Guadalupe Corzo León
Expediente 454/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guadalupe Corzo León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés.********************En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por******************** HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General.********************Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 454/2023 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional el veintinueve siguiente, Guadalupe Corzo León, promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las Trabajadores (INFONAVIT) con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 2 a 5). SEGUNDO. Admisión. Mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se acordó admitir a trámite la demanda; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a la autoridad responsable; sin tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado (fojas 58 a 62). TERCERO. Trámite. Por auto de seis de julio de dos mil veintitrés, con fundamento en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de la fundamentación y motivación contenida en el informe justificado de la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con sede en Veracruz, Veracruz, apercibido que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se continuará el presente asunto únicamente con respecto del acto que planteó inicialmente en su escrito de demanda, en términos de los conceptos de violación que al efecto haya vertido (fojas 21 a 22). El siete de agosto de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento dictado en auto de seis de julio del año en curso, por lo que se ordenó continuar el presente asunto en los términos planteados desde su inicio (fojas 26). CUARTO. Audiencia Constitucional. Finalmente, agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, quien hizo valer causal de improcedencia, la audiencia constitucional tuvo verificativo el catorce de agosto de dos mil veintitrés (fojas 28 a 29). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, por razón de la vía, en virtud de que se trata de un acto omisivo de una autoridad administrativa, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado como lo es su derecho de petición, contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por la materia, ya que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Así también, por territorio, en virtud de que se trata de un acto omisivo que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con anexos y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La falta de respuesta al escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, con número de caso 513357650, por medio del cual solicitó la devolución de pagos en exceso con biométricos de vivienda en el carácter de beneficiario pensionado bajo el régimen 73 de la Ley del Seguro Social. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las Trabajadores (INFONAVIT) con sede en Veracruz, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Por otra parte, debe señalarse que, a la data de presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, no se había dado respuesta al escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, con número de caso 513357650, por medio del cual solicitó la devolución de pagos en exceso con biométricos de vivienda en el carácter de beneficiario pensionado bajo el régimen 73 de la Ley del Seguro Social, lo que ocurrió el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, de ahí que se advierta la existencia de la omisión reclamada. Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierte el oficio DX/CV/523/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, signado por el Responsable del Centro de Servicios INFONAVIT (CESI) de la Delegación Regional del INFONAVIT en Veracruz, Veracruz. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias -de hecho o de derecho- que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y por identidad de razón, de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." A juicio de quien resuelve, el presente juicio de amparo por lo que respecta a la falta de respuesta al escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, con número de caso 513357650, por medio del cual solicitó la devolución de pagos en exceso con biométricos de vivienda en el carácter de beneficiario pensionado bajo el régimen 73 de la Ley del Seguro Social, resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Del artículo trascrito se advierte, que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." ANTECEDENTES En virtud de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente juicio, lo que se hace en la relación siguiente. 1. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa Guadalupe Corzo León presentó escrito ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las Trabajadores (INFONAVIT) con sede en Veracruz, Veracruz por medio del cual solicitó la devolución de pagos en exceso con biométricos de vivienda en el carácter de beneficiario pensionado bajo el régimen 73 de la Ley del Seguro Social (fojas 6). 2. Ante la falta de respuesta de la autoridad responsable señalada en el párrafo anterior, la aquí quejosa promovió amparo el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. 3. Oficio DX/CV/523/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, signado por el Responsable del Centro de Servicios INFONAVIT (CESI) de la Delegación Regional del INFONAVIT en Veracruz, Veracruz, por el cual se dio respuesta a la petición planteada por la aquí quejosa. Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de la causal de improcedencia mencionada en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión existente al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (veintiséis de mayo de dos mil veintitrés) ha quedado sin efectos, toda vez que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las Trabajadores (INFONAVIT) con sede en Veracruz, Veracruz, dio respuesta a la petición planteada por la parte quejosa, relativa a su escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, con número de caso 513357650, por medio del cual solicitó la devolución de pagos en exceso con biométricos de vivienda en el carácter de beneficiario pensionado bajo el régimen 73 de la Ley del Seguro Social, lo anterior, mediante el oficio DX/CV/523/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, signado por el Responsable del Centro de Servicios INFONAVIT (CESI) de la Delegación Regional del INFONAVIT en Veracruz, Veracruz. Por tanto, la omisión reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues