Guadalupe Costantito Hernández
Expediente 353/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guadalupe Costantito Hernández
Actuaciones
- Principal
archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 353/2021. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Guadalupe Constantino Hernández, contra actos de Jesús Alberto Vázquez Castillo, agente comercial responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Orizaba, Veracruz, se aprecia que reclama, en esencia, el requerimiento de pago de diecinueve de abril del año en curso con número de ajuste a la facturación 520/2021 número de orden J1302971170 SON J1302971835, por la cantidad de trescientos cuarenta y cinco mil trescientos tres pesos, 71/100 moneda nacional, así como el aviso de revisión al sistema de medición y a la instalación eléctrica mediante folio DJ-37691/20 de dieciséis de abril del año que transcurre, sin nombre del suscriptor así como la orden de corte de suministro eléctrico en su casa habitación. Acto reclamado respecto del cual el suscrito estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Atento a lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el caso, procede desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de estimarse que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: De la exégesis de los numerales transcritos se desprende que el legislador ordinario determinó a qué entes debe considerarse como autoridades para efectos del juicio de amparo, para lo cual distinguió, en primer lugar, que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De igual manera, determinó que los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. A propósito de lo anterior, conviene acotar que a lo largo de los años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado un concepto de autoridad responsable para efectos del amparo, a partir de señalar que se trata de un órgano del Estado, sin destacar la cuestión relativa al uso de la fuerza pública como distintiva de la misma y ha insistido, como características de su actuar, la unilateralidad, las facultades de decisión y ejecución y, sobre todo el hecho de que incidan en la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, se apartó de la tesis en la que inicialmente se señaló el imperio de la fuerza pública como elemento para determinar si se estaba en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual se hizo con el propósito de incluir a quienes sin tener sustento en la ley para usar de la fuerza pública, podían realizar actos que afectaran al gobernado en sus derechos. En otras palabras, lo que se sostuvo no fue que para ser autoridad para los efectos del amparo resultaba esencial contar con la fuerza pública o con el imperio, sino que quien contara, incluso por vías de hecho, con esa fuerza pública o imperio, debía considerarse como autoridad. En este orden, en la Novena Época, el Pleno de la Suprema Corte determinó ya no considerar como requisito del acto de autoridad "el uso de la fuerza pública" y, en consecuencia, aceptó la posibilidad de que los organismos descentralizados, en ocasiones, pueden emitir actos autoritarios susceptibles de impugnarse en amparo. En la inteligencia de que, por su propia naturaleza, ese tipo de órganos emiten, además, otros actos que no resultan impugnables en juicio constitucional. De lo antes dicho se desprende que el alto tribunal del país estima que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Entonces, el juicio constitucional tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, en los términos enunciados y que vulneren los derechos fundamentales del gobernado. En el caso concreto, el quejoso reclama el requerimiento de pago de diecinueve de abril del año en curso con número de ajuste a la facturación 520/2021 número de orden J1302971170 SON J1302971835, por la cantidad de trescientos cuarenta y cinco mil trescientos tres pesos, 71/100 moneda nacional, así como el aviso de revisión al sistema de medición y a la instalación eléctrica mediante folio DJ-37691/20 de dieciséis de abril del año que transcurre, sin nombre del suscriptor así como la orden de corte de suministro eléctrico en su casa habitación, por lo que es incuestionable que la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, respecto al acto que se le imputa, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que obra únicamente como proveedor y los ciudadanos como usuarios, bajo relaciones de coordinación en el contrato de adhesión de prestación de servicio de energía eléctrica (no de supra a subordinación), actuando la primera como persona moral oficial en un acuerdo de voluntades; es decir, en este caso no figura como Estado con investidura de poder sino como un particular prestador del servicio. Por ello, se afirma que la relación que existe entre el órgano descentralizado y el quejoso (particulares usuarios del servicio) es de coordinación no de supra a subordinación por lo que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad, en el presente caso, no corresponden a lo que supone el derecho consagrado por el artículo 14 constitucional, porque no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino, se insiste, de coordinación entre el interés del prestador del servicio y un particular. En las relatadas condiciones, es incuestionable que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. En virtud de que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, realícensele aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, sin perjuicio que con posterioridad señale uno nuevo para tal efecto.
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