a la infraestructura correspondiente a los ejercicios fiscales de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho; generando así, identidad y relación entre ambos documentos. Al respecto, de los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación que se desprenden, tanto del comprobante fiscal digital con número de folio X-470789, como del ticket con número de folio X 434049, se colige que el veinte de junio de dos mil dieciocho la parte quejosa erogó por primera vez lo relativo al impuesto adicional para la infraestructura, por tanto, si desde el citado momento se aplicó a su esfera jurídica lo atinente a los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es indudable que este juicio constitucional no se promovió con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior. Esto es así, pues los numerales 78 a 82 de la ley hacendaria referida no sufrieron modificación alguna a través de los decretos 273 de dos mil diecisiete y 113 de dos mil dieciocho, por virtud de los cuales únicamente fue reformado el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, quedando dichos numerales intocados desde su expedición a través del diverso Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.183 A con registro 186038, emitida por el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 1351, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno." Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en relación al comprobante fiscal digital con número de folio X-470789, se haya establecido como fecha de emisión la de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, pues esto no conlleva a sostener que esta haya sido la data en la que se enteraron las contribuciones a que se hace referencia en los documentos en estudio, pues del contenido del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha de expedición de las facturas, se advierte que si bien los contribuyentes están obligados a emitir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, mediante documentos digitales, esto se encuentra supeditado a que las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones soliciten el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. De ahí que hasta en tanto se solicite el respectivo comprobante fiscal, el contribuyente obligado deberá expedir la factura; lo cual conlleva a aseverar que el incumplimiento de la obligación de solicitar el comprobante fiscal digital por internet al momento de haberse realizado el pago del tributo de que se habla, no hace ineficaz la factura electrónica expedida con posterioridad al pago del impuesto que se realizó, al tratarse de aspectos no atribuibles a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, sino a la aquí parte quejosa, amén que tampoco se encuentra prevista como consecuencia legal la ineficacia de las facturas electrónicas, ante la omisión de un tercero de solicitarla al momento de recibir el servicio o de adquirir un bien. Aunado a lo anterior, es de destacarse que la parte quejosa en ningún momento ha tildado de falso el pago del impuesto para la infraestructura de los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, que la responsable Secretaria de Finanzas en esta entidad, argumenta que aconteció en veinte de junio de dos mil dieciocho, y que acredita con base en el ticket con número de folio X 434049, así como con el comprobante fiscal digital con número de folio X-470789, pues del informe justificado y anexos en comento se le dio vista a las partes por acuerdo de nueve de abril de esta anualidad, y además los mismos se relacionaron de nueva cuenta en la audiencia constitucional, sin que el quejoso hubiera manifestado algo al respecto. En ese contexto, en relación al acto de aplicación relativo al pago del impuesto adicional para la Infraestructura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio respecto del acto de aplicación del pago del impuesto en estudio, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, en relación de los dispositivos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pues no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que éste acto es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no por sí sola la ley considerada en abstracto. Por último, éste órgano jurisdiccional debe precisar que para que opere la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, tratándose de que cuando un ulterior acto de aplicación se sustente en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es menester que la norma legal aplicada en perjuicio del gobernado sea precisamente la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea, a través de jurisprudencia específica o temática. En ese sentido, de la contradicción de tesis 25/2006-PL resuelta por el Pleno del más alto tribunal de nuestro país, estipuló que la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contraria a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revele un nivel de abstracción de tal índole, que evidencie el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Ahora bien, si bien es cierto que éste órgano de amparo tiene conocimiento de la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 126/2013 (10a) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004487, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", la misma no puede considerarse como un criterio genérico aplicable a cualquier texto legal del sistema jurídico mexicano, esto es, una tesis de jurisprudencia denominada "temática", pues la misma no establece que todo aquel impuesto que grave en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica viole el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal; sino más bien, se trata de una jurisprudencia especifica que versa sobre un texto legal determinado que precisa su sentido en relación con la propia Constitución Federal, con el objeto de puntualizar la conducta jurídica prohibida. Además, en la contradicción de tesis aludida, se establece la necesidad de que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare que el vicio legislativo alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, pues es a la propia Corte a quien le corresponde definir criterios de tal naturaleza, los cuales implican un análisis genérico de los supuestos normativos que por ningún motivo o razón podrían encontrar cobijo en un sistema constitucional que a todas luces los repele. Por tanto, no es procedente suplir la queja deficiente tratándose del ulterior acto de aplicación, en términos de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007, con registro 170582, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Cristóbal de la Mora Flores, por propio derecho, contra los actos y autoridades, que fueron precisadas en los considerandos tercero y último, acorde a los motivos y fundamentos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con una promoción registrada con el folio 5541. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos la promoción de cuenta, signada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulados los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Por otra parte, de autos se desprende que mediante proveído de veinticinco de abril del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Sexagésima Tercera Legislatura del estado, con sede en esta ciudad (por conducto del director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos); y que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado de mérito, SE DIFIERE la referida audiencia, y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia.

  4. Principal

    El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 5392. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Sexagésima Tercera Legislatura del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por conducto del director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el momento procesal oportuno. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley reglamentaria en consulta, téngase como prueba el formato DVD que adjunta a su comunicado, misma que se tiene admitida, ofrecida y desahogada dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarla en la etapa procesal que corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

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