la autoridad responsable, en congruencia con lo peticionado, informó a la parte quejosa, que para el efecto de continuar con el proceso de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, era necesario que realice una cita ante el INFONATEL 800 00 839 00, para realizar la debida cita y continuar con el trámite, con la documentación señalada en el oficio DX/CV/523/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés. De ahí que, basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con el acto reclamado, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto se resalta que, mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, se le hizo del conocimiento a la parte quejosa, la prueba documental ofrecida por la autoridad responsable relativa al oficio DX/CV/523/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, signado por el Responsable del Centro de Servicios INFONAVIT (CESI) de la Delegación Regional del INFONAVIT en Veracruz, Veracruz (fojas 17) emitido por la autoridad responsable a través del cual dio respuesta su petición, a efecto de que manifestara lo que a su derecho representara, lo que no aconteció, lo cual significa que, los efectos de la falta de contestación y conocimiento de ella desaparecieron; de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia por contradicción, 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Página 605, con número de registro 168189 del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." CONCLUSIÓN Señalado lo anterior, al resultar indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo respecto a la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, con número de caso 513357650, por medio del cual solicitó la devolución de pagos en exceso con biométricos de vivienda en el carácter de beneficiario pensionado bajo el régimen 73 de la Ley del Seguro Social, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En el entendido de que el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo. Ello de conformidad con el numeral 65 de la ley de la materia. QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Corzo León, en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución.Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, se desprende que feneció el término de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo únicamente con respecto del acto que planteó inicialmente en su escrito de demanda, en términos de los conceptos de violación que al efecto haya vertido. Sin que lo hubiera hecho; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento dictado en auto de seis de julio del año en curso, por lo que se continúa el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por Jesús Augusto López Amador; autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista dada respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable Apoderado Legal del 1. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y haciendo manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de éstos, en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que el veintidós de junio del año en curso, se tuvo al Apoderado Legal del 1. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con sede en Veracruz, Veracruz, rindiendo su informe justificado de cuyo contenido se colige que refiere al motivo por el cual no se concluyó el proceso administrativo relacionado con la solicitud efectuada por la quejosa el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, sobre de devolución de pagos en exceso con biométricos de vivienda con el carácter de beneficiaria pensionada bajo el régimen 73 de la Ley del Seguro Social, a favor de César Edgardo Malpica López, lo cual se encuentra estrechamente vinculado con la omisión inicialmente reclamada. En consecuencia, al reclamarse actos materialmente administrativos, con fundamento en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa por conducto de cualesquiera de las personas que fungen como actuarios adscritos a este Juzgado, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto de la fundamentación y motivación contenida en el informe justificado de la autoridad responsable 1. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con sede en Veracruz, Veracruz. En el entendido que el escrito de ampliación deberá satisfacer todos los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibido que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se continuará el presente asunto únicamente con respecto del acto que planteó inicialmente en su escrito de demanda, en términos de los conceptos de violación que al efecto haya vertido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se detalla: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN VERBAL. AL SER EL ACTO RECLAMADO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO COMPLEMENTA SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, DEBE CONSIDERARSE QUE EMITE UNO NUEVO, POR LO QUE DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE ESTÉ EN POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU DEMANDA. De los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo se advierte que en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad responsable deberá complementar esos aspectos. Ahora bien, en el caso de que el acto reclamado sea una orden verbal, al ser inconstitucional en sí misma, debe considerarse que cuando la autoridad responsable rinde su informe en el sentido indicado, emite un nuevo acto, porque no puede convalidarse uno de dicha naturaleza. En ese sentido, aunque la Ley de Amparo no lo prevea, el Juez de Distrito debe notificar personalmente al quejoso el informe justificado en términos del último párrafo del artículo 117 citado a fin de que se encuentre en aptitud de ampliar su demanda. De no hacerlo, se violarían las formalidades esenciales del procedimiento que trascienden al resultado del fallo y obligan a reponerlo para subsanar la omisión. En atención a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el siete de julio del año en curso; en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que este juzgador determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Guadalupe Arroyo Llinas331/2023
- Guadalupe Arroyo Llinas962/2022
- Guadalupe Berdón Gorel353/2014
- Guadalupe Carolina Arenas Rodés359/2015
- Guadalupe Casas Mora132/2015
- Guadalupe Corzo León261/2020
- Guadalupe Cruz Vázquez599/2019
- Guadalupe de Tila González Hernández487/2015
- Guadalupe del Carmen Bustamante Martínez18/2019
- Guadalupe del Carmen Salazar García12/2016
- Guadalupe Flores Murillo558/2015
- Guadalupe Gómez Castro1031/2